A un paso de ser ley proyecto que da continuidad a cinco tribunales laborales del antiguo sistema

Sin debate y en forma unánime la Sala del Senado aprobó el proyecto, en segundo trámite, que fija un nuevo plazo para el cierre de cinco tribunales del antiguo sistema, permitiéndoles continuar en funciones por un año más desde la entrada en vigencia de la reforma laboral en la respectiva región.

Con ello, la iniciativa queda a un paso de convertirse en ley, pues sólo falta que se comunique de la aprobación a la Cámara de Diputados, para que ésta la remita al Ejecutivo para su firma y promulgación como ley de la República.

Cabe recordar que la votación había quedado pendiente, luego que el comité del Partido Socialista solicitará una segunda discusión con el   argumento de que es difícil avanzar en materias relativas al Ministerio de Justicia, sin que el titular de esa cartera diera una respuesta satisfactoria respecto del nombramiento del Director Nacional de Gendarmería.

No obstante, en la este segunda sesión, no se abordó el tema y al momento de someter a votación el proyecto éste contó con 29 votos a favor, siete más de los que necesitaba para su aprobación.

POLÉMICA POR NOMBRAMIENTO

Si bien el proyecto fue aprobado en forma unánime y en tiempo récord por las Comisiones de Constitución y de Hacienda  no ocurrió lo mismo en Sala   cuando el martes último se puso en discusión.El senador Juan Pablo Letelier planteó la dificultad de avanzar en materias relativas al Ministerio de Justicia, sin que el titular de esa cartera les diera una respuesta satisfactoria respecto del nombramiento del Director Nacional de Gendarmería, Iván Andrusco.

Cabe recordar que dicho nombramiento ha sido cuestionado por diversos sectores, debido a que el general (R) formó parte de la Dicomcar de Carabineros, unidad que fue responsabilizada por la justicia del asesinato y degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero.

Durante la sesión intervinieron los senadores Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier, Andrés Chadwick, José García Ruminot, Camilo Escalona, Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Guido Girardi, Hernán Larraín, Mariano Ruiz-Esquide, Ricardo Lagos Weber y José Antonio Gómez.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución, la senadora Alvear informó respecto a la iniciativa y explicó que dado que se busca evitar una sobrecarga de los nuevos juzgados, se optó por prolongar la continuidad de cinco de ellos, asunto que contó con la unanimidad de los legisladores.

Pero fue el senador Letelier quien señaló que aún cuando la iniciativa es importante, también lo son otros temas del Ministerio de Justicia, manifestando que para él es ética y moralmente difícil avanzar en estos temas sin que el titular de esa cartera se haga cargo del problema político que generó la nominación del nuevo director de Gendarmería.

Agregó que para algunos, como él, es una ofensa y un agravio que se haya nominado a dicho personero, pues ello tiene que ver con la construcción de una convivencia adecuada entre todos.

A su turno, el Ministro de Justicia Felipe Bulnes dijo tener un compromiso irrestricto con los Derechos Humanos y en ese contexto es respetuoso del derecho a la presunción de inocencia. Señaló que se está buscando lapidar una persona que no solamente fue ratificado en la institución en la cual habría cometido estos actos, sino que fue ascendido por el ex Presidente Ricardo Lagos y enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet a exponer sobre DD.HH en la Convención de Ginebra.

En la misma línea, el senador Chadwick señaló que no hay nada más esencial dentro del respeto a los DD.HH que saber respetar la presunción de inocencia de una persona. Agregó que no le corresponde a un senador señalar que una persona es responsable de un crimen cuando un tribunal no ha dictado sentencia alguna en su contra.

En tanto, el senador García Ruminot hizo un llamado a no mezclar los temas y manifestó su firme convicción de que el Ministro de Justicia ha actuado con pleno apego a la ley y respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. Agregó que la inocencia ya declarada por los tribunales, es mérito suficiente como para que quien ha sido designado como Director de Gendarmería permanezca en su cargo.

