Evalúan catálogo de delitos a los que podrían aplicarse penas alternativas a las privativas de libertad

Un análisis de los delitos a los cuales podrían aplicarse penas alternativas a las privativas de libertad, realizó la Comisión de Constitución del Senado junto al Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en el marco del estudio en particular del proyecto que establece medidas a las penas restrictivas de libertad y que contempla el uso del brazalete electrónico.

Así lo explicaron los senadores Soledad Alvear y Hernán Larraín, presidenta e integrante de la citada instancia, respectivamente, tras señalar que esperan comenzar a votar las indicaciones presentadas al proyecto, durante la próxima sesión.

"El objetivo de esta iniciativa legal es poder dejar en prisión a aquellas personas que se justifica, dada la comisión del delito. Analizamos el caso del delito de microtráfico cuando son primerizos. Lo que se pretende es que habiéndose cumplido más de la mitad de esa condena, esas personas puedan ser objeto de trabajo en beneficio de la comunidad, agregando que pueden ser objeto de un sinnúmero de otras como libertad vigilada, reclusión nocturna, entre otras", dijo la senadora Alvear.

Señaló que dado que es fundamental recabar más antecedentes sobre esa y otras materias "dejamos la votación pendiente. Además son varias indicaciones y esperamos ir más rápido en las próximas sesiones".

ANÁLISIS ACOTADO      

En tanto, el senador Larraín explicó que se inició la discusión para ver cómo se estructuran las formas alternativas del cumplimiento de las penas. "El gobierno está buscando tener un repertorio bastante amplio de penas sustitutivas que en realidad son penas sancionatorias pero con un repertorio más amplio: la reclusión parcial, la reclusión condicional, la libertad vigilada, la libertad vigilada intensa, la expulsión y finalmente la prestación de servicios comunitarios".

Agregó que si bien no se sometió a votación el proyecto "hemos clarificado un poco las líneas centrales. Hay mucha voluntad por apoyar esta iniciativa del Ejecutivo, pero en el ámbito más específico, de cuan extenso o cuan circunscrita es la aplicación de estas seis medidas alternativas de cumplimiento de las penas, empiezan a haber matices que son los que vamos a resolver en forma clara y precisa en las próximas sesiones".

El legislador precisó que "hay delitos que están excluidos de los beneficios y por tanto allí hay un espacio de discusión de cuanto más allá o de cuanto más acá deberíamos ir en eso. Y otros temas más específicos, si acaso le vamos a dar beneficios a delitos como el microtráfico de drogas que están en una escala menor de penalidad, pero que se entiende que su gravedad es muy amplia por el efecto pernicioso que tiene la droga en nuestro medio social".

En tanto, el Ministro de Justicia manifestó que "este proyecto va a implicar un cambio sustancial al cumplimiento de las penas en Chile, porque introducen nuevas tecnologías y está dentro de un plan mayor. Queremos un uso racional de las cárceles, queremos un control real de quienes se reinserten en un mundo social, queremos usar rehabilitación, por tanto el proyecto contempla una nueva visión del mundo penitenciario y del tema penal".

Agregó que "esto va unido con un incremento de los delegados de gendarmería. Se incorpora una cantidad muy significativa de delegados que van a hacer un seguimiento. Queremos que vayan a las cárceles quienes realmente tienen un compromiso criminal severo y tienen que estar privados de libertad por seguridad para la población. Queremos que el control en los centros penitenciarios sea real y efectivo y queremos además que las cárceles brinden reales posibilidades de educación y de trabajo. Las cárceles son muy caras para que los delincuentes estudien para ser más malos".