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  Suscriben compromiso con la educación superior chilena para garantizar el acceso más equitativo

  El Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, los senadores Ignacio Walker, Alejandro Navarro, José Antonio Gómez y Alejandro Navarro, los diputados Guillermo Teillier y Osvaldo Andrade y la dirigente Carolina Tohá.

24 de junio de 2011

El Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, suscribió con los presidentes de los partidos de la oposición un compromiso por la educación superior chilena, en respuesta a una solicitud que realizaron en tal sentido los dirigentes de la Confech.

Cabe señalar que el senador Letelier ha actuado como facilitador del diálogo entre los partidos políticos y los dirigentes estudiantiles, quienes habían pedido un pronunciamiento acerca de sus demandas y una autocrítica respecto de la actuación de los dirigentes políticos.

La declaración fue firmada además por los senadores Ignacio Walker, Alejandro Navarro, José Antonio Gómez y Alejandro Navarro, los diputados Guillermo Teillier y Osvaldo Andrade y la dirigente Carolina Tohá.

Los parlamentarios señalaron que "durante el último mes el país entero ha sido testigo de un masivo movimiento de estudiantes universitarios y secundarios, que, con el apoyo de diversos actores sociales y la ciudadanía, ha mostrado una demanda clara por un nuevo sistema educacional que responda a un plan de desarrollo nacional".

Asimismo, agregan que "para quienes tuvimos responsabilidad en la conducción política del país en los Gobiernos pasados, consideran que está pendiente una sincera autocrítica por las insuficiencias en asumir los retos que implica transformar el actual sistema de educación superior. Faltaron definiciones y políticas que hubiesen permitido que la expansión del sistema terciario se hiciera sobre nuevas bases".

Por estas razones reiteraron que "la educación es un derecho social fundamental  y en el caso de la educación superior, además, como una herramienta estratégica para el desarrollo económico, político, democrático, social y cultural de nuestro país. Los beneficios de dicha educación no son individuales como se ha tratado de instalar, sino que también son evidentemente de bien público y,  por esto, el Estado debe ser garante de su provisión y financiamiento".

Por esto, los legisladores hicieron un llamado a "reflexionar, criticar y finalmente reformar estructuralmente el actual modelo de educación terciario, tanto su institucionalidad, sus métodos de acceso y financiamiento, como el aseguramiento de la calidad y la formación de ciudadanía".

Añadieron que "las legítimas demandas del movimiento estudiantil, por avanzar en dicha dirección han sido desarrolladas desde hace años. Y más allá de las razones que se pudiesen esgrimir, lo efectivo es que la reforma del SES no ha sido hasta la fecha la prioridad de las políticas públicas referidas a la Educación".

Explicaron que "si bien durante el último periodo aumentó la cobertura de la educación superior, no es menos cierto que ello no estuvo acompañado con los correspondientes recursos y  atribuciones para las instituciones públicas. El SES creció por una oferta privada absolutamente desregulada y lucrativa, generando una alta segregación, centralismo extremo, gran endeudamiento y muchos cesantes ilustrados".

Puntualizaron que "el momento histórico que atraviesa nuestro país efectivamente presenta una oportunidad única para lograr un nuevo pacto de carácter nacional, que integre a la ciudadanía en las decisiones políticas en materia de educación".

Precisaron que "asumimos las carencias y vacíos que hemos mencionado y nos sumamos con otros para comprometernos, tanto con la generación de espacios de participación ciudadana, haciendo nuestras las principales demandas o lineamientos para la reforma al sistema de educación superior, descritas en el documento que nos entregó la Confech  el día 22 de junio recién pasado".

En ese sentido, aseguraron que "nos comprometemos a no aprobar propuestas trabajadas unilateralmente por el Ejecutivo, sin antes ser sociabilizadas y acordadas con la ciudadanía, defender firmemente el derecho a la educación, con un acceso más equitativo y de calidad, el fortalecimiento de las instituciones públicas, la regulación al sistema, tanto en términos de calidad como en la transparencia y fiscalización en el uso de recursos públicos, no permitiendo el lucro en la educación superior, la formación de ciudadanía a través de espacios de democracia interna en la educación superior y terminar con el excesivo endeudamiento estudiantil".

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