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  Agilizarán regularización de los títulos de dominio de las propiedades afectadas por el terremoto

  La iniciativa beneficiará a las personas damnificadas y domiciliadas entre las Regiones de Valparaíso y La Araucanía, al momento de postular a un subsidio de reparación o reconstrucción.

28 de julio de 2010

Listo para ser promulgado como Ley de la República quedó el proyecto que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posición y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero.

Ello, luego de que la Sala del Senado aprobara en forma unánime, la idea de legislar y el articulado de la iniciativa, que agilizará los procedimientos para que las personas damnificadas entre las Regiones de Valparaíso y La Araucanía puedan postular a los subsidios de reparación y reconstrucción que entrega el gobierno. Posteriormente, el texto legal fue ratificado y despachado también por la Cámara de Diputados, en su tercer trámite.

Durante el debate intervinieron los senadores Camilo Escalona, José García Ruminot, Baldo Prokurica, Juan Pablo Letelier, Hernán Larraín, Alejandro Navarro, Hosaín Sabag, Ximena Rincón, Jaime Quintana, Eugenio Tuma, Pablo Longueira, Jovino Novoa y el Presidente del Senado, Jorge Pizarro

Los parlamentarios coincidieron en valorar este beneficio que se aplicará a las solicitudes de regularización que se presenten a partir de la vigencia de la ley y por el plazo de un año, no obstante, los senadores Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro y Jaime Quintana manifestaron algunas inquietudes en cuanto a la eficacia de los procedimientos para postular.

GRATUIDAD DE LOS TRÁMITES

El senador Camilo Escalona recalcó la necesidad de aprobar en forma urgente esta iniciativa debido a que establece la gratuidad de las solicitudes de regulación de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz.

A su turno, el senador José García Ruminot, indicó que "uno de los requisitos que se les exige a los damnificados para poder postular a estos beneficios es que demuestren la propiedad del inmueble que se dañó, sin embargo, muchas de ellas a la fecha del sismo, se encontraban sin estar legalmente inscritas en el Conservador de Bienes Raíces". Por ello, se espera regularizar unas 36 mil propiedades al año.

En tanto, el senador Baldo Prokurica, destacó la delimitación en el tiempo y la focalización que posee esta iniciativa y que generarán las condiciones para que el Estado pueda entregar los subsidios a las personas que han resultado afectadas por el terremoto y maremoto.

El senador Juan Pablo Letelier dejó constancia de que la Comisión de Vivienda está discutiendo las políticas de reconstrucción y este tipo de iniciativas también debería pasar por esa instancia. Además, impulsó una indicación para aclarar que la condición de damnificado es acreditada por las Direcciones de Desarrollo Comunitarios (Didecos) y no solo por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.

Dicha petición fue declarada inadmisible por la Mesa del Senado que encabeza su Presidente Jorge Pizarro, por aludir a funciones de un organismo del Estado. Se estimó además que la actual redacción  tanto por una vía como por otra se cumple el objetivo de acreditar la condición de damnificados.

Los senadores Pablo Longueira y Jovino Novoa respaldaron esta interpretación ya que tal como está redactado el proyecto no se anulan las posibilidades que tienen las personas para postular a estos subsidios y solo se facilita el procedimiento para acreditar la calidad de damnificado.

El senador Hernán Larraín, también coincidió con dicha interpretación y pidió no demorar la tramitación del proyecto. Precisó que "hoy día existen unas 220 mil personas que tienen la documentación de los municipios y que incluye encuesta que hace el registro de los Didecos, más este certificado de la Dirección de Obras y  la Ficha de Protección Social".

Por su parte, el senador Alejandro Navarro expresó su inquietud por el plazo de un año que entrega el proyecto para regularizar la pequeña propiedad raíz. "Este proceso va a requerir mucho dinamismo y compromiso, en especial de los municipios que están colapsados para atender procedimientos administrativos".

En esa línea, el senador Jorge Pizarro consultó sobre los recursos que contempla este proyecto para que los municipios enfrenten este trabajo extraordinario. Le respondió su par, el senador José García Ruminot, quien explicó que el proyecto tiene un costo de 3.062 millones de pesos y los recursos están contemplados en el Presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales.

Por su lado, el senador Hosaín Sabag, hizo énfasis en "lo oportuno que resulta esta iniciativa que  va a beneficiar a miles de familias de las áreas afectadas". Destacó que de forma práctica "la iniciativa va a llevar una solución real, para las personas que deseen reparar o reconstruir sus viviendas.

La senadora Ximena Rincón, mencionó la realidad que existe en numerosas zonas rurales donde el requisito del título de dominio de la propiedad para acceder a los subsidios se ha convertido en un impedimento grave para que miles de familias puedan acceder a los beneficios del gobierno. Asimismo se refirió a la necesidad de revisar los recursos humanos y económicos con que cuentan los municipios, las Seremis y las Direcciones de Obras para implementar esta normativa.

Compartió los reparos e inquietudes, el senador Jaime Quintana quien aseveró que hay que procurar "no desordenar más el actual sistema y evitar complejizar los requisitos que se solicitan para acceder a los subsidios, ya que podrían pasar por lo menos dos años antes de que se vea la primera vivienda por subsidio de reconstrucción en el país".

El senador Eugenio Tuma, destacó la iniciativa y manifestó que este beneficio también debería ser aplicable a otros damnificados que han perdido sus propiedades por fenómenos naturales, como en el caso de las inundaciones en 2008 en La Araucanía. Precisó que en este caso el  presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales no se amplía sino que se destinan recursos especiales para ir en ayuda de los damnificados.

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