Rechazo del reajuste al sector público abre negociaciones en el Senado para lograr un acuerdo con el Ejecutivo

Intensas son las conversaciones en el Senado en torno al reajuste fiscal para el sector público, luego de que la iniciativa fuera rechazada en general por la Cámara de Diputados. Eso significa que hasta el momento no habría reajuste alguno, porque de acuerdo al artículo 68 de la Constitución el proyecto que es desechado en general en la Cámara  de origen no puede renovarse sino después de un año.

Cabe recordar que la polémica iniciativa ingresó considerando un reajuste del 3,7%, sin embargo, durante el debate, el Ejecutivo se abrió a presentar una indicación que aumentaba el reajuste al 4,2%. Lo anterior no concitó el respaldo de los diputados de la Concertación quienes mantuvieron el rechazo a la iniciativa.

En este escenario, la norma constitucional contempla la facultad de insistencia para el Presidente de la República quien podría solicitar que el Mensaje pase al Senado y, si la Sala lo aprueba por los dos tercios de sus miembros presentes podría volver a la Cámara de origen, habilitando  de este modo una nueva oportunidad para la iniciativa.

Así lo explicó el Presidente del Senado, Jorge Pizarro, quien lamentó el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y los diputados. No obstante, aclaró que "este es un tema político" y aseguró que la Concertación respalda las demandas de los funcionarios públicos en torno a un reajuste más cercano a las proyecciones de crecimiento.

"La manera reglamentaria de continuar con el debate legislativo es que el Gobierno insista con el proyecto de reajuste rechazado en la Cámara enviando un oficio para permitir que el proceso de discusión siga en el Congreso.  Y para ello, se necesitan los votos de dos tercios de los senadores y que luego vuelva a la Cámara para iniciar su tramitación otra vez", dijo el parlamentario.

Asimismo, el senador Pizarro aclaró que "sino hay acuerdo con el Gobierno no hay ley" y llamó al gobierno a "terminar con la arbitrariedad y abusos en los despidos del sector público"y a cumplir la palabra empeñada durante la campaña presidencial".

En la misma línea, el Vicepresidente del Senado, José Antonio Gómez señaló que llegó el momento de regularizar la situación contractual de miles de funcionarios públicos ya que "el buen momento económico de Chile le permite plantear un mejor reajuste salarial al sector público y también en el sector privado donde también hay mucha inestabilidad".

Agregó que "no es posible que gente que lleva más de 10 o 15 años bajo el sistema de contrata y que no cumplen cargos políticos, estén siendo despedidos sólo porque piensan de una manera distinta o porque ingresaron durante los gobiernos de la Concertación".

El parlamentario expresó su esperanza de que "el gobierno entre en razón y se dé un diálogo que permita mejorar las expectativas salariales de los trabajadores movilizados".

ESTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA

Por su parte, el senador Carlos Kuschel consideró que "el hecho que no haya reajuste es malo y que sea demasiado alto también lo es" por eso hizo un llamado a ser cuidadosos con este tema y a buscar un reajuste que sea compatible con la inflación que es un poco más del 2%; el crecimiento económico que se proyecta en torno al 5%; la estabilidad del dólar que tiende a la baja por el aumento del precio del cobre y la reducción del gasto público porque la meta es bajar el déficit fiscal al 1% al 2014.

Señaló que "si aumenta el gasto fiscal es demasiado alto, cae el dólar y si el reajuste es muy alto presiona la inflación, lo que hace subir la tasa de interés y para los proyectos de inversión que son los que generan empleos y el crecimiento". Recordó además, la experiencia vivida por países de Europa que hoy están sufriendo las consecuencias de malas políticas públicas con fuertes ajustes fiscales

No obstante, detalló que "la situación sin reajuste es la peor porque  también significa un estímulo de demanda para la economía más allá del tremendo significado social que tiene para la vida de las personas y como unidad de cuenta para una serie de cosas que se reajustan".

COMPROMISOS

Por su parte, el senador Ignacio Walker emplazó al gobierno a cumplir con el compromiso de no promover despidos injustificados en el sector público. "Desde marzo a octubre pasado se han despedido a 5 mil trabajadores y en el último mes a 1200, según nuestras propias estimaciones", dijo.

Recordó que "el Presidente de la República siendo candidato en noviembre pasado le envió una carta a los funcionarios públicos con la promesa de la estabilidad laboral", enfatizó.

Asimismo anunció la presentación de un proyecto de ley que proteja y mejore las condiciones laborales de los trabajadores. "Vamos  a introducir un proyecto de ley para reguardar y modernizar la relación laboral en el sector público, que contempla causales de término de contrato, es decir una causa justificada formal para despedir a un trabajador.  En segundo lugar, la implementación de un seguro de cesantía y en tercer lugar, negociación colectiva,  con resguardo a la ciudadanía y usuarios de los servicios".

Coincidió con su par, el senador Ricardo Lagos Weber quien expresó que espera un reajuste mayor para los trabajadores estatales y el término de los despidos masivos que se han registrado en la administración pública.

Proyectó un difícil escenario para el gobierno en la tramitación del reajuste al sector público, ya que a raíz del rechazo de la Cámara de Diputados a la idea de legislar en torno a esta materia, el Ejecutivo requiere 2/3 de los senadores para aprobarlo.

Señaló que también espera que el gobierno tenga la capacidad para acercarse a la demanda de los trabajadores públicos. "Si vemos la inflación pasada y la inflación esperada, puede haber un rango más generoso que el 4,2 por ciento propuesto por el gobierno".

A su turno, el senador Alejandro Navarro consideró que "sería un grave error del gobierno no reponer el proyecto de ley de reajuste ya que dejar a los funcionarios públicos sin reajuste, cuando se está diciendo que el país va a crecer sobre el 6 por ciento, además de injusto, rompería con una institución que forma parte del patrimonio social, política y cultural de Chile".

Sostuvo que "creo que el Ejecutivo va a reponer el proyecto sobre esta materia, especialmente considerando en el contexto de cuestionamiento político y social que significa la salida, en un día, de más de un millar de funcionarios que cumplían funciones en el servicio público".

Anticipó que "en todo caso la tramitación de un nuevo proyecto tampoco será fácil, porque tal como lo indica el Artículo 68 de la Constitución sólo podría reingresarse esta vez por el Senado y se necesitarían dos tercios de sus miembros presentes el día de la votación para que pudiera continuar su tramitación. Está claro que la condición básica para que ello sea así es que la propuesta de reajuste se acerque lo más posible a lo que están demandando los trabajadores públicos".