Acuerdan fijar multas graduales a quienes no informen sobre compensaciones en proyectos en evaluación ambiental

En forma unánime la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales aprobó el proyecto de acuerdo que ratifica la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos, que fue aprobada el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Así lo informaron los senadores Isabel Allende y Pablo Longueira, integrantes de esa instancia tras explicar que con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser votada por la Sala de la Cámara Alta.

"Este es un Convenio que han suscrito alrededor de 100 países en el mundo y esperamos ratificarlo lo antes posible. Establece la forma en que se tienen que tratar todos los residuos radioactivos y también los combustibles gastados que se usan en Chile, principalmente por razones médicas en el reactor que hay en La Reina. No hay otro lugar en Chile donde se usen combustibles gastados", explicó el senador Longueira.

Asimismo, señaló que la Comisión está avanzando en construir una indicación unánime al proyecto sobre regulación del otorgamiento de beneficios económicos en procesos sometidos a evaluación de impacto ambiental.

"Hay un texto que hemos ido proponiendo unánimemente y va a ser votado el próximo martes... por lo tanto, las empresas que de alguna forma entreguen algún tipo de compensación a organizaciones, comunidades o municipios, deben informar plenamente de esto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y adicionalmente aquellos que no lo hagan se van a ver expuestos a una multa de acuerdo a una cierta proporcionalidad del proyecto", explicó el senador Longueira.

Precisó que el proyecto original establecía multas de mil UTM, pero "hay proyectos que son de una envergadura muy relevante y pueden no cumplir esta norma e incorporan al costo del proyecto el hecho de pagar la multa. Por lo tanto, vamos a buscar un mecanismo que permita que nadie que llegue a una transacción con alguien donde quiere desarrollar un proyecto, no sea informado al sistema de evaluación ambiental".

ACUERDOS

En tanto, la senadora Allende recordó que la iniciativa -que presentó junto al senador Juan Pablo Letelier- apunta a que "mientras un proyecto esté en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las proposiciones de tipo económico, pecuniario o compensaciones, tienen que darse a conocer  y si no es así, tiene que haber una sanción".

Señaló que "habíamos puesto una sanción bastante drástica, incluso de que el proyecto quedase descartado, pero ahora vamos a hacer, por acuerdo de todos los miembros, una indicación para establecer una graduación, para que no partamos anulando el proyecto".

La senadora Allende precisó que "queremos tratar de que cuando los proyectos sean evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental haya la máxima transparencia y claridad, porque nos encontramos con tremendos proyectos como en la Región de Atacama donde está el proyecto Castilla y naturalmente existen conversaciones con las comunidades que muchas veces se desconocen y eso influye después en la opinión de esas comunidades que en general  terminan valorando positivamente el proyecto pero en función de los beneficios más que por la calidad del proyecto en sí mismo".