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  Expresan dudas sobre impacto ambiental de millonario proyecto minero en la Región de Atacama

  Así lo informó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, senadora Soledad Alvear, luego que la instancia escuchara diversas autoridades locales y representantes de consultoras especializadas y comunitarias, quienes dieron a conocer sus observaciones a dicha iniciativa.    

18 de abril de 2012

A pesar que el proyecto de Minera Casale, que se ubicaría en la Región de Atacama, aún se encuentra siendo sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sus implicancias en la comunidad y sobre todo, en el recurso hídrico de la cuenca de Copiapó, fueron analizados en la Comisión de Medio Ambiente.

Así lo expresó la presidenta de la instancia, senadora Soledad Alvear, quien agregó que por tratarse de un tema muy complejo, donde se necesita escuchar en detalle a todos los sectores involucrados, se acordó que se llevará a cabo una segunda sesión para analizar dicha materia.

La  parlamentaria comentó que "es muy preocupante que a una Región que tiene tradicionalmente una escasez de agua y que está en periodo de sequía, pueda llegar una empresa minera que vaya a extraer cobre, oro y plata, donde se ocuparía grandes cantidades de agua. Es decir, alrededor de 900 litros por segundo".

Añadió que "en la próxima sesión, estudiaremos cómo se realizará este proyecto, de dónde se extraerá el agua y cuáles son los efectos que producirá en la Región de Atacama. La idea es que los parlamentarios aclaremos nuestras inquietudes y que las preguntas sean respondidas por las personas involucradas".

La legisladora puntualizó que junto con volver a invitar a los actores que participaron en la sesión, también extenderán dicha propuesta a los representantes de la Dirección de Aguas y alcaldes de las comunas que podrían estar afectadas.

Cabe recordar, que en la presente reunión participaron el Seremi de Medio Ambiente de la Región de Atacama, Mario Manríquez; director del Servicio de Evaluación Ambiental de la III Región, José Barrueto; alcaldes de Caldera y Copiapó, Brunilda González y Maglio Cicardini, respectivamente y  representantes de la Empresa Casale, Consultora Econorte, Junta Comunales de Caldera y Copiapó, entre otros. (Vea la sesión de la Comisión por TV Senado)

Asimismo, la titular de la Comisión de Medio Ambiente, sostuvo que entre las principales inquietudes que aún subsisten en este proyecto se encuentran  "conocer el plan estratégico que existe para los efectos de extracción de aguas; las fuentes de energía que utilizarán y el impacto vial que afectará a la zona, entre otros".

Añadió que "los dirigentes y Econorte nos señalaron que el proyecto contempla la  construcción de 15 pozos, lo cual dejaría evidentemente una situación muy compleja el agua. Si bien, no participamos como Congreso en la evaluación ambiental, como Comisión  podemos escuchar a todas las partes involucradas y luego dar a conocer nuestra opinión para que se tengan presente".

RECURSO HÍDRICO

La senadora Isabel Allende, quien representa la Región de Atacama en el Congreso, y que solicitó a la Comisión de Medio Ambiente llevar esta sesión para analizar dicho tema, recordó que conocía esta iniciativa desde hace tiempo "existe un desnivel de lo que es la presentación de un proyecto de una empresa y lo que la comunidad pueda responder, porque se tratan de temas técnicos complejos", explicó.

Agregó que "este tremendo proyecto tiene enormes impactos en la región que son innegables y que afectarían las redes viales, el medio ambiente; es necesario saber cómo se tratarían los tanques de relave, el manejo del cianuro, entre otros. Se trata de una iniciativa minera más grande de producción de oro y cobre en la zona, que en su momento peak emplearía a 8.000 personas durante la fase de construcción y luego, tendría 2.000  empleados contratados, una vez instalado".

Enfatizó que "me preocupa el recurso hídrico, este proyecto contempla un derecho que fue otorgado en el 2002, de 900 litros por segundo, de un lugar llamado Piedra Pómez, zona altiplánica donde se produce el nacimiento de varios afluentes de ríos que alimentan la cuenca de Copiapó".

