Reforma que obliga al Estado a prestar defensa gratuita a las víctimas de delitos graves quedó lista para su promulgación

Con el voto unánime de los senadores presentes en la Sala, la Cámara Alta aprobó la reforma constitucional que obliga a otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas víctimas de delitos que carezcan de los medios para procurársela por sí mismas.

Con ello, la iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, José García Ruminot, Baldo Prokurica y los ex senadores Andrés Allamand y Sergio Romero, quedó en condiciones de ser remitida al Presidente de la República para su firma y promulgación.

En lo fundamental incorpora a la Carta Fundamental una disposición que dispone que "la ley señalará los casos y establecerá la forma en que se otorgará asesoramiento y defensa jurídica a las personas naturales víctimas de delitos que no puedan procurársela por sí mismas".

Durante la votación, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Baldo Prokurica, Hernán Larraín, Hosaín Sabag, Patricio Walker, Jaime Quintana, Alberto Espina, Jaime Orpis junto al Ministro de Justicia, Felipe Bulnes.

La senadora Alvear se manifestó a favor del proyecto y recordó que durante el debate producido en la Comisión de Constitución, el Ministro Bulnes dejó de manifiesto la necesidad de fortalecer la Corporación de Asistencia Judicial para que se encargue de la tarea de defender a las víctimas. Aseguró que gracias a esta reforma constitucional se "le garantizará a  las victimas de delitos, la gratuidad de la defensoría jurídica".

Asimismo, el senador Prokurica señaló que en la actualidad "ni la Constitución ni la ley aseguran en forma específica garantizar a las víctimas el derecho de contar con una asesoría jurídica cuando carecen de los medios para procurárselo; mientras al imputado sí le está garantizado dicho derecho". Agregó que el proyecto "pretende corregir la falta de igualdad ante la ley de las víctimas".

En tanto, el senador Larraín manifestó que "hoy existe una situación de indefensión de las víctimas de delitos. El Ministerio Público, no tiene por objetivo brindar abogados a las víctimas y por el principio de oportunidad de los fiscales, en que se deja delitos sin persecución criminal y muchas víctimas quedan sin la debida investigación de los delitos en que fueron afectadas. La sensación de las víctimas es que el Estado no le brinda los mismos beneficios que el imputado; esa sensación no es justa y no es lo que buscó la Reforma Procesal Penal".

Mientras, el senador Sabag señaló que "este proyecto viene a reparar una injusticia, pues hay muchas víctimas de un atraco o que sufren de una humillación por parte de los delincuentes. Por lo menos ahora el Parlamento les dirá que también tendrán derecho de ser escuchados por parte de sus abogados".

En esa misma línea, el senador Walker dijo que "es importante destacar que este derecho de las víctimas de delitos a contar con un abogado cuando no cuente con los medios necesario, es irrenunciable y ha sido producto de un amplio consenso en la Comisión de Constitución. No obstante, es necesario reforzar la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público y la Corporación de Asistencia Judicial, pues la idea es que en el futuro sean abogados titulados los que defiendan las víctimas de delitos y que se apunte a profesionalizar la institución".

En tanto, el senador Quintana, dijo que si bien apoya esta iniciativa "no creo que cambiarán las cosas, pienso que tendrá un impacto dudoso. Esta reforma es innecesaria. Aquí hay un mal entendido que el delincuente tiene apoyo jurídico y las víctimas de delitos, no. Este proyecto duda de la institucionalidad que tenemos. No crea un nuevo órgano, sino que fortalece la Corporación de Asistencia Judicial".

El senador Espina, agradeció a los parlamentarios que apoyaron la iniciativa legal y señaló que "nos permite completar el paquete de la Reforma Procesal Penal iniciado en los gobiernos anteriores. En nuestro sistema procesal penal, los fiscales están basados por el principio de la objetividad. Más del 70% de los delitos graves como el robo, terminan archivados por el fiscal; me pregunto cuánto hubiesen quedados en la misma condición si la víctima tuviera un abogado".

Asimismo, el senador Orpis dijo que "un sistema penal tiene que garantizar la adecuada defensa jurídica y en especial, la defensa de las víctimas de los delitos y si no se cumplen, pierde la credibilidad. El 30% de las causas se encuentran en el archivo provisional y muchas de las fiscalías del país están colapsadas, por lo que espero que el Ejecutivo aborde el fortalecimiento de ellas".

Finalmente, el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, sostuvo que con esta reforma se busca reforzar a las Corporaciones de Asistencia Judicial.