Por su parte el senador Escalona precisó que nadie ha responsabilizado a Andrusco del triple degollamiento, sino que lo que se ha cuestionado es la decisión política de nominarlo, pese a haber formado parte de la Dicomcar. En su opinión, el Ejecutivo cometió una "temeraria imprudencia" al nombrar en la Dirección de Gendarmería, en una decisión política, a una persona que formó parte de los aparatos represivos del gobierno militar.

A su turno, el senador Allamand lamentó que se esté condenando a la autoridad penitenciaria, aún cuando la justicia no lo encontró culpable de ningún delito. En tal sentido, acusó a algunos senadores de vulnerar la presunción de inocencia y señaló que este debate sirve para fijar cuáles serán las posiciones y la forma en que se relacionarán el oficialismo y la oposición hacia delante.

En la misma línea el senador Chahuán, señaló que no se puede vulnerar el principio de inocencia y planteó la necesidad de concentrarse en el proyecto sobre los tribunales que es de vital importancia para el legítimo resguardo de los intereses de los trabajadores.

En tanto, el senador Girardi expresó que sin querer poner en cuestión la presunción de inocencia, el Ejecutivo ha tenido una falta de sensibilidad al nombrar a Andrusco a la cabeza de Gendarmería, a sabiendas de que su participación en la Dicomcar podría ser un tema sensible. En tal sentido responsabilizó al gobierno de exponerlo al escrutinio público.

Por su parte el senador Larraín manifestó que con este debate quedó en evidencia cuál será la estrategia política de la oposición, argumentando que con actitudes como esta se frenarán importantes proyectos en beneficio de la ciudadanía, sobre todo los de reconstrucción. A su juicio tras esto se esconde una actitud que no es positiva para la unidad que Chile requiere en estos minutos.

En tanto, el senador Ruiz-Esquide defendió el derecho de los senadores que tienen dudas frente al nombramiento de Andrusco, argumentando que es factible exigir mayores condiciones a quienes ocupen un cargo que tiene que ver con los derechos humanos. Asimismo, descartó que se quiera obstaculizar los proyectos del ejecutivo, pues su sector está dispuesto a apoyar la reconstrucción.

A su turno,  el senador Lagos Weber dijo creer en la presunción de inocencia de todos quienes han sido acusados injustamente, pero precisó que el tema de fondo no es si Andrusco es o no responsable, sino que participó de un organismo represor. Señaló que la responsabilidad de exponer al actual director de Gendarmería es del Ejecutivo por su falta de sensibilidad y de "tino político" en este caso, pues no había ninguna necesidad de nominar a alguien que trabajó en la Dicomcar en gendarmería.

Finalmente el senador Gómez leyó una carta de los familiares de los tres profesionales degollados y manifestó que hay decisiones en que se requiere cierta prudencia, pues -dijo- nadie puede decir que la gente que estaba en una oficina de un organismo represor, no sabía que al lado se torturaba.

PROYECTO

En lo fundamental, el proyecto busca prolongar el funcionamiento de los tribunales laborales del sistema antiguo en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Rancagua, y de uno de Valparaíso y otro de Concepción, a objeto de postergar el traspaso de causas laborales del antiguo al nuevo sistema de judicatura del trabajo debido a la sobrecarga que aún registran algunos de esos recintos.

Para ello fija un nuevo plazo para el cierre de los mismos, extendiéndolo en un año desde la entrada en vigencia del nuevo sistema de judicatura laboral en la respectiva región. Con ello, se busca evitar una sobrecarga de causas en los nuevos tribunales laborales y de cobranza laboral y previsional.

El Mensaje del Ejecutivo mantiene el plazo de 18 meses como regla general para la supresión de tribunales del trabajo, excepto para Antofagasta, La Serena y Rancagua; un tribunal de Valparaíso y otro de Concepción, cuyas supresiones se postergará por el período antes señalado.

 Asimismo, establece que en los casos de Valparaíso y Concepción, las respectivas cortes de apelaciones determinarán qué tribunal será suprimido en cada uno de los plazos.