Sólido respaldo a propuesta que establece la pena alternativa de trabajos comunitarios

En condiciones de ser discutido por la Cámara de Diputados quedó el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el régimen de libertad condicional, estableciendo en caso de multa la pena alternativa  de trabajo comunitario. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad la propuesta que surgió para zanjar las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso en torno a la iniciativa.

Durante la votación intervinieron los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina, Jaime Orpis, Patricio Walker, Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier y Hosaín Sabag.

En su calidad de presidente de la Comisión Mixta, el senador Larraín explicó que el tema se centra en los casos de los condenados por faltas a la ley de control de drogas, donde el juez tiene la triple opción de imponer una multa, enviar a la persona a un programa de prevención, de tratamiento o rehabilitación, o trabajo comunitario.

El parlamentario precisó que el conflicto entre ambas cámaras se produjo porque los diputados apoyaban la tesis que cuando el juez impusiera la pena de multa y ésta no fuera cumplida por el condenado, se le aplicara inmediatamente la pena de reclusión; mientras que el Senado se inclinaba por la hipótesis de que una persona condenada por falta a la ley de drogas fuera enviada a tratamiento y no necesariamente se le aplicara de inmediato la pena de privación de libertad.

Ello, dijo, para dejar de manifiesto la señala que "cuando se trata de personas condenadas por falta a la ley de drogas, siempre la opción sea buscar el tratamiento o rehabilitación de personas o trabajos comunitarios antes que la reclusión".

Agregó que con la norma aprobada, "el juez tiene la triple opción.  Si ejerce la multa y el condenado no la paga, el juez puede recuperar la opción de enviarlo a rehabilitación o a trabajos comunitarios y solo si no cumple con esas alternativas, lo lleva a un programa de reclusión, porque solo así se cumple con la idea de rehabilitar".

ACENTO EN LA PREVENCIÓN

A su turno, el senador Espina explicó que el consumo de drogas en Chile no tiene pena de cárcel y que es en el trabajo de prevención donde a la sociedad chilena le falta mucho por avanzar. "Es ahí donde debe ponerse el acento cuando estamos frente a un consumidor de drogas, en el trabajo de rehabilitación. La sociedad chilena tiene que poner el acento en educar, prevenir, rehabilitar y mano dura con los traficantes".

Dijo que si bien "técnicamente" la solución no le parece la más correcta "da una señal de que el interés nuestro, más que multar a un consumidor de drogas, es someterlo a la rehabilitación como medida fundamental...la señal es que si se consume droga, se rehabilite, haga labor de prevención pero se deje como última instancia la reclusión".

El senador Orpis señaló que "la solución penal no resuelve el problema del consumo de drogas...al consumidor hay que rehabilitarlo y más que aplicarle la reclusión hay que darle la oportunidad al juez de que lo mande a rehabilitación o a trabajos comunitarios y que quede como última instancia la pena sustitutiva de reclusión. Esa es la señal que hemos querido dar".

Agregó que "dada la dinámica que está teniendo el fenómeno de la droga, me parece tremendamente importante, desde un punto de vista técnico, volver a entregarle la facultad al juez para los efectos que no apliquen la reclusión como pena sustitutiva".

En tanto, el senador Patricio Walker señaló que aplicar inmediatamente la pena de reclusión, si es que no se cumplía la pena sustitutiva "no es la solución porque aquí se trata de personas adictas y por eso el juez va a tener la oportunidad de darle esta oportunidad y que la reclusión sea la última alternativa... se habla de personas adictas, enfermas y darles una segunda opción nos pareció lo adecuado".

Recordó que "la mayoría de los delitos se cometen bajo los efectos de la droga y sobre todo los más violentos...pero esto va a ser música si no se invierte con más recursos y más programas de prevención y rehabilitación".

A su turno, la senadora Alvear manifestó que "se requiere una política penitenciaria adecuada. No es posible que si se les impone una multa y no puedan pagarla, vaya a la cárcel. Eso tiene un efecto discriminatorio tremendo. Si no abordamos este tema vamos a tener crecientemente dificultades".

Agregó que "se necesita un plan eficiente para evitar el consumo de drogas. El 86% de los delitos del país, los cometen jóvenes bajos los efectos del uso de drogas...dentro de una política general de Estado debiésemos tener la preocupación de contar con más centros de tratamiento y rehabilitación".

SITUACIÓN CARCELARIA

El senador Navarro recordó que se ha registrado un aumento en el número de delitos, pero precisó que "queremos que el sistema carcelario pueda dedicarse a recluir a delincuentes. Nuestras cárceles tienen un 23% de primerizos del total de la población penal...este proyecto va en la dirección correcta en el sentido de no abarrotar a las cárceles con jóvenes que han delinquido pero que pueden ser sujeto de rehabilitación y reinserción". Agregó que "esto es un paso adelante pero es insuficiente si no aplicamos una política de reinserción general".

El senador Letelier, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, recordó que la instancia evacuó un informe sobre la política carcelaria donde se confirma que "tenemos hacinamiento, sobrepoblamiento, tenemos una escuela de delincuencia al interior de las cárceles...este proyecto apunta en la dirección correcta pero tiene un déficit, que es que no tenemos un sistema para evaluar el trabajo comunitario. Eso no me lleva a votar en contra, pero sí a clarificar que tenemos ciertos vacíos. Creo que van a haber dificultades".

Finalmente el senador Sabag señaló que "el proyecto está en perfecta sintonía con el hecho de sacar a los presos por delitos blancos de las cárceles, las que están sumamente excedidas... no obstante, hay que buscar un mejor control del sistema de prestación de servicios a la comunidad"