Proyecto que incrementa sanciones para el delito de robo de cajeros automáticos ya es una realidad

Por 26 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado despachó el articulado del proyecto que incrementa las sanciones para el delito de robo de cajeros automáticos.

Posteriormente, la Cámara de Diputados ratificó el texto legal emanado del Senado, de este modo, la iniciativa que tipifica dicho delito, aumenta las penas para quienes infrinjan las normas legales y establece nuevos requerimientos de seguridad a los bancos que posean estos aparatos en diversos lugares del país, quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República.

Durante el debate intervinieron los senadores Fulvio Rossi, Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Hosaín Sabag, Alejandro García-Huidobro, Mariano Ruiz- Esquide, Jaime Orpis, Ricardo Lagos Weber, Víctor Pérez, Jose Antonio Gómez, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana, Gonzalo Uriarte y José García Ruminot.

El senador Rossi, en su calidad de presidente de las Comisiones Unidas de Gobierno y Constitución entregó una cuenta de la iniciativa y resaltó la participación que tuvieron destacados juristas y los equipos técnicos que analizaron el texto legal. Recordó que "este proyecto forma parte de la agenda de trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior, la banca y la Subsecretaria de Prevención del Delito para combatir este tipo de robos que afecta no solo a la banca o los seguros sino a las personas muchas veces de sectores humildes y rurales,  que usan estos servicios".

Precisó que la penalidad que se aplica al robo de cajeros es muy baja porque se trata de un delito de robo frustrado, por ello se aumentan las sanciones y se le entrega la responsabilidad a la banca de implementar medidas de seguridad. En ese sentido, defendió el trabajo de las Comisiones Unidas y lamentó que "existan visiones sobre ideologizadas o demagógicas" que, en definitiva, dijo,  "terminen enviando una señal equivocada al crimen organizado en el sentido de que no sería grave robar un cajero".

IMPROVISACIÓN

A su turno, el senador Navarro lamentó se siga improvisando en materia de combate a los delitos ya que con este tipo de proyecto "las cárceles se siguen llenando". Hizo notar que no es partidario de que se aumenten las sanciones para el robo de cajeros automáticos, y se mantenga la misma figura y penas para quienes roben pequeños almacenes de barrio, jardines infantiles o postas de salud". En ese sentido dijo que "el proyecto por un lado, trata de caracterizar la introducción de un servicio público y luego dice que es para la protección del bien público".

Una opinión distinta tuvo el senador Hernán Larraín, quien aseveró que "este proyecto es valioso y necesario por los beneficios sociales que se infieren. El sistema de cajeros ha permitido a centenares de trabajadores de zonas rurales que puedan usar la banca fuera de horas de trabajo".  Agregó que el robo de cajeros perjudica a la población y por eso también se consideran normas para que los bancos aumenten las medidas de seguridad.

El senador Espina coincidió con su par y señaló que este es un proyecto "sencillo útil y necesario" para combatir el robo de cajeros automáticos ya que en la actualidad tenemos una interpretación tal que permite que "el delincuente que fuerza un cajero, lo  saca de su base, lo sube a una camioneta y luego lo abandona tras ser perseguido por la policía enfrenta penas ridículas por robo frustrado, es decir no más de 60 días".

PENA MENOR

A su vez, el senador Zaldívar, añadió que en la actualidad la figura que se aplica a este tipo de delito es de robo frustrado y eso deja con una pena menor o sin ninguna sanción a este tipo de robos. Agregó que por ello se tipifica el delito considerando la gravedad del mismo y el daño que produce, ya que la mayoría de las veces incluye el robo de vehículos. Dio a conocer además el caso de varias comunas agrícolas en su región que se han quedado sin cajero porque se lo robaron y recalcó que el texto legal  impone una serie de obligaciones a las entidades bancarias.

El senador Sabag indicó que este es un delito donde participan bandas organizadas y "debido a la falta de tipificación en el Código quedan libres al poco tiempo y planifican nuevos robos". Asimismo resaltó que el texto legal estipula la obligación de que las instituciones bancarias dispongan de medidas mínimas de seguridad en instalación de los cajeros automáticos, las que deben incorporar la ubicación, el entorno, sistemas de anclaje, alarma y grabación, así como mecanismos de protección contra elementos cortantes o fundentes".

SEÑAL DE TRANQUILIDAD

El senador García-Huidobro puntualizó que la iniciativa busca dar "una señal de tranquilidad en los lugares donde ha costado mucho instalar los cajeros, especialmente en sectores apartados y donde los mayores afectados de estos robos son quienes usan y necesitan los cajeros". Recordó que muchas de estas bandas atacan a personas inocentes que son quienes cuidan los cajeros sin que la ley los respalde.