Sobre la desalación de aguas, la legisladora sostuvo que "la explotación del acuífero de Piedra Pómez, generará un impacto de díficil y larga recuperación, que se proyecta suplir alimentando el proceso industrial minero con agua de origen marino, pero sólo si se comprueba una baja en el caudal de Piedra Pómez.. Esta solución tardaría de al menos tres años como lo consigna el plan de emergencia presentado por la empresa y generará una incertidumbre que debiese estar resuelta en el SEA, cosa que no ocurre, lo que reafirma la insuficiencia de la evaluación hidrogeológica del proyecto".

Precisó que "este proyecto merece una evaluación muy rigurosa y que no se consideró el impacto sobre la cuenca del río Copiapó. Lo oferentes dicen que es una cuenca difusa y profunda, pero no lo explicitan. La región posee una escasez hídrica y la Dirección Regional de Aguas no dijo nada a la hora de hacer observaciones a este proyecto; además, se dejado fuera al municipio de Caldera que se había preparado para todas sus observaciones que no han sido contestadas, esto demuestra el mal comportamiento de nuestro sistema de evaluación ambiental".

Puntalizó que "le envíe mis observaciones, vía oficio, a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez ".

COMPATIBILIZAR

A su vez, el senador Antonio Horvath indicó que "éste es un proyecto minero de gran envergadura, con una inversión de US$6.000 millones. La cuenca de Copiapó está hipersaturada, se ha entregado  cinco veces de más caudal de lo que es capaz de sostener".

Puntualizó que "es necesario aplicar los instrumentos como la zonificación del borde costero, que está mandatada por ley y en el caso del ordenamiento territorial y manejo integrado de cuenca, también se encuentra al interior de la legislación actual y no se ha utilizado".

El parlamentario aseguró que "durante décadas, las aguas no han sido manejadas por una planificación estratégica y el Estado hasta esta fecha se ha omitido de efectuar esta función tan primordial. La minería pretende invertir cerca de US$50 mil millones en los próximos años; la pregunta  es dónde, en qué caudal, con cuál energía y a costa de qué actividad local o nacional se hará, sino armonizamos todo esto a tiempo, estaremos en el peor de los mundos".

Mientras, el senador Prokurica, representante de la Región de Atacama reiteró que "en la cuenca de Copiapó, estamos en un problema extremadamente serio que ha sido generado por el crecimiento de la actividades mineras y agrícolas, pero además por la cantidad de habitantes que ha aumentado considerablemente y por el mal manejo de los derechos de aguas que se hicieron durante los gobiernos de la Concertación".

En ese sentido, informó que "en 1993 hubo un informe en la Dirección General de Aguas donde se sostuvo que habían más del doble de los derechos de aguas concedidos de lo que existían en el subsuelo. En esa época habían 6 mil litros por segundo entregados y desde del 93 al 2010, se concedieron 14 mil litros por segundo más.  Eso fue una acción irresponsable y suicida que produjo la situación actual".

Sin embargo, enfatizó el legislador  "el debate se debe realizar en forma abierto y lo que está planteando la empresa Casale es que emplearán aguas de una cuenca distinta del río Copiapó y si se demostrara científicamente que eso es correcto estaría bien. De lo contrario, esta iniciativa no puede bombear esas aguas, porque generará un conflicto tremendo y secará aún más la cuenca".

Finalmente, la senadora Von Baer sostuvo que "estoy de acuerdo que el Senado escuche a los distintos actores y que se produzca una apertura y transparencia en estos proyectos. Pero se debe aclarar que nosotros no tenemos la competencia desde la Cámara Alta, para calificar si que los proyectos cumplen o no con nuestra legislación; para eso, está la institucionalidad que tienen la competencia"

Subrayó que "en el Congreso se ha trabajado mucho sobre este tema y se aprobaron muchas, de hecho, acabamos de ratificar los Tribunales Ambientales".

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