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Durante el presente año esperamos introducir algunos cambios, al menos para el tratamiento de los proyectos que se estimen prioritarios

Por Carlos Montes, Presidente del Senado

6 de abril de 2018

Imagen foto_00000015Sin duda, la función principal –aunque evidentemente no la única- del Senado es legislar, hacer buenas leyes. Es relevante, además, que éstas se generen en el marco de un debate plural y profundo, que contribuya a la reflexión y orientación del país.

 

Lamentablemente, la ciudadanía no siempre tiene una impresión positiva de esta labor. Ello se origina en diversas situaciones, tales como errores en algunas normas y, especialmente, en la excesiva tardanza en abordar temas de gran interés, como la ONEMI y la reforma previsional.      

 

Asimismo, en algunas ocasiones, la discusión no logra la consistencia que se espera o bien las posiciones de los diversos actores políticos no resultan claros para la opinión pública.

 

Durante el presente año esperamos introducir algunos cambios, al menos para el tratamiento de los proyectos que se estimen prioritarios, que apunten a fortalecer nuestro trabajo.

 

Esperamos incrementar los antecedentes con que cuentan los senadores al conocer de estas iniciativas. Muchas de las controversias ya se han dado entre nosotros o bien en otros parlamentos. En este sentido, esperamos aumentar el aporte de la Biblioteca del Congreso Nacional para recoger esas experiencias y sistematizar los focos de divergencia.

 

En el mismo sentido, creemos relevante enriquecer la discusión general con la visión de académicos o especialistas que ilustren a la Sala acerca de los aspectos más sustantivos. Ello suele realizarse en comisiones, pero es importante replicarlo resumidamente a un nivel más amplio.

 

Respecto del debate político, parece importante que en estos proyectos la ciudadanía pueda conocer con claridad las diversas posiciones, a través de una intervención inicial de cada bancada.

 

A lo anterior, deberíamos agregar una mayor rigurosidad técnica, a efectos que se minimicen los errores jurídicos y formales de los proyectos, mediante su revisión a través de instancias internas.

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