A su turno, el senador Ruiz-Esquide justificó su voto en contra tras realizar una profunda reflexión sobre el proyecto, ya que "pareciera que si los bancos se ven agraviados retiran los cajeros de los lugares donde se necesitan". A su juicio, "o esto es un negocio y ellos defienden sus cosas o bien es un servicio público y los bancos no ganan lo que ganan". Indicó además que "existen una serie de otros temas urgentes que nos tocan y no es prioridad apoyar o ayudar al sistema bancario", dijo.

El senador Orpis precisó que "hoy los cajeros automáticos cumplen una función importante, ya que los bancos están protegidos con los seguros y el énfasis está en tratar de que estos dispensadores presten los servicios que corresponde". Aclaró "esta norma aumenta la penalidad del delito" y aunque se diga que se siguen llenando las cárceles, este es un proyecto específico y disuasivo. Además "la buena noticia es que hemos cambiado el eje de la discusión porque la semana pasada se aprobaron dos cuerpos legales sobre libertad condicional y el que establece penas alternativas".

"NO HAY DESINCENTIVO"

A su vez, el senador Lagos Weber, manifestó que a su juicio, "con este proyecto no se genera ningún desincentivo y lo que me preocupa es el criterio o la prioridad que busca el gobierno cuando se dice voy a sancionar el robo y qué dejo hacer por pedir esta legislación". Precisó que no entiende la lógica para sostener que este delito merezca una pena superior al que se aplica por ejemplo al robo a un almacén. "Creo que están mal puestas las prioridades. Los cajeros se protegen solos, en cambio el consultorio o los jardines infantiles no lo hacen", dijo.

Una visión contraria dio a conocer el senador Víctor Pérez, quien recalcó que votó a favor de esta iniciativa para "defender a gente de poblados pequeños  y que están más desvalidos frente a la delincuencia. Queremos que este servicio se expanda. Esa es la señal", dijo. Agregó que "el banco sabe que la gente está obligada a ir a la sucursal que se ubica en la capital provincial pero con este proyecto lo que haceos es dar posibilidades para que el servicio se acerque a la gente. No estamos defendiendo a los bancos, el proyecto impone una serie de obligaciones a los bancos" y en cuanto al aumento de penas recalcó que "no estamos hablando de delincuentes ocasionales, son bandas organizadas e ilícitas para obtener grandes ganancias".

A su turno, el senador Gómez precisó que "la discusión no es si los cajeros son o no parte importante del desarrollo del país, sino que el proyecto incidirá en tener más gente presa y no impedirá que sigan los robos". Aseveró que "hubiera preferido que el texto legal también hubiera hecho responder a los bancos cuando se les roba a las personas al interior de los cajeros automáticos". A su juicio, es inconveniente que  "se otorgue otra obligación a Carabineros de fiscalizar que los cajeros tengan medidas de seguridad". Añadió que un tema relevante que debiera estar en discusión es el proyecto sobre la tasa máxima convencional.

COMUNAS RURALES

Por su parte, el senador Coloma, expresó su sorpresa por las críticas al proyecto ya que en muchas comunidades de regiones existe una demanda social para contar facilidades de acceso a estos servicios. "Represento a una región rural y obviamente existen dificultades en los accesos a muchos bienes", dijo. Por eso consideró que "este proyecto es un avance a la modernidad. Este es un proyecto social y no creo que vaya a maximizar la utilidad de un banco por tener un cajero en Licantén o Curepto, pero sí servirá a la gente de dichas zonas".

En tanto, el senador Quintana precisó que no cree que el proyecto "vaya a resolver el problema de inseguridad que genera el robo de cajeros, está más bien diseñada a medida de los bancos" y agregó que  "lo que el proyecto hace es aumentar las penas y llamó a ser consecuentes con otras normativas que hemos aprobado en el Congreso y que apuntan a dejar en las cárceles a quienes cometan delitos de sangre y no a aquellos que atenten contra la propiedad".

A su turno, el senador Uriarte dijo que "no es justo para la sociedad que hasta ahora ha perdido todas las batallas contra la delincuencia, que retrocede y cede espacios y se siente desprotegida", no avanzar en esta materia. Añadió que "mantener el statu quo solo beneficiaría a los delincuentes profesionales que tienen que estar dispuestos a movilizar una verdadera empresa que involucra un despliegue y una violencia muy organizada". Recalcó que "no aprobar este proyecto es retroceder en la lucha contra la delincuencia y permitir que los delincuentes gocen de la impunidad".

Finalmente, el senador García Ruminot se sumó a las palabras de su par, porque tenemos que contribuir a la lucha contra la delincuencia en todos los frentes y en todos los delitos. Lo importante es hacer los esfuerzos necesarios para que el crimen organizado no tenga éxito en el país". Recordó que muchas veces, aun cuando los delincuentes son sorprendidos con los cajeros intactos, el delito pasa a ser frustrado con una pena que no supera los 61 días. Asimismo descartó que no exista interés en el Senado por abordar otros temas, tales como, el proyecto que regula la tasa máxima convencional.