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  Sanciones a matonaje escolar van a Sala con respaldo unánime de la Comisión de Educación

  La instancia aprobó la idea de legislar sobre la iniciativa que establece una serie de responsabilidades para todos los actores de la comunidad educativa y sanciones para establecimientos que ignoren conductas de maltrato y agresión.

8 de septiembre de 2010

Cumpliendo el compromiso de tramitar de manera urgente el proyecto que sanciona el bullying o violencia escolar, la Comisión de Educación del Senado aprobó en forma unánime la idea de legislar sobre la iniciativa que establece deberes y también sanciones a los establecimientos que pasen por alto este tipo de conductas.

Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador Ignacio Walker, quien junto al senador Hernán Larraín destacaron la importancia de haber entregado una señal contundente en esta materia.

"Los casos que hemos conocido demuestran que hay una nueva conciencia  en la sociedad chilena sobre un tema que ha permanecido sumergido. No es que no haya existido sino que ha habido códigos de complicidad y de silencio que son propios de estas conductas, tal como en su momento fue la violencia intrafamiliar o los delitos sexuales que hoy día la sociedad  sanciona en la medida que emergen", señaló el senador Walker.

Agregó que más que sanciones, el proyecto contempla "derechos y deberes al interior del establecimiento educacional, de los profesores, de los alumnos, de los directivos. Son modificaciones a la Ley General de Educación y se fijan sanciones de multa a los establecimientos educacionales que no tomaren cartas en este asunto o no tomaren las medidas adecuadas".

Tales sanciones pueden llegar a las 50 UTM, lo que asciende a una cifra cerca de $1.800.000.

El senador Walker precisó que tras la aprobación en general, corresponde que la iniciativa sea analizada en la Sala del senado y luego vuelva a la Comisión de Educación para su estudio en particular, oportunidad en que se pueden introducir algunos cambios que apunten a perfeccionarla.

No obstante, señaló que "no queremos criminalizar, queremos más bien hacer pedagogía, establecer derechos y responsabilidades, sanciones de multa a los establecimientos y cuando se incurre en delito eso va a la justicia del crimen y ahí interviene el Ministerio Público. Pero no estamos hablando de meter a la cárcel a esta gente que comete actos de matonaje, sino que crear conciencia sobre la base de derechos y deberes. La señal que estamos dando es muy potente".

TEMA REAL

Por su parte, el senador Larraín manifestó que "el tema de la violencia escolar es un tema real, que ha crecido y que estaba debajo de la alfombra. Me parece que ha sido bueno sacarlo a la vista y tratar de limpiarlo, porque son muchos los niños y adolescentes que sufren la violencia en el ámbito escolar sobre lo cual no se ha hecho mucho".

Al parlamentario aclaró que "este proyecto no solamente sirve para poner este problema en el tapete, sino que propone dentro de la Ley General de Educación, deberes y obligaciones para con los propios escolares, los profesores, los docentes y directivos de manera de poder evitar que esta conducta prolifere y tomar medidas para que los establecimientos sean verdaderas instancias de educación, de disciplina y que se eviten este tipo de ambientes".

En tal sentido, el senador Larraín dijo que "la comunidad escolar tiene mucho que hacer en esta materia y esperamos que un proyecto de esta naturaleza pueda servir para poner término a esta proliferación de abusos escolares, de acosos y de hostigamiento que muchas veces entre  los propios jóvenes, aprovechando las debilidades de algunos, convierten la vida para esos jóvenes en un verdadero infierno".

En lo fundamental, la iniciativa establece que es deber de los integrantes de la comunidad escolar evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de hostigamiento y acoso sostenido entre alumnos y hacia sus profesores o asistentes de la educación, sea éste cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales o cibernéticos.

Por otra parte, los profesores y los equipos docentes directivos tendrán el deber de evitar ese tipo de conductas y denunciarlas a objeto de aplicar sanciones cuando correspondan.

Asimismo, se señala que será un "deber prioritario" de la Comunidad Escolar promover y velar por una sana convivencia escolar en donde esté estrictamente prohibido toda forma de agresión física o psicológica entre sus miembros, incluyéndose alumnos, profesores, directivos y asistentes de la educación. Para ello, se deberá constituir un Comité denominado de la Sana Convivencia Escolar.

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