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  2% de los cupos para cargos públicos serían reservados para personas discapacitadas

  Comisión de Gobierno estudiará la iniciativa presentada por los senadores Baldo Prokurica, Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath y Carlos Larraín Peña.

28 de diciembre de 2011

Con el fin de obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, los senadores Baldo Prokurica, Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath y Carlos Larraín, presentaron una moción que reserva un cupo del 2% para dichas personas en los concursos públicos de los organismos que forman parte de la Administración del Estado.

Con ello la iniciativa, que modifica las normas sobre igualdad de oportunidades e Inclusión Social de personas con discapacidad, fue remitida a la Comisión de Gobierno para su análisis.

En lo fundamental, el texto legal señala que "los concursos destinados a proveer vacantes de cargos civiles en los organismos que formas parte de la Administración Pública, deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para los empleos respectivos".

Añade que "los organismos encargados de la selección efectuarán las adaptaciones necesarias, materiales o temporales, para asegurar que las personas con discapacidad cumplan las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto de los candidatos".

Los autores de la moción explicaron que "entre las múltiples barreras que deben enfrentar las personas con discapacidad una de las más graves, y de efecto económico-social más negativo, la constituye la dificultad que ellas encuentran en el acceso a los puestos de trabajo, pues para nadie es un misterio que, salvo honrosas excepciones, en igualdad de condiciones se prefiere contratar a trabajadores que no sufran de ninguna discapacidad".

Recordaron que "las normas de la Ley N°19.284, tienen por objeto establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas, y que también creó el Fondo Nacional para la Discapacidad, FONADIS".

En ese sentido, indicaron que "el 10 de octubre de 2010 se promulgó la Ley 20.422, que estableció las normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Dicho proyecto fue un gran avance en materia legislativa en el reconocimiento de los derechos sociales y económicos y dentro de estos, sobre la inserción laboral efectiva tanto en el ámbito público como privado".

No obstante, precisaron "pese a que en las normas sobre  la Igualdad de Oportunidades, se establece como obligación del Estado el garantizar la equidad en las oportunidades de postular a cargos en la administración pública, y de nuestra insistencia en solicitar el patrocinio del Ejecutivo, no se consignó un porcentaje mínimo efectivo de cupos laborales para ser ocupados por personas con discapacidad".

Los parlamentarios comentaron que "la legislación nacional no contempla medidas precisas destinadas al aseguramiento de cupos de trabajo, a lo menos en el sector público, a las personas con discapacidad, y que cumplan los requisitos y condiciones para ejercer los empleos que se ofrecen, como si ocurre en otras naciones de legislación más avanzada".

Dijeron que desde el 2010, la legislación española elevó "del tres a cinco por ciento, la proporción de las vacantes que deben ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento. Asimismo, en Argentina, se estableció, que el Estado, junto a sus organismos descentralizados, y los entes públicos no estatales, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal".

Argumentaron que "que nuestro país puede y debe dar un paso adicional, estableciendo una política similar, garantizando que en los concursos mediante los cuales se llame a llenar vacantes civiles en las instituciones que forman parte de la Administración del Estado, una porción de ellos sea reservada a personas con discapacidad. De esta forma estaremos avanzando de manera más decisiva en la plena integración de estos compatriotas".

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