Proyecto que regula las inscripciones en nuevos Conservadores de Bienes Raíces en condiciones de cumplir su último trámite

Un unánime respaldo otorgó la Sala del Senado al informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias surgidas entre la Cámara de Diputados y la Cámara Alta sobre el proyecto relativo a las inscripciones de inmuebles en nuevos Conservadores de Bienes Raíces.

Ahora corresponde que se pronuncie la Sala de la Cámara Baja para que la iniciativa -que tuvo su origen en una moción de los senadores Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz y del ex senador Guillermo Vásquez- quede en condiciones de ser promulgada como Ley de la República.

Durante el debate intervinieron los senadores Soledad Alvear, Alberto Espina, Juan Pablo Letelier, José García, Eugenio Tuma, Baldo Prokurica, Hosaín Sabag, Pablo Longueira, Alejandro Navarro, Andrés Zaldívar y Jaime Quintana.

Los parlamentarios destacaron la importancia de esta iniciativa que libera del pago de los derechos arancelarios correspondientes a aquellas actuaciones a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse, como consecuencia de la creación de un nuevo Conservador de Bienes Raíces o de la modificación de los territorios jurisdiccionales de los existentes.

La senadora Soledad Alvear en su calidad de presidenta de la Comisión Mixta recordó que en la instancia uno autores de la moción, el senador Letelier, argumentó a favor de la misma, poniendo de relieve que los nuevos oficios conservatorios surgen de una decisión del Estado, y, en consecuencia, no deben traducirse en una carga para los ciudadanos.

La parlamentaria explicó que "es evidente que si se crea un nuevo conservador es lógico que el usuario no deba pagar nuevamente para solicitar sus antecedentes en dicho conservador. Se resaltó que este nuevo gravamen resulta menos aceptable aún en zonas afectadas por el último terremoto y tsunami, donde modestas familias deben presentar documentos relativos a inmuebles para obtener distintos beneficios".

Por lo tanto, "en esos casos, y se dio muchos ejemplos, los conservadores estaban exigiendo el pago que en algunos casos era entre 200 y 300 mil pesos, a personas que necesitaban tener sus antecedentes de inscripción para lograr los subsidios", dijo.

La Comisión Mixta acordó invitar a representantes de organizaciones gremiales de notarios y conservadores y el Ministro de Justicia intervino en el estudio de esta moción, y, en definitiva, propuso la redacción de la norma que ahora presenta la Comisión Mixta.

En ella se dispone que "las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse cuando se crea un nuevo oficio conservatorio o se modifiquen los territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes, estarán liberadas del pago de los derechos arancelarios correspondientes".

A su turno, el senador Alberto Espina felicitó a los autores de este proyecto de ley porque "soluciona una serie de situaciones que se vienen produciendo hace años, y que obviamente son muy injustas. Este es un proyecto sencillo, simple, que va directo al hueso, a resolver un tema que no tenía ninguna justificación".

"Una de ellas, es que se crean nuevos conservadores de bienes raíces en el país, lo que es positivo, porque la gente puede ir a inscribir sus propiedades a la comuna donde vive o a una comuna más cercana a aquella donde estaba el conservador de bienes raíces que se está abriendo o cuya parte de su función va a quedar cubierta por un nuevo oficio del conservador de bienes raíces", dijo.

No obstante, hizo notar que quedará pendiente "el tema de qué va a ocurrir con los que ya pagaron porque si la ley dice hoy día que ese pago no va a regir respecto de quienes se van a reinscribir hacia el futuro, yo considero de todo derecho que una persona que pagó algo que la ley dice que hoy día no habría que pagar pudiera eventualmente pedir que se le restituya el pago".

Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier agradeció el respaldo a este proyecto y lamentó que "se deba legislar para frenar los abusos de quienes deberían asumir una vocación de servicio público más constructivo". Se refirió así a las campañas para que las personas reinscriban sus propiedades en el nuevo conservador pese a que no era necesario.

Detalló además que esta ley logra resolver esa situación y cuando el Estado acuerda que hay un nuevo Conservador, el nuevo Conservador tendrá que hacer las reinscripciones a su costa, y el envío de los antecedentes del Conservador original serán gratuitas para quienes tienen su propiedad de cualquier tipo inscrita en los respectivos tipos de conservadores que hay.

Coincidió en el sentido de que "quedará pendiente que pasará con las personas que pagaron y -como se ha dicho- que sufrieron el abuso. Yo personalmente creo que es muy difícil revertir esa situación. No quiero crear una expectativa indebida. Pero sí dejar la constancia de que quienes cobraron en forma indebida a la gente modesta antes del terremoto ya era abusadores, y que lo hayan hecho después del terremoto ha sido más dramático".

El senador José García Ruminot coincidió con sus pares ya que el mismo tipo de situaciones se repite en las Regiones del sur del país, por eso, "este es un proyecto que viene a dar solución a un problema social real, viene a dar solución a un problema social que afecta a miles y miles de personas".

Consultó además "si toda reinscripción, independiente de cuando se haya creado el nuevo conservador, que se realice de aquí en adelante va a quedar liberada. Esto no es para los Conservadores que se creen de aquí en adelante, sino para los que ya han sido creados y que tienen que hacer reinscripciones y que no pueden cobrar".

A su turno, el senador Eugenio Tuma valoró la iniciativa legal y expresó "el drama que han tenido que enfrentar los pequeños propietarios, para reinscribir de un Conservador a otro o porque se ha creado un nuevo Conservador, o porque ha cambiado la territorialidad o ha habido una división administrativa distinta, y obliga a esas propiedades a inscribirlo en el Conservador que tiene ese ámbito de territorialidad".

Asimismo se sumó a las dudas por algunos aspectos tales como, el plazo respecto del cual se puede gozar de la excepcionalidad del pago de derechos de inscripción, o reinscripción de un Conservador a otro. "Creo que la interpretación exacta de la voluntad del Congreso respecto de la excepcionalidad es para todos aquellos quienes por razones de creación de nuevos Conservadores, no importa cuando se haya creado, no importa la fecha, o por cambio de límites territoriales que obligan a trasladarse a otro Conservador, tiene la excepcionalidad de la exención en el pago".

El senador Baldo Prokurica aseguró que "esta iniciativa viene a hacer justicia por mucha gente que, por una decisión externa son obligados a hacer un nuevo trámite en la propiedad registral y a pagar por ese trámite".

Además dejó constancia de que "es difícil entender por qué a estas alturas no tenemos un sistema computacional en materia de registro de Conservadores de Bienes Raíces. De tal manera de que una persona que quiere comprar una propiedad desde Australia pueda meterse en el Conservador. Eso no existe hoy día". Por ello, solicitó aplicar la tecnología a los sistemas registrales de propiedades, incluyendo Internet y el GPS.

A su turno, el senador Hosaín Sabag afirmó que la iniciativa "va a favorecer sobre todo a los sectores más modestos, que muchas veces por carecer de recursos no pueden hacer sus traslados de inscripción. Y muchas veces cualquier trámite que ellos quieran hacer les exigen la inscripción de la comuna donde está la propiedad".

Adhirió además a la idea de masificar el uso de Internet y señaló que "ya hay algunas que están operando electrónicamente y basta que todas las notarías se coloquen al día y se modernicen". Agregó que pese a algunos abusos "hay  notarios y conservadores de bienes raíces que desempeñan un papel muy serio y muy responsable en el país. Pero hay algunos que están tratando de matar la gallina de los huevos de oro".

El senador Pablo Longueira dejó en claro que "lo que el proyecto propone es que cualquier nueva reinscripción aunque ya se hayan dividido en el pasado conservadores va a ser de costo del conservador. No está vinculado a los nuevos que se creen en el futuro sino que para aquellos que han sido subdivididos en el pasado y que alguien solicite una reinscripción va a tener derecho a este beneficio".

Entonces, "si alguien ya pagó no se le va a devolver la plata. La ley no lo permite, pero sí obviamente que permite que una persona que reinscriba algo que ya ha sido en el pasado subdividido el efecto de esa reinscripción es a costa del nuevo conservador".

Por su lado, el senador Alejandro Navarro, aseveró que "este es un proyecto simple pero extremadamente útil y de fácil comprensión. Efectivamente intenta que si hay subdivisión o hay cambio jurisdiccional sea asumido por los conservadores y los usuarios no estén dispuestos a pagar".

Aclaró que "en todos los sectores que fueron afectados por el terremoto no se va a cobrar por la reinscripción, particularmente Talcahuano, donde el propio conservador tuvo destrucción parcial de todos los archivos, lo que va a obligar a ese trámite".

En la misma línea, el senador Andrés Zaldívar, propuso una nueva legislación que aclare las dudas de interpretación planteadas durante el debate ya que "se entiende que esta ley es para qué, para que quien tenga que cambiar una inscripción de un conservador a otro porque se creó, antes o después, o en el futuro, un nuevo territorio jurisdiccional para otro conservador, no se vuelva a pagar por la inscripción cuando haya que trasladarla".

Añadió que "se hace obligatorio trasladar la inscripción cuando se producen hechos positivos en que la persona va a realizar, por ejemplo, una gestión de venta. Creo que lo importante es que dejemos constancia de esto en la discusión: que no se paga cuando haya que trasladar una inscripción de un conservador a otro por el hecho de que se haya creado un nuevo conservador con una nueva jurisdicción o se haya modificado el territorio jurisdiccional".

El senador Jaime Quintana coincidió con su par en cuanto a que "la creación de un nuevo Conservador no obliga a efectuar una reinscripción sino que esta necesidad surge cuando hay un trámite o cuando hay una postulación a un beneficio del Estado que requiere de esta certificación que es tan importante".

También coincidió en el sentido de que los conservadores deben incorporar las nuevas tecnologías como los sistemas de georreferenciación.

"No se sostiene hoy día, en pleno siglo XXI, que no se haya hecho de manera automática a través del sistema tecnológico. Con todo lo que cobran por estos trámites, los conservadores de bienes raíces debían haberlo hecho ellos de manera automática", dijo y solicitó al gobierno que envíe un proyecto de ley que pueda exceptuar de este pago a las familias afectadas por el terremoto, en especial en lugares donde haya habido cambios en los límites por causas naturales.