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  Resolución de la OEA por caso de jueza Atala demuestra la carencia de una ley antidiscriminación

  Así lo manifestó la senadora Lily Pérez tras conocer el dictamen del organismo internacional que concluyó que Chile discriminó a la magistrada en el caso de tuición de sus hijas.

6 de abril de 2010

"Comparto la resolución de la OEA porque en el caso de la jueza Atala hubo evidentemente una discriminación a su rol de madre y la maternidad bajo ninguna circunstancia puede ser discriminada", dijo la senadora Lily Pérez tras conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aseguró que el Poder Judicial chileno no actuó con "imparcialidad" cuando le quitó la custodia de sus tres hijos, debido a su opción sexual.

 

La parlamentaria manifestó que aunque siempre ha respetado las decisiones del máximo tribunal, en el caso de la magistrada fue sumamente crítica con lo ocurrido.

 

Asimismo, señaló que con este tipo de resoluciones queda demostrado que "Chile está al debe, absolutamente, con la falta de una ley antidiscriminación. En Chile todavía existen muchas discriminaciones hacia las mujeres y de tipo religioso también. Hay personas que se permiten todavía adscribir a movimientos neonazis, personas que todavía defienden lo indefendible. Creo que Chile está al debe en estas materias".

 

En tal sentido, manifestó que se debe hacer un análisis profundo y reflexivo respecto del tipo de legislación que queremos en nuestro país y no reaccionar a raíz de estos casos.

 

 

MESA DE TRABAJO

 

"El proyecto antidiscriminación lleva años en su proceso. Soy una de las coautoras del proyecto original que después sufrió infinitas modificaciones pero creo que no se puede reaccionar solamente por una eventualidad como la que estamos viviendo, sino que tiene que ser algo mucho más de fondo, mucho más estudiado, analizado y reflexionado", dijo.

 

La senadora Pérez agregó que espera que el gobierno, a través de la creación de una mesa de trabajo en esta materia, logre avances sustantivos.

 

Cabe recordar que tras conocer la resolución, la Cancillería ofició a distintos organismo del Estado para constituir una mesa de trabajo y poner en práctica las recomendaciones.

 

El organismo internacional recomendó crear el equipo para "adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación en base a la orientación sexual".

 

Entre los organismos invitados a participar de esta instancia se cuentan el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema y parlamentarios. El texto también recomienda introducir cambios legislativos.

 

El caso comenzó hace seis años, cuando la jueza obtuvo en la Corte de Apelaciones de Temuco la custodia de forma provisoria. Sin embargo, la defensa de su ex esposo Jaime López, presentó una queja ante la Corte Suprema, que derivó en que, en mayo de 2004, se le retirara definitivamente el cuidado de las menores.

 

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