Analizarán derecho a huelga de funcionarios públicos

La Comisión de Constitución será la encargada de analizar el proyecto de reforma constitucional, que establece la negociación colectiva y el derecho a huelga de los funcionarios públicos.

La iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Hernán Larraín, José García Ruminot, Juan Pablo Letelier, Hosaín Sabag y Víctor Pérez Varela, plantea que "solo en virtud de una ley orgánica constitucional se podrán establecer restricciones al ejercicio del derecho a negociar colectivamente de los funcionarios del Estado".

El texto legal plantea que dichas limitaciones, deberán estar "fundadas en consideraciones de orden público y seguridad nacional, debiendo contemplarse en esos casos mecanismos alternativos de consulta y participación de las asociaciones que los representen".

Agrega que "la misma norma regulará el procedimiento de negociación colectiva para los funcionarios del Estado y la forma de dar cumplimiento a los compromisos adoptados, incluidos aquellos que requieran de una norma legal que los implemente y sean de iniciativa exclusiva del Presidente de la República".

Los parlamentarios autores del proyecto de reforma constitucional señalaron que "ante las restricciones constitucionales y legales al ejercicio del derecho a las negociaciones colectivas y la carencia de instancias institucionales de diálogo que canalice y de respuesta a sus pretensiones, los funcionarios públicos han debido recurrir a prácticas de negociación y paro al margen del Estado de Derecho".

A juicio de los legisladores esta situación ha generado "incertidumbre jurídica, falta de comprensión y valoración social a su labor y, en algunos casos, trastornos en la población al afectar servicios y derechos básicos como fueron las situaciones vividas con los médicos del Hospital Regional E. Torres Galdames;  funcionarios de Gendarmería de Chile, Dirección de Previsión de Carabineros de Chile y Servicio de Impuestos Internos".

Según la información de la Dirección del Trabajo, durante el año 2008, las huelgas legales y movilizaciones en el sector privado constituyeron un 74% del total, alcanzando un universo de 60.000 trabajadores (paralización del transporte de carga).

En contraste, las diez empresas o sectores de la esfera pública afectadas por paralizaciones involucraron más de 450.000 trabajadores y profesionales alcanzando un 93% de los involucrados y un 80% del costos asociado por persona y día de trabajo, cifras sustantivamente mayor a la observable en el sector privado.

De acuerdo a los senadores impulsores del proyecto, lo anterior "muestra la urgente necesidad país de regular esta situación, dando seguridad jurídica y confianza a los funcionarios públicos y sus asociaciones mediante el reconocimiento de los derechos que les son propios en su calidad de trabajadores y, en particular, la negociación colectiva, como mecanismo institucional de diálogo y resolución de diferencias".