Amplio acuerdo para que el Ejecutivo entregue información en materia presupuestaria al Congreso

Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado al proyecto que regula la forma y los plazos en que el Ejecutivo deberá entregar información en materia presupuestaria al Congreso. Ello, pues aprobó por unanimidad la iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores José Antonio Gómez, Camilo Escalona, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Alejandro Navarro, a la cual se le introdujo una indicación sustitutiva fruto del acuerdo entre el Parlamento y la Dirección de Presupuestos.

Ahora corresponde que el proyecto sea estudiado por la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional.

Durante la votación, intervinieron los senadores Camilo Escalona, Hosaín Sabag, Jovino Novoa, Carlos Larraín, Baldo Prokurica, José Antonio Gómez, José García Ruminot, Alejandro Navarro y Ricardo Lagos, quienes destacaron los alcances del proyecto y sus efectos en el seguimiento de la Ley de Presupuestos de cada año.

Cabe precisar que la iniciativa busca posibilitar el acceso, por parte del Congreso Nacional, a la información relativa a los decretos que dispongan modificaciones o reasignaciones presupuestarias, al conocimiento desagregado de las partidas contenidas en el proyecto de ley de presupuestos, y al estado de la ejecución presupuestaria.

Asimismo, apunta a establecer facultades para solicitar, vía oficio, información relacionada con el presupuesto de la Nación a los distintos organismos de la Administración Central del Estado y a las Empresas del Estado consideradas en el presupuesto de la Nación.

ACUERDO

El senador Escalona recordó que esta iniciativa fue expresamente trabajada con los representantes del Ejecutivo, específicamente con la Dirección de Presupuesto, y que fue fruto de un trabajo largo y minucioso. Agregó que ella permitirá contar con información más oportuna y más detallada, lo que la convierte en un mejor instrumento desde el punto de vista de ejecución del Presupuesto.

Del mismo modo, precisó que las normas establecidas sugieren que el gobierno que esté en funciones no pueda hacer un mal uso de los programas de inversiones dando a conocer en campaña proyectos que después no se van a realizar.

En tanto, el senador Sabag destacó los alcances del proyecto señalando que éste recoge la mayoría de las inquietudes que habitualmente se plantean en la discusión de la Ley de Presupuestos, lo que permitirá sistematizar el debate y evitar que se presenten una serie de indicaciones solicitando transparencia en los gastos, pues ello estará contemplado por ley.

El senador Novoa valoró el consenso logrado entre la Comisión de Hacienda y el Ejecutivo, en el sentido de hacer permanente lo que cada año se pide en la discusión de la Ley de Presupuestos. No obstante, manifestó que el Congreso recibe una cantidad enorme de información y que el principal problema es que no hay capacidad suficiente para procesarla, por lo que se requiere fortalecer la Unidad de Análisis Presupuestaria.

En tanto, el senador Larraín dijo estar de acuerdo con el incremento en el control que hace el Parlamento del gasto fiscal. No obstante planteó su inquietud respecto de si existe personal suficiente en el Congreso para hacer un análisis de los programas de inversión, por lo que planteó la necesidad de destinar el personal profesional necesario para ello.

El senador Lagos valoró que en los últimos años se haya avanzado en términos de transparencia del uso de los recursos públicos. Asimismo, destacó la disposición que permite saber si habrá modificaciones respecto de determinados proyectos de inversión aprobados para un determinado año.

Por su parte, el senador Prokurica dijo que es partidario de que haya transparencia en la administración de recursos por parte del Estado y planteó la necesidad de que también se pueda tener información respecto de las empresas del Estado. Recordó que cuando fue diputado pidió información respecto de los sueldos de los directores de Codelco, de TVN o de ENAMI, lo que nunca se le informó, argumentando que en la administración de los recursos del Estado se debe terminar la opacidad.

El senador Gómez destacó el acuerdo logrado y manifestó que es atribución del Congreso definir a un equipo de profesionales que haga un seguimiento de la información que se entrega por parte del Ejecutivo. Agregó que hay acuerdo transversal de cuál es el sentido del proyecto, que permitirá al Congreso cumplir con una obligación que es muy difícil conseguir habitualmente.

En tanto, el senador García Ruminot señaló que toda la información presupuestaria ya llega al Congreso, pero que es necesario reforzar la Unidad de Asesoría Presupuestaria de la Corporación para evitar que todos los datos se queden sin procesar. Del mismo modo, dijo que es necesario que el Parlamento pueda acceder a la información respecto de todas las empresas del Estado.

El senador Navarro manifestó que el proyecto va a sistematizar la información y constituirá un adelanto en la tarea propia de conocer cómo se ejecuta el presupuesto. Agregó que la iniciativa permitirá solicitar información a través de la Oficina de Informaciones, de la Unidad de Asesoría Presupuestaria, en las Comisiones o en Sala.

El proyecto impone al Ejecutivo la obligación de enviar a la Comisión Mixta de Presupuestos todos los decretos que dispongan modificaciones o reasignaciones al presupuesto aprobado, a más tardar 15 días después de su total tramitación.

Exige enviar información desagregada a nivel nacional y regional de los subtítulos que enumera, de las partidas de la Ley de Presupuestos, debiendo cada ministerio informar detalladamente los programas, proyectos, iniciativas o actividades a realizar con dichos recursos, así como a informar trimestralmente respecto de la ejecución presupuestaria, que contenga el nivel de avance en la ejecución, tanto física como financiera, de los subtítulos enumerados.

Del mismo modo faculta a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado para solicitar información relacionada con el presupuesto nacional, a los distintos organismos de la Administración Central del Estado como a las Empresas del Estado consideradas en el presupuesto de la Nación, imponiendo la obligación de dichos organismos y empresas de enviar la información solicitada en un plazo de 10 días, so pena de incurrir, el responsable, en incumplimiento grave de sus obligaciones.