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  Valoran decisión de Corte de Apelaciones de acoger recurso que busca anular licitación del Litio

  Así lo manifestaron los senadores Isabel Allende y José Antonio Gómez, quienes hicieron la presentación ante tribunales junto a los senadores Ximena Rincón, Mariano Ruiz-Esquide, Pedro Muñoz y Jaime Quintana.

26 de septiembre de 2012

Los senadores Isabel Allende y José Antonio Gómez, presidenta e integrante de la Comisión de Minería valoraron la decisión de la Corte de Apelaciones en orden a acoger el recurso que busca anular la licitación para explotar el Litio que fue adjudicada esta semana a Soquimich.

 

"Valoro la apertura de la Corte de Apelaciones a examinar la petición que hicimos, junto a la senadora Ximena Rincón y los senadores José Antonio Gómez, Mariano Ruiz Esquide, Pedro Muñoz  y Jaime Quintana respecto al recurso de nulidad de derecho público contra el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, patrocinado por el abogado constitucionalista, Patricio Zapata", dijo la legisladora.

 

Agregó que "como lo hemos venido reiterando, todas las minas son propiedad del Estado y las concesiones a privados están permitidas, con excepción de aquellos minerales que han sido declarados como estratégicos. Este es el caso del litio, que en un Decreto Ley de 1979 fue declarado no concesionable y estratégico, y si es que el gobierno quería realizar esta concesión, debiera haber recurrido al Parlamento".

 

La legisladora, que además preside la Comisión de Minería y Energía del Senado destacó que: "en esta adjudicación, no hay una asignación concreta, y en este caso Soquimich podría explotar donde quiera. Tampoco se le impone obligaciones específicas e incluso la empresa puede permanecer inactiva, cuando la lógica de este tipo de contratos es que el interés del Estado está en que el socio haga algo concreto. En este caso, el gobierno pretende que se satisface el contrato solo con el hecho de recibir el 7 % de las utilidades, lo que no alcanza a satisfacer el requisito de sinergia público-privada que está en la base de los contratos especiales de operación".

 

La senadora Allende señaló que "nos encontramos frente a un vicio legal, denominado desviación de fin, al tomar normas y usarlas para un propósito distinto. Se está pasando a llevar la finalidad del decreto. El Decreto Supremo 16, de mayo de 2012, no está de acuerdo con la ley ni con la Constitución. Es ilegal".

 

 

NO APURAR LOS CONTRATOS

 

Por su parte, el senador Gómez solicitó que "no se apuren las firmas de los contratos y discutamos el fondo" y explicó que con la medida de la Corte de Apelaciones se abre a la posibilidad de acoger la medida precautoria interpuesta por él y otros senadores. "Lo que ha hecho la Corte es muy importante porque permite al ministro revisar su resolución. Estamos preocupados porque si se firma el contrato y se reconoce que nuestra petición tiene argumentos y se declara nulo el contrato, finalmente, vamos a tener un problema de intereses entre lo que está haciendo el Estado de Chile y la empresa".

 

El parlamentario, quién calificó la licitación de "concesión encubierta", recalcó que "no es un tema de si privados participan o no de esta potencial industria, lo que queremos es que el Estado se asocie con privados para que se transforme en un gran polo de desarrollo y no en un simple exportador de commodities como ha sido siempre el tema del cobre en Chile".

 

El senador Gómez dijo estar confiado en los tribunales, y por ello "esperamos que el poder judicial falle en el sentido que hemos indicado: que no estamos en contra de la participación de los privados, estamos en contra de que se regalen los recursos chilenos, por ello estamos haciendo un esfuerzo para que Chile crezca y esperamos que el gobierno lo entienda así".

 

 

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