Llaman a implementar en forma eficiente el nuevo sistema de penas alternativas de trabajos comunitarios

Un importante paso dio el proyecto que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. Ello, luego de que la Sala del Senado despachara el articulado de la iniciativa, con lo cual quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.

Durante el debate intervinieron los senadores Soledad Alvear y Patricio Walker, además del ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

Los parlamentarios coincidieron en valorar la iniciativa, no obstante, la senadora Alvear dejó constancia de la necesidad de definir los criterios con que se definirán dichos trabajos comunitarios; precisar la instancia de seguimiento y entregar los recursos para evitar que se convierta en una institucionalidad vacía.

La parlamentaria respaldó el proyecto que sustituye las multas por trabajos en beneficio de la comunidad pero hizo hincapié en que "me preocupa y espero que el Ejecutivo pueda salvar estas observaciones porque nos consta que es medida muy difícil de establecer. Además, si no resultan, las medidas alternativas  van a  quedar desprestigiadas".

A su turno, el senador Patricio Walker destacó que el texto legal, releva de la decisión de aplicación de penas alternativas al Seremi de Justicia, con lo que se deja la determinación de las mismas en manos de los organismos técnicos, es decir, el Tribunal de conducta de Gendarmería y la Comisión Judicial. Destacó además que el texto legal incluye una serie de ajustes formales tanto en Gendarmería como en el Ministerio de Justicia para dar mayor relevancia a la reinserción.

El Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, agradeció a los senadores y, en especial a la Comisión de Constitución por el trabajo realizado y que permitirá "generar un sistema más perfecto de reinserción y seguimiento". Asimismo anunció que su cartera ya solicitó aumentar el presupuesto de Gendarmería destinado a la reinserción para 2012.

Cabe señalar que el  proyecto se fundamenta en el alto nivel de hacinamiento y sobrepoblación que existe en nuestros recintos penales y que compromete severamente los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Por ello el proyecto apunta a "brindar un trato digno y humanitario a quienes se encuentran cumpliendo penas privativas o restrictivas de libertad, con el objeto también de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención, en los que se registra un promedio aproximado de 60% de sobrepoblación penal".