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  Civiles serán juzgados por tribunales ordinarios y militares por justicia castrense

  La Sala del Senado aprobó en forma unánime el proyecto que modifica el sistema de justicia militar y establece un régimen más estricto de sanciones. La iniciativa debe volver a la Cámara de Diputados a cumplir su tercer trámite.

6 de octubre de 2010

Permitir que los civiles sean juzgados por la justicia ordinaria y que los militares por los tribunales castrenses, es el objetivo central del proyecto que modifica el sistema de justicia militar que fue aprobado en forma unánime por la Sala del Senado.

No obstante, los senadores rechazaron con 5 votos a favor y 13 en contra y 4 abstenciones, una indicación presentada por el senador Alejandro Navarro que buscaba que en los casos de coautoría de civiles y militares en la comisión de delitos comunes, sean competentes los tribunales ordinarios.

Cabe recordar que con esto, la iniciativa que forma parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo como una forma de colaborar al término del conflicto con comuneros mapuche, ya fue remitido a la Cámara de Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.

Durante el debate de este proyecto, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Patricio Walker, Jaime Quintana y Hernán Larraín, además de los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Defensa Jaime Ravinet.

DISCUSIÓN

La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora Alvear quien informó sobre los alcances de la iniciativa y el trabajo que realizaron en conjunto las Comisiones de Constitución y Defensa Unidas. En tal sentido, destacó que se estableciera explícitamente que a los menores de 18 años sólo se les aplique la ley de responsabilidad penal juvenil y no la justicia militar.

Asimismo, explicó que en los casos de co autoría y co participación de civiles y militares, serán competentes respecto de los civiles los juzgados ordinarios y respecto de los militares los juzgados castrenses.

También se estableció que las contiendas de competencia entre tribunales ordinarios y militares y deben ser resueltas por la Corte Suprema y al mismo tiempo se señaló que en esos casos el auditor militar quede excluido de la composición de esa sala.

En tanto, el Ministerio Público debe señalar en su acusación los medios de pruebas rendidos en el tribunal militar para que no se pierda la prueba, lo que según la senadora era necesario en virtud de algunas complicaciones que advirtió el Fiscal Nacional.

A su turno, el senador Navarro manifestó la voluntad positiva de avanzar en este proyecto que obedece a un acuerdo político que se buscó para avanzar en el término de la huelga de hambre de comuneros, pero lamentó que no se considerara una modificación más profunda que permitiera que los tribunales castrenses sólo tuvieran competencia para juzgar a militares que cometen delitos de índole militar y no comunes.

El senador Patricio Walker precisó que está disponible a avanzar en esa línea, antes de que el Ejecutivo envíe un proyecto, pues ya existe una iniciativa parlamentaria que apunta a que los tribunales castrenses conozcan de causas militares por delitos militares y no por delitos comunes.

En tanto, el senador Quintana manifestó que la iniciativa permite avanzar en la situación de los mapuches pero también terminar con el doble procesamiento. Agregó que en un sistema democrático no se sostiene un sistema como éste, más aun cuando una gran cantidad de los delitos que se ve en los tribunales militares no son delitos castrenses sino que comunes.

A su turno, el Ministro Bulnes agradeció el trabajo "rápido y eficaz" realizado en el Senado pues ello permitió realizar una serie de perfeccionamientos a la iniciativa.

Por su parte, el Ministro Ravinet reiteró el compromiso del Ejecutivo para impulsar una reforma más amplia y más profunda en materia de competencias; modificar el procedimiento y la estructura orgánica de los tribunales militares para asimilarlos a los de la reforma procesal penal y hacer una profunda revisión de los denominados delitos militares con el fin de adaptarlos al principio moderno del derecho.

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