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  Anticipan modificaciones a proyectos que perfeccionan el actual sistema de anotaciones comerciales

  El Senado aprobó legislar sobre dos mociones que apuntan a fijar un plazo para que los antecedentes comerciales de personas afectadas por el terremoto no lleguen DICOM y un período mínimo para la publicación de protestos.

18 de mayo de 2010

Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 31 de mayo quedaron dos mociones que modifican el actual sistema de anotaciones comerciales de modo de que los antecedentes de las personas naturales o jurídicas afectadas por el terremoto no lleguen a DICOM en un plazo de 10 meses y que exista un período mínimo de 30 días para la publicación de protestos.

Ello, luego de que el Senado aprobara ambas iniciativas en forma unánime, en el entendido que durante la discusión de los respectivos articulados se considerarán las diversas aprensiones surgidas durante el debate.

Respecto al proyecto que suspende por un plazo de 10 meses, contados desde el 27 de febrero pasado, la información en boletines comerciales de las personas afectadas por la catástrofe, intervinieron los senadores José García Ruminot, Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Ricardo lagos Weber, Hosaín Sabag y Jaime Orpis quienes coincidieron en valorar la iniciativa, sin embargo, hicieron presente algunos reparos.

El senador García Ruminot, uno de los autores de la iniciativa junto a sus pares Lily Pérez, Francisco Chahuán, Alberto Espina y Baldo Prokurica señaló que esta iniciativa beneficiará directamente a personas naturales o jurídicasque hayan resultado afectadas por el terremoto de febrero pasado y que pertenezcan a las regiones Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.

Asimismo señaló que "esta iniciativa constituye un premio a quienes hayan demostrado un buen comportamiento financiero".

A su turno, la senadora Ximena Rincón valoró la iniciativa pero dejó constancia de que deben realizarse algunos cambios para que cumpla los objetivos propuestos. A modo de ejemplo, señaló que "a muchos pequeños y medianos empresarios se les está exigiendo la presentación antecedentes financieros de Dicom para acceder Plan Empresa y Plan Emprende de SERCOTEC, que son instrumentos creados por el Estado para ir en ayuda de este sector, lo que no se condice con la realidad que enfrentan tras el terremoto.

En tanto, el senador Francisco Chahuán, aseguró que parece obvio que "a las personas afectadas por la reciente catástrofe del terremoto no se les puede exigir que respondan con sus compromisos comerciales cuando han perdido sus industrias o locales comerciales". Aseguró que este proyecto no significa ningún perdonazo o eliminación de antecedentes sino solo una suspensión de la publicación de antecedentes por un plazo de 10 meses.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber se mostró partidario de apoyar esta iniciativa porque "desincentiva los sistemas informales de financiamiento que rayan en la usura", sin embargo, aseveró que es necesario realizar algunos perfeccionamientos porque se exige acreditar la buena fe, en circunstancias de que ésta se presume y no requiere prueba.

El senador Hosaín Sabag, opinó que "este es un proyecto oportuno porque en todas las regiones siniestradas hay personas que perdieron todo y, por supuesto, que durante todo este tiempo no han podido cumplir con sus compromisos y han caído en DICOM". Por lo tanto, parece de toda justicia apoyar a estas personas con empuje e iniciativa que desean recuperarse.

Asimismo el senador Jaime Orpis, hizo notar que "junto con el  elemento transitorio de la suspensión de la publicación que se propone, existe una situación de carácter permanente que incentiva a las partes a renegociar antes del 27 de diciembre de 2010, de modo que no aparezcan en DICOM"

PROTESTOS

El Senado aprobó además en forma unánime, la iniciativa iniciada en una moción de los senadores Andrés Allamand, Eugenio Tuma, José García Ruminot y Ricardo Lagos Weber que modifica la ley sobre protección de la vida privada con el fin de fijar un plazo mínimo de 30 días para publicación de los datos de protestos o morosidades, desde la fecha en que la obligación se hizo exigible.

Al respecto, el senador Eugenio Tuma precisó que "existe un enorme consenso en que este sistema de información comercial está absolutamente agotado, porque no recoge en forma integral el comportamiento económico de las personas". Por eso llamó a avanzar en una legislación más completa sobre el sistema de información comercial, ya sea por comportamiento positivo o negativo.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán, también valoró esta iniciativa que "fija el periodo de 30 días para publicar la información relativa a protestos y morosidades, pero aclaró que se requieren algunos perfeccionamientos con el fin de acotarla a los protestos y morosidades que provienen de obligaciones comerciales, ya que, por ejemplo las deudas por no pago de tag también se envían a los registros de morosidades en muy corto plazo, lo que no resulta procedente".

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