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  Respaldan moción que excluye a las víctimas de desaparición forzada del Registro Electoral

  La Comisión de Derechos Humanos colocó en tabla la iniciativa que modifica la Ley N° 18.556 con el objeto de dar una solución urgente a la grave denuncia planteada por familiares de estas víctimas.

23 de mayo de 2012

La Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la moción que apunta a excluir a las víctimas de desaparición forzada del Registro Electoral, y a objeto de evitar que la norma pueda tener vicios de constitucionalidad, consensuó un texto respecto del cual solicitará la opinión de abogados constitucionalistas, antes de remitirlo a la Sala para su votación.

 

En la oportunidad estuvieron presentes los integrantes de la Comisión, senadores Lily Pérez, Hernán Larraín, José Antonio Gómez y Juan Pablo Letelier. Éste último autor de la iniciativa junto a los senadores Pedro Muñoz y Camilo Escalona, que también asistieron a la sesión. 

 

Según explicó el presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier, "hemos querido actuar con la máxima celeridad. Esto no va a tener un efecto penal, solamente un efecto administrativo y solo acotado al Servicio Electoral".

 

Por su parte, el senador Hernán Larraín explicó que la situación ocurrió "porque para borrar a alguien del Registro Civil, se requieren una serie de causales específicas y, en particular, la muerte natural que se comunica al Servicio Electoral y al Registro Civil, o la muerte declarada presunta por un juez. En el caso de los detenidos desaparecidos no están en ninguna de las dos hipótesis".

 

Agregó que si bien "se pueden acoger a una ley que le da efectos como si fuera una muerte presunta, esto es un acercamiento voluntario y, en esos casos no se ha producido el problema, en los demás no está tipificado el caso en la Ley del Registro Civil, por lo tanto, más que una inadvertencia es un vacío legal que al percatarnos, por el dolor que le ha causado a muchas familias, lo resolveremos legalmente".

 

ALCANCES DEL PROYECTO

 

La iniciativa se hace cargo de la situación que se produjo cuando muchos familiares de detenidos desaparecidos se enteraron vía carta o Web que sus parientes aparecen inscritos en el SERVEL, luego de la entrada en vigencia la Ley sobre Inscripción Automática y Voto Voluntario.

 

En lo fundamental el proyecto plantea que "la modificación a la normativa sobre inscripción automática en los registros electorales y voto voluntario en los procesos electorales y plebiscitarios supuso una profunda transformación al sistema político que persigue incrementar la participación a millones de personas fortaleciendo la democracia".

 

Dicha materia fue objeto de una amplia discusión por largos años, siendo aprobado por el Parlamento e iniciándose los procedimientos destinados a su implementación y aplicación a partir de los comicios municipales de Octubre próximo.

 

Sin embargo, los autores de la moción  indicaron que "en el curso de estas transformaciones se han suscitado inconvenientes graves. El primero de ellos, fue motivado en la publicación, por parte del Servicio Electoral, de los domicilios de los inscritos, como consecuencia de entenderse públicos estos datos, cuestión discutible y que ha sido resuelta en forma administrativa".

  

El segundo tema, "tiene relación con la incorporación en los registros electorales de personas desaparecidas como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura militar".

 

A juicio de los legisladores  "esto último ha ocasionado, con justa razón, la molestia de familiares y amigos de las víctimas, en tanto existen múltiples antecedentes oficiales, emanados de órganos estatales, que confirman su situación, como son los informes emitidos por comisiones especiales y las causas judiciales incoadas ante los tribunales".

 

Puntualizaron que  la Ley 20.377, ha creado, además, la declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, que permite solucionar los problemas jurídicos derivados de la indeterminación acerca de la situación de estos compatriotas.

 

Por ello, precisaron que "la más elemental lógica y consistencia respecto de la actuación del Estado en estas materias y el respeto por la memoria de estos chilenos, víctimas de la represión y sus familiares y amigos, ameritan corregir lo obrado, excluyendo estos nombres del registro electoral".

 

 

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