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  Legislarán para que el control y propiedad de los datos personales esté en manos de sus titulares

  Así lo dispone el anteproyecto elaborado por la Comisión de Economía y que establece una nueva regulación legal del sistema de tratamiento de datos personales. Por otro lado, los senadores Espina y García Ruminot solicitaron al Ejecutivo que otorgue urgencia a la iniciativa que agiliza la tramitación de las demandas colectivas.

17 de junio de 2011

A la espera de la respuesta del Ministerio de Economía, sobre el anteproyecto de ley que establece un nuevo marco legal para el tratamiento de los datos personales en Chile, se encuentra la Comisión especializada que preside el senador Andrés Zaldívar.

La iniciativa propone, por primera vez, la creación de un Registro Público Obligatorio de responsables de entidades que tratan datos, para evitar su anonimato y la existencia de un mercado informal donde se trafican listas de antecedentes nominativos.

Por otro lado, contempla fuertes multas por el uso de datos para un fin distinto al declarado al momento de su recopilación. En general, se disponen nuevas infracciones y sanciones para los responsables de bases de datos personas y se tipifican delitos informáticos.

El documento fue el resultado de un arduo trabajo desarrollado por la Comisión de Economía desde mediados de junio de 2010 y contiene numerosas mociones presentadas por diversos parlamentarios sobre el tema y que se tramitan tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Asimismo incluye las ideas contenidas en diversas iniciativas de ley que se tramitan tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entre ellos,  el proyecto iniciado en Mensaje que introduce modificaciones a la ley sobre protección de la vida privada y sobre acceso a la información pública.

El anteproyecto contiene normas y disposiciones que requieren del patrocinio del Ejecutivo pero en lo fundamental, contiene cuatro principios esenciales que son: reforzar en el ámbito de la potestad legislativa la garantía fundamental de respeto y protección de la vida privada de las personas y sus familias asegurada en la Constitución.

Legislar desde la perspectiva del titular y propietario de los datos personales, para dotarlo de mecanismos jurídicos idóneos que le permitan ejercer el "derecho de acceso" y, por ende, autorizar y controlar el procesamiento de los antecedentes nominativos que lo individualizan y que le pertenecen.

Subsanar los problemas derivados de la inexistencia de un registro público y obligatorio de responsables privados de bases de datos, así como de la falta de un órgano fiscalizador autónomo o autoridad de control que administre dicho registro.

Y, aumentar las condiciones, cargas, obligaciones y responsabilidades de los responsables de las bases de datos, tanto del sector privado como del público.

Esto significa que existe un cambio del enfoque global de la legislación explicitando y adoptando la perspectiva del autocontrol y propiedad de los datos personales a favor de sus titulares.

Por otro lado, se definen mejor el concepto de datos sensibles o personales y la prohibición de su tratamiento por regla general, salvo autorización legal o del titular, asegurando que sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos.

Asimismo se regula la transferencia internacional de datos personales, adecuándolos a los estándares internacionales de la OCDE y la Unión Europea.

DEMANDAS COLECTIVAS

ImagenUna disminución sustantiva en los plazos de tramitación judicial de las demandas colectivas en defensa de los consumidores es el objetivo que persigue el proyecto originado en una moción de los senadores Alberto Espina, José García y Lily Pérez y que cumple su segundo trámite, en la Cámara Baja.

Por estas razones, los parlamentarios Espina y García se reunieron con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine para solicitarle el apoyo del Ejecutivo para que otorgue suma urgencia al proyecto, es decir, un plazo de 15 días para que la iniciativa sea tramitada en cada rama legislativa.

El senador Espina, integrante de la Comisión de Economía recordó que la propuesta legal "fue aprobada en forma unánime por la Sala del Senado y ahora cumple su segundo trámite en la Cámara de Diputados".

Mencionó que "si el texto legal estuviera vigente permitiría acortar significativamente los juicios y demandas colectivas que se siguen contra la multitienda La Polar, por la vulneración de sus derechos".

Precisó que en lo fundamental, "el proyecto elimina la etapa de admisibilidad de la demanda colectiva porque se ha prestado para dilaciones y demoras de más de 4 años, antes de que el tribunal comience a analizar el fondo del libelo".

Mencionó que "un juicio de este tipo no debiera demorar más de 6 meses y para eso debemos contar con una legislación moderna que restituya los derechos de los consumidores que se han sentido defraudados".

En la misma línea, el senador García Ruminot, explicó a modo de ejemplo que "la demanda colectiva por La Polar debería estar representando a un universo potencial de 100 mil personas porque muchas de ellas no revisan sus cuentas ni hacen valer sus derechos".

Por estas razones recalcó que "este proyecto que acorta los plazos de tramitación de este tipo de demandas es muy importante, porque cuando la acción judicial se demora y se prolonga más allá de lo razonable, la gente siente que no se hace justicia".

Por su parte, el ministro Fontaine señaló que este es un proyecto que al Gobierno le parece conveniente porque "remueve una demora absolutamente innecesaria en los procesos colectivos de defensa de los intereses de los consumidores". Por eso, se comprometió a estudiar el tema para efectos de agilizar su trámite en el Congreso.

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