Incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo dieron importante paso

En condiciones de ser analizado por la Comisión de Hacienda quedó el proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo. Ello, luego que la Comisión de Educación terminara con el estudio en particular y despachara la iniciativa.

Así lo explicó el presidente accidental de la citada instancia, senador José Antonio Gómez, tras señalar que lograron aprobar una serie de indicaciones tendientes a generar mayor transparencia en información.

Agregó que presentó cerca de 30 indicaciones -algunas de las cuales fueron declaradas inadmisibles, otras aprobadas y otras rechazadas- pues su principal preocupación dice relación con que se "está permitiendo a las empresas realizar investigación intramuros y se les da una compensación tributaria permitiéndoles que hagan una investigación con fines de tener una vinculación directa con las universidades. Mis indicaciones están  destinadas a lograr que la investigación que se desarrolle tenga que ser preferentemente en Chile, porque también puede ser internacional, y que tengan vinculación con universidades y centros ya establecidos".

Del mismo modo indicó que "mi preocupación es que los recursos que se utilicen y que finalmente termine siendo una investigación provechosa que tenga un interés para Chile y no solo un interés para las empresas".

El senador Gómez manifestó que "en general el Ejecutivo logró la mayoría para mantener el proyecto con los fundamentos que quiere, sin perjuicio de eso logramos generar más transparencia e información y vamos a insistir con algunas indicaciones".

RECTORES Y SUBVENCIONES

Previamente, la Comisión de Educación realizó una sesión a principios de semana para iniciar la discusión del proyecto que modifica la ley de subvenciones escolares en materia de rendición y conocer la exposición del presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Aldo Valle, sobre el proyecto relativo al nuevo trato del Estado con las universidades estatales que fue presentado por los senadores José Antonio Gómez, Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana y Ximena Rincón.

Respecto del proyecto de subvenciones, éste se aprobó en particular y en general y en lo fundamental establece que "cada rendición deberá llevar la firma del director del establecimiento educacional correspondiente, mediante la cual se confirmará el visto bueno de éste frente a lo presentado por el sostenedor previo conocimiento del consejo escolar".

En lo relativo al proyecto sobre nuevo trato de universidades, los senadores Gómez y Ena Von Baer coincidieron en que es necesario discutir un nuevo estatuto para las universidades del Estado.

"Creo que tenemos que discutir un nuevo estatuto para las universidades estatales, porque para mejorar la calidad y el aporte que hacen a la docencia y a la investigación, no solo se trata de más recursos, sino que se trata también de un nuevo estatuto y ese es el tema que yo veo que falta discutir en el día de hoy y poder entrar con mayor detalle en cómo vamos a ir mejorando el rendimiento general de las universidades del Estado si es que se decide, como plantean los rectores, aumentar los fondos", dijo la senadora Von Baer.

Agregó que "tenemos que preocuparnos no solo de aumentar los fondos, sino que la calidad de la investigación como de la docencia. Este tema es un área donde el Ejecutivo va a mandar en su momento su proyecto, así que probablemente vamos a avanzar con los otros que tenemos en Comisión antes, pero tendrá que llegar el proyecto".

Por su parte, el senador Gómez manifestó que "planteamos la necesidad de que de una vez por todas, el Estado se haga cargo de sus universidades. Hemos presentado este proyecto con la idea que se establezcan los principios y la idea de que el Estado tiene universidades y obligaciones respecto de ellas".

Señaló que el recto Valle "planteó algo razonable, en el sentido que si el Estado se hace cargo de sus universidades tiene que haber un estatuto igualitario para todas, pero eso es un cambio de fondo que no sé si este gobierno está dispuesto. Nosotros estamos dispuestos, creo que es razonable que el Estado tenga universidades y que reciban recursos contra programas, contra rendiciones, contra efectividad y con una obligación que el Estado les ponga para los efectos de lo que al país le interesa".

Del mismo modo, dijo que "estamos abriendo el debate porque necesitamos que el Gobierno se haga cargo de esta situación".

A su turno, el rector Aldo Valle manifestó que "lo que se requiere para las universidades del Estado es un nuevo estatuto jurídico, patrimonial financiero, administrativo, porque los estatutos que tienen hasta la fecha datan desde 1981 donde había un sistema universitario en Chile muy distinto desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo".

En tal sentido, dijo que "la orientación de esa legislación nueva es construir y configurar una relación del Estado con sus universidades que no puede ser la que actualmente tiene, que es una relación de distancia, de indiferencia, cuando no de desconfianza. La invitación es que las universidades del Estado demandan ciertas obligaciones y deberes del Estado, pero éste a su vez tiene perfecto derecho a encomendar a estas universidades ciertos objetivos de política pública y estas universidades deben estar disponibles para cumplir una cierta misión o mandato que el Estado les encomiende".