Políticas de hidrocarburos quedarían bajo las atribuciones del Ministerio de Minería
La Comisión especializada inició el estudio del proyecto que busca clarificar la relación jurídica existente entre dos órganos públicos: el Ministerio de Energía y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
2 de septiembre de 2010
Determinar que el Ministro de Minería sea el presidente del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y establecer que es esta cartera la que mantiene atribuciones sobre sus políticas de hidrocarburos es el fin que pretende el proyecto, en segundo trámite, que exceptúa a la empresa de la aplicación de las normas de la ley que creó el Ministerio de Energía.
Así lo dio a conocer el senador Baldo Prokurica, integrante de la comisión especializada quien explicó que "comenzamos a ver la corrección que quiere hacer este proyecto en orden a determinar que el Ministerio de Minería mantiene las atribuciones que poseía sobre la Empresa Nacional del Petróleo, sin perjuicio de haberse creado el Ministerio de Energía".
Ello, porque hubo una interpretación de la Contraloría General de la República que determinó que era el recién creado ministerio el que tenía atribuciones sobre ENAP.
El parlamentario informó que la instancia, analizará los informes técnicos, escuchará a los representantes de los trabajadores y al ministro de Energía, Ricardo Raineri, en el transcurso de las próximas semanas.
Aseguró que "éste es un proyecto importante tomando en cuenta que la ENAP está pasando por una situación dramática desde el punto de vista financiero. El patrimonio de la empresa no alcanza ni al 10% de la deuda que tiene la empresa".
Por lo tanto, "se ha generado una situación que tiene que ser resuelta a la brevedad porque de lo contrario esta empresa va a tener un daño gravísimo", dijo el legislador.
En lo fundamental, el proyecto define, de forma explícita y concreta, la competencia que el Ministerio de Minería, tiene respecto de la ejecución de las políticas nacionales en el tema de los hidrocarburos.
Esta distinción se fundamenta en el hecho de que es necesario separar las políticas sectoriales con las de ejecución, tal como lo recomienda la OECD y también es necesario efectuar la separación de funciones, para generar a futuro un gobierno corporativo de la empresa.