Expresan dudas de constitucionalidad en proyecto sobre lucro en la educación

Por más de cinco horas se extendió la sesión de la Comisión de Educación del Senado que se abocó a analizar el proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, debate que estuvo cruzado por los efectos que tendría la iniciativa en aquellos establecimientos que entran en esa categoría y por la eventual presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en el caso de aprobarse la iniciativa.

En la tercera sesión de audiencias expusieron los representantes de la Asociación Gremial del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior, CONIFOS; Cristián Bellei, del Centro de Investigación Avanzada Educacional de la Universidad de Chile; Jaime Gajardo, del Colegio de Profesores y Rodrigo Delaveu, director del Programa de Justicia del Instituto Libertad y Desarrollo.

Si bien casi todo el encuentro estuvo centrado en analizar información y estudios acerca de los resultados que ha tenido el actual sistema educativo, su cobertura, la existencia del financiamiento compartido y temas como el lucro en educación, el punto que generó un debate más intenso se dio cuando el representante del Instituto Libertad y Desarrollo manifestara que la iniciativa adolece de una insalvable constitucionalidad por lo cual habría que hacer las reservas correspondientes.

Lo anterior derivó en que los senadores Jaime Quintana y José Antonio Gómez, llamaran la atención respecto de las implicancias que tendría una presentación ante el Tribunal Constitucional; mientras el senador Alberto Espina manifestó que el rol de dicho organismo está definido en la Constitución precisamente cuando existen dudas respecto de la constitucionalidad de determinada norma.

Cabe señalar que en esta sesión también estuvieron presentes el Presidente y Vicepresidente del Senado, Guido Girardi y Juan Pablo Letelier; los senadores Lily Pérez, Ena Von Baer y Alberto Espina, además de los diputados Cristina Girardi y Carlos Montes.

La senadora Lily Pérez insistió en que el sentido del proyecto en ningún caso es afectar la educación particular pagada sino que dar luz verde a una discusión que no se puede eludir en cuanto a la prohibición de los aportes estatales a los establecimientos con fines de lucro. En ese contexto señaló que se trata de un cambio a mediano y largo plazo por lo que hay que evaluar cómo se combina eso con el tipo de educación pública que se quiere para el país.

La senadora Von Baer planteó su inquietud por los efectos que puede tener esta iniciativa en los establecimientos con fines de lucro que agrupan a un millón 200 mil alumnos. En tal sentido, dijo que es necesario cumplir el acuerdo adoptado en la Comisión de Educación, de escuchar a la mayor cantidad posibles de instituciones o especialistas en la materia.

EFECTOS Y EXPOSICIONES

Los primeros en hacer uso de la palabra fueron Ricardo Correa y Marcelo Sanhueza de CONIFOS, asociación que agrupa a 22 Centros de Formación Técnica y 14 Institutos Profesionales (IP), quienes señalaron que esas entidades prácticamente no reciben apoyo estatal directo o indirecto del Estado, por la forma en que está concebido dicho aporte.

Luego expuso sobre las particularidades del sistema educacional el representante del Centro de Investigación Avanzada Educacional de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, quien citó una serie de estudios internacionales que señalan que las universidades de calidad en el mundo o son públicas o son instituciones sin fines de lucro.

Agregó que el Estado ha tenido un trato financiero generoso con los establecimientos privados con fines de lucro y que el actual sistema educacional ha generado una hipersegregación con la existencia del sistema de financiamiento compartido, uso masivo de la selección y uso masivo de mecanismos de expulsión.

A su turno, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, entregó su respaldo a la iniciativa y señaló que ésta en ningún caso busca terminar con el sistema subvencionado privado, sino que evitar que establecimientos con fines de lucro reciban aportes estatales. Agregó que en Chile el sistema educativo fue y es mixto y que nadie ha puesto en cuestión aquello.

Indicó que se debe avanzar en la modificación del sistema de financiamiento, pues el éxodo del sector municipal al particular subvencionado se debe a la forma de financiamiento que es competitivo.

Luego, el representante del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveu, recordó que el 83% de los dueños de colegios con fines de lucro poseen un solo establecimiento, por lo que se trata de pymes y no de grandes conglomerados. Agregó que si se quiere reducir el lucro excesivo en educación, se debería promover que exista más oferta, por lo que no se explica cómo reducir colegios va a aumentar la oferta y por tanto dar mayor diversidad. Indicó que desde el punto de vista constitucional la iniciativa es expropiatoria y adolece de una insalvable constitucionalidad.