Comisión de Minería estimó que parte de los recursos del aumento del royalty debe ir a regiones mineras

Los senadores de la Comisión de Minería que preside el senador Jaime Orpis, plantearon al ministro del ramo, Laurence Golborne, que la propuesta para aumentar el impuesto específico a la gran minería debe contemplar una compensación hacia las regiones que producen el mineral, porque son las que más absorben los costos de producción y los pasivos ambientales.

Los legisladores Isabel Allende y Baldo Prokurica coincidieron en que se deben buscar fórmulas para que el impuesto específico a la gran minería otorgue mayores recursos a las regiones mineras. Sin embargo, discreparon sobre la fórmula para extender invariabilidad tributaria para las grandes mineras.

Al respecto, la senadora Allende  manifestó su convicción de que extender la invariabilidad tributaria a 8 años a las empresas mineras sería hipotecar el "sueldo de Chile" y de un recurso estratégico del país.

"En Chile no hay un royalty entendido como el precio que se cobra por la propiedad y al que se opuso el actual oficialismo. Lo que tenemos es una Ley de Impuesto Específico a la Minería (IEM), asociado a la rentabilidad de las mineras. Es decir,  el país sigue sin cobrar el legítimo derecho que emana de la propiedad del recurso no renovable del cobre. Debemos abrirnos a discutir la posibilidad cierta de un royalty con un esquema variable sujeto al precio, a partir del 2017, cuando finalice la invariabildad", explicó.

Manifestó que "no podemos entregarle a las empresas durante 8 años esta situación, a cambio de nada. Estamos hipotecando nuestro futuro. Planteamos al Ministro que ninguna empresa se sometería a algo que no les es favorable y esta propuesta lo es completamente".

Sostuvo que "en la propuesta del gobierno la tasa efectiva partiría en 3.5% en escenarios de márgenes bajos, mientras que la tasa efectiva máxima alcanzaría 9.0%, que regiría en escenarios con márgenes sobre el 75% de utilidades, un margen  difícil de alcanzar. El ministro Golborne reconoció que esta situación es una debilidad del proyecto, pues nunca se alcanzará el máximo estipulado, generando menos recaudación que con un esquema que refleja la realidad de las empresas".

La senadora Allende precisó que también le planteó al Ministro que no entendía por qué la propuesta no considera compensaciones a las regiones productoras, y una reformulación del fondo de innovación para las regiones como Atacama que han entregado grandes recursos y reciben inversiones con altos pasivos ambientales.

"La Región de Atacama, aporta gran cantidad de recursos y, a cambio, recibe problemas sociales, pasivos ambientales, contaminación y poca inversión social. Por eso, planteamos al Ministro  que parte de este nuevo Impuesto Específico debe ir destinado a las regiones mineras para compensar los pasivos ambientales".

FONDO DE INNOVACIÓN

En esa línea, el senador Baldo Prokurica, indicó que "el Ministro hizo una exposición sobre el aumento del impuesto específico a la gran minería que -para variar- pagan las regiones del norte y que tiene por objeto,  la reconstrucción nacional. Es un aumento del tributo de 2005 y nuestra principal preocupación es cómo estos recursos pueden destinarse a las regiones mineras".

Puntualizó que "existe compromiso del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el sentido de que ahora sí se va a cumplir la palabra empeñada, en el sentido, de que a través del proyecto de ley que se está tramitando en el Senado y, que tiene por objeto crear el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) se puedan transferir parte importante de los fondos del royalty a las zonas mineras".

El legislador manifestó que "el aumento del impuesto específico a la gran minería es un nuevo esfuerzo de regiones mineras para ayudar a Chile y pensamos que esta preocupación va en línea con lo que significa el aporte para las regiones mineras".

Por otro lado, el senador Prokurica informó que solicitó mayores antecedentes al Ministro de Minería sobre el proyecto Inca de oro que "es un yacimiento de Codelco, cuyo 66% de la propiedad fue vendido por la administración anterior, incluso 11 días antes de terminar gobierno anterior".

Por lo tanto, "tenemos dudas sobre la forma en que se vendió parte de la propiedad si se hizo por licitación directa  o no. Queremos conocer mayores antecedentes respecto a esta operación y si conviene o no, a los intereses del país".