Demandan iniciativas para fortalecer la Fiscalía Nacional Económica y para que ENAP transparente el cálculo de sus tarifas

La Sala del Senado otorgó un contundente respaldo a la labor de la Fiscalía Nacional Económica que estudia la posible colusión del mercado del combustible, al aprobar un proyecto de acuerdo donde se solicita además, al Presidente de la República, que envíe proyectos de ley que aborden  la obligación de Enap de transparentar los cálculos de sus tarifas y que proponga otra alternativa al Sipco.

La iniciativa fue presentada por los senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, Fulvio Rossi,  y Eugenio Tuma.

En lo fundamental el texto manifiesta el apoyo del Senado al proceso investigativo que desarrolla la Fiscalía Nacional Económica sobre la colusión en el mercado de la distribución de las bencinas, solicitándole la mayor celeridad, seriedad y objetividad en ella, así como la aplicación del máximo de las sanciones legales en caso de acreditar algún ilícito, incluyendