Aprueban legislar para consagrar en la Constitución el carácter autónomo de la Defensoría Penal Pública

Con 26 votos a favor y 7 en contra la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de reforma constitucional para consagrar en la Carta Fundamental el carácter autónomo de la Defensoría Penal Pública.

Ahora corresponde que la iniciativa que fue presentada por la senadora Soledad Alvear, sea remitida nuevamente a la Comisión de Constitución para su estudio en particular, razón por la cual se fijó el lunes 12 de marzo como plazo para presentar indicaciones.

Durante el debate intervinieron los senadores Soledad Alvear, Alberto Espina, Hernán Larraín, Patricio Walker, José Antonio Gómez, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Ricardo Lagos.

Cabe recordar que la iniciativa consagra en la Constitución Política la Defensoría Penal Pública, otorgándole el carácter de organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, encargado de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley. Prescribe, además, que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de dicha entidad.

La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora Alvear quien explicó que se busca dar rango constitucional a la Defensoría Penal Pública como una forma de dejar en igualdad de condiciones a dicho organismo frente a otros como el Ministerio Público. Explicó que dada la actual dependencia que tiene la Defensoría del Ministerio de Justicia pueden plantearse dificultades de disponibilidad  presupuestaria para la defensa penal pública y además podría pasar a depender de la voluntad política o del ministro de justicia del gobierno de turno.

A su turno, el senador Espina recordó que cuando se presentó el proyecto de reforma constitucional que establecía la defensoría de las víctimas, se señaló que  tenía que haber una simetría entre la autonomía y el rango constitucional que tiene la Fiscalía Nacional respecto de la Defensoría, porque mientras la primera es autónoma la segunda depende del Ministerio de Justicia. No obstante, señaló que si bien el comparte ese criterio, existen algunos senadores que no están de acuerdo por lo que es necesario avanzar en un consenso en esa línea durante el trámite en particular.

El senador Larraín señaló que esta iniciativa logra asegurar y garantizar que exista la mayor autonomía posible para una tarea tan relevante como es la Defensoría Pública. Manifestó que si bien ha estado bajo el Ministerio de Justicia ha logrado sacar adelante la tarea de manera bastante activa y recordó que siempre ha echado de menos que haya un equivalente desde el punto de vista de las víctimas, pues en su opinión no se ven necesariamente interpretadas por los fiscales.

ASIMETRÍA

En tanto, el senador Walker manifestó que hay una asimetría y un desequilibrio importante, pues por un lado hay un Ministerio Público que tiene autonomía con rango constitucional en circunstancias que la Defensoría no tiene dicho rango. Agregó que los servicios con autonomía constitucional escapan a la línea jerárquica y no admiten el ejercicio de facultades de supervigilancia o tutela, se autodeterminan funcional y administrativamente y sus directivos son autoridades inamovibles, lo que les da un plano de independencia jurídica, razón por la que se debe avanzar en que la Defensoría y el Ministerio Público cuenten con armas simétricas.

Por su parte, el senador Gómez destacó la importancia de la iniciativa en lo que respecta al proceso en materia penal en el país y señaló que el tiempo ha demostrado que es indispensable contar con una institucionalidad y un organismo que sea totalmente independiente.  Añadió que actualmente el Ministerio Público es autónomo y a pesar de eso tiene intervenciones políticas que no se habían dado antes y a su juicio que el hecho de que la Defensoría tenga un funcionario que dependa del Ministerio de Justicia es complejo.

El senador Novoa argumentó en contra del proyecto señalando que no es efectivo que exista un desequilibrio en perjuicio del delincuente, pues muchas veces el desequilibrio es en perjuicio de la víctima, ya que los derechos del delincuente están garantizados porque el que resuelve es un tribunal de justicia absolutamente independiente. En su opinión la Defensoría y el Ministerio son órganos de una categoría distinta y señaló que el debate de fondo es si tiene que estar en la Constitución o no, y él no es partidario de lo primero.

Una opinión distinta manifestó el senador Orpis tras señalar que no se trata de colocar en un mismo nivel al delincuente y a la víctima, sino que se está colocando en ese lugar la presunción de inocencia. A su juicio hay un desequilibrio y debe ser autónoma la Defensoría Penal Pública, pues las personas no son culpables hasta que existe una sentencia y por tanto, la presunción de inocencia debe estar garantizada en la Constitución.

El senador Quintana recordó que en las últimas semanas se ha presenciado un debate sobre esta materia con las discrepancias del Ministro del Interior con el Ministerio Público y si no fuera por la autonomía de dicho organismo, no existiría esa posibilidad de discrepar frente políticas de seguridad pública. En tal sentido señaló que la autonomía es indispensable para nuestro sistema pues sin defensa no hay justicia.

A su turno, el senador Rossi manifestó que la justicia es el pilar fundamental de la democracia, contribuye a la paz social y es deber del Parlamento promover y garantizar el debido proceso que tiene que ver con el derecho de las víctimas y del victimario. Agregó que es mejor que la Defensoría sea un organismo autónomo y solicitó a la Mesa del Senado que solicite a los Ministros que estén presentes en Sala cuando se traten este tipo de proyectos.

Finalmente el senador Lagos se sumó a los argumentos que se han dado a favor de la iniciativa y manifestó la importancia de aprobar la iniciativa en general para luego avanzar en un acuerdo que permita perfeccionar la iniciativa y resolver las inquietudes que puedan tener algunos senadores.