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  Fiscalizadores de cierres de faenas mineras podrán recurrir al auxilio de la fuerza pública

  Este fue el único de los puntos que se aprobó por mayoría, en el marco del despacho unánime del proyecto que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.

23 de marzo de 2011

A segundo trámite, a la Cámara de Diputados pasó el proyecto, que regulará adecuadamente el cierre de faenas o instalaciones mineras, de modo de prevenir y/o evitar los efectos negativos que se generen sobre la salud y seguridad de las personas o del medioambiente.

Ello, luego que la Sala del Senado despachara, en forma unánime, el articulado del texto legal que fue el resultado de un arduo trabajo técnico entre el Ejecutivo y parlamentarios de la oposición y de gobierno en las Comisiones de Minería y de Hacienda.

La única norma que se aprobó por la mayoría de 26 votos, contra 3 y una abstención fue la que permitirá a los fiscalizadores de cierres de faenas mineras recurrir al auxilio de la fuerza pública, cuando sus labores así lo ameriten.

Durante el debate intervinieron los senadores Baldo Prokurica, José Antonio Gómez, Isabel Allende, Ximena Rincón, Jaime Orpis, Camilo Escalona, Guido Girardi, Carlos Larraín, Andrés Chadwick y Andrés Zaldívar. Además, del ministro subrogante de Minería, Pablo Wagner.

Los legisladores consideraron como "un avance" esta legislación que evitará la aparición de los futuros pasivos ambientales en la actividad minera, pero recordaron que existe un compromiso pendiente del Ejecutivo para enfrentar los pasivos ya existentes.

El senador Prokurica precisó que "hay ciudades que viven rodeadas de los efectos negativos de la actividad mineras sin recibir ningún beneficio a cambio" y recordó que fue uno de los que se opuso a entregar la facultad a los fiscalizadores de recurrir a la fuerza pública porque a su juicio, debería solicitarse a través de los tribunales.

El senador Gómez hizo un recuento de la historia de este proyecto presentado durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet y destacó el trabajo de los equipos técnicos en la Comisión de Minería.

A su vez, la senadora Allende valoró que el Ejecutivo haya incorporado la mayoría de las observaciones que realizó al proyecto, como por ejemplo, la incorporación de las faenas de hidrocarburos. Hizo hincapié en los compromisos pendientes en materia del fortalecimiento  y reformulación del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) para que pueda asumir estas nuevas responsabilidades.

En tanto, la senadora Rincón, coincidió con su par e indicó que "esta iniciativa era una deuda que teníamos como país en materia medioambiental". Recordó además la palabra empeñada por el Ministro de Minería en orden a formar equipos técnicos que aborden una legislación para "hacernos cargo de los relaves y los pasivos ambientales que existen desde hace años a lo largo del país".

El senador Orpis mencionó que "la actividad minera no es la única que genera pasivos ambientales" y, por lo tanto, este es un paso importante, pero puntualizó que el resto de las actividades tanto públicas como privadas no se ha hecho cargo de estos temas.

Por su parte, el senador Escalona destacó que este proyecto avanza en la línea de evitar que el organismo fiscalizador se vea coactado por intereses económicos del mismo sector fiscalizado. De este modo, se eliminó la disposición que permitía a Sernageomin contratar instituciones a título gratuito u oneroso.

AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA

Uno de los puntos que suscitó mayor debate fue la norma que establece que "en caso de negativa de acceso a la faena minera, el Director (Sernageomin) podrá solicitar, previa resolución fundada, el auxilio de la fuerza pública".

Los senadores Baldo Prokurica, Andrés Chadwick y Carlos Larraín manifestaron su preocupación por esta facultad que se otorga a una autoridad administrativa ya que la Constitución la entrega al Presidente de la República y a sus gobernadores. Agregaron que la norma general es que se solicite a través de los tribunales de justicia. Explicaron que "no se trata de impedir al funcionario que pueda pedir la intervención de la fuerza pública, sino evitar que tenga la facultad de ordenarla".

Por su parte, el Presidente del Senado, Guido Girardi y los senadores José Antonio Gómez, Ximena Rincón, Isabel Allende, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar se mostraron partidarios de aprobar esta facultad, porque en la práctica se ha demostrado que existe falta de control. Aseguraron que el artículo es acotado y resguarda debidamente las garantías de privacidad de las personas.

Por su parte, el Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, dio a conocer como antecedente que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece que la policía uniformada podrá prestar, a las autoridades administrativas, el auxilio de la fuerza pública en el ejercicio de sus facultades.

Finalmente, el ministro (S) Pablo Wagner, explicó que la fiscalización de cierre de faenas mineras y en general de las actividades del sector debe realizarse en terreno y por eso se recurrió a esta facultad. Respondió además los emplazamientos de los senadores para asumir los problemas de contaminación por relaves antiguos y recalcó que "estamos concientes de este compromiso y vamos a formar los equipos técnicos invitando también al Ministerio de Medio Ambiente". Asimismo aseguró que "desarrollaremos los procesos de capacitación y destinaremos los recursos necesarios para fortalecer Sernageomin".

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