Informe sobre derecho a defensa de los imputados a la Cámara Baja

A cumplir su último trámite, en la Cámara de Diputados, fue derivado el informe de la Comisión Mixta, que resolvió las discrepancias surgidas en torno al proyecto sobre derecho a defensa de los imputados.

Ello, luego de que la Sala del Senado respaldara, en forma unánime, la iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Soledad Alvear, Alberto Espina, José Antonio Gómez, Hernán Larraín y Patricio Walker.

Al respecto, el senador Larraín, manifestó que "existe acuerdo generalizado frente a esta situación para resolver un tema específico que se produce a raíz del momento en que rige el derecho a defensa de los imputados y  que se incorporó mediante reforma constitucional".

Aseguró que "no ha habido precisión del minuto exacto en que esto debía ocurrir y esto se había prestado para efectos de generar nulidades en los procedimientos, ya que, se estaría actuando en instancias sin que imputado tuviesen un derecho a la defensa".

Para evitar esa dificultad, el parlamentario dijo que  "se propuso esta norma que había sido motivo de cuestión pero que se zanjaron estas diferencias al precisar que la designación del abogado, la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado".

De este modo, "quedó en evidencia que los procedimientos administrativos podrían tener el abogado nombrado, que era lo deseable, pero ningún imputado podría iniciar ninguna actuación judicial sin que hubiese una designación que se hiciera cargo de la defensa".

Puntualizó que "también se resolvió la modificación del artículo 102 con el fin de quien nombre el abogado sea juez de la causa y no del Ministerio Público, órgano que tiene esta atribución pero que no se ha ejercido".

Asimismo "el acuerdo de la comisión fue que solo el juez de la causa va a ser quien va a asegurar la designación de la defensa del imputado".

El senador Larraín recordó que "se había planteado por parte de la Cámara de Diputados la supresión de la facultad de autodefensa que tienen los imputados y, en el debate que tuvo la Comisión se decidió que no tenía sentido privarle al imputado este derecho porque pareciera un derecho esencial sobre todo cuando la Ley establece que el juez puede negar este ejercicio cuando esa decisión afecte seriamente  su destino judicial".

Agregó que "un juez puede conducir a una situación muy negativa para el imputado si obliga a que tenga una defensa a través de un abogado. Entonces, la inquietud que se pudieran producir por el ejercicio de este derecho está cautelada en el propio sistema judicial y, por eso nuestra Comisión Mixta, acordó rechazar en forma unánime esta solicitud".