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  Revisan plazos para puesta en marcha del brazalete electrónico y de medidas alternativas a las privativas de libertad

  La Comisión de Constitución está en la etapa final del estudio de la iniciativa, analizando la fecha en que deberían dictarse los reglamentos respectivos para su implementación, entre otras materias.

19 de diciembre de 2011

La fecha en que deberían estar dictados los reglamentos pertinentes para permitir la implementación del uso del brazalete electrónico y de las medidas alternativas a las privativas de libertad, es uno de los temas que está revisando la Comisión de Constitución del Senado en la última etapa del estudio en particular de dicha iniciativa.

 

Así lo explicaron los senadores Soledad Alvear y Jaime Orpis, presidenta e integrante de la citada instancia, respectivamente, tras señalar que se está haciendo una revisión de todos los artículos de la iniciativa y también del informe financiero asociado al proyecto, el que contempla recursos por cerca de 23 mil millones de pesos.

 

Si bien ambos legisladores destacaron los alcances de la iniciativa, también manifestaron su inquietud respecto de la necesidad de que sea un servicio especial y no Gendarmería el que se encargue de velar por el cumplimiento de las medidas alternativas.

 

"Subsiste una inquietud en que las penas alternativas no tienen los presupuestos necesarios para poder implementarlas. Si uno mira el presupuesto general aprobado, contamos con un 6% para esto y la verdad es que es bastante bajo. Además, siempre he pensado que debiera crearse un servicio especializado para ver estas penas alternativas, por cuanto el personal de Gendarmería está especialmente preparado para las personas que cumplen penas privativas de libertad intramuros", dijo la senadora Alvear.

 

Agregó que "también nos parece relevante los plazos que el gobierno ha propuesto para que esto entre en vigencia y que se establezca una fecha para los reglamentos. Hay tres reglamentos que dictar y el proyecto de ley viene sin fecha, pero si no se dictan los reglamentos no van a poder echarse andar".

 

La parlamentaria recordó que "con la institucionalidad ambiental ha habido una demora en la dictación de los reglamentos, a pesar de que la ley se dictó y promulgó hace casi tres años. Entonces es importante ponerle fecha y al Ejecutivo no le queda más que acoger aquello".

 

SERVICIO ESPECIALIZADO

Por su parte, el senador Orpis señaló que "hemos tratado de hacer un buen proyecto en materia de cumplimiento de penas alternativas, que ahora son penas sustitutivas, para velar no solamente por el otorgamiento de estos beneficios sino que también para velar porque aquellas personas que obtengan este beneficio puedan rehabilitarse y obtener reinserción social".

 

Agregó que el proyecto contempla la incorporación de cerca de 400 delegados especiales que tendrán la misión de velar por el cumplimiento de las penas alternativas. No obstante, dijo que "hay que analizar más en profundidad el tema financiero, porque está contemplado financiamiento para el monitoreo telemático que son alrededor de 16 mil millones y la contratación de delegados, pero tengo mis observaciones respecto del financiamiento para quienes van a ser responsables de velar por los trabajos en beneficio de la comunidad y de rehabilitación. Coincidimos con la presidenta de la Comisión, porque hoy día el 96,5% del presupuesto de Gendarmería está destinado a labores de vigilancia y solo un 3,5% a labores de rehabilitación".

 

En su opinión "por la formación que tiene Gendarmería, debería preocuparse de la vigilancia, pero más bien entregar a un servicio distinto todo lo que es reinserción social. Es un tema que no está abordado en el proyecto y que vamos a seguir insistiendo en que se cree un servicio público distinto para los temas de reinserción y rehabilitación".

 

 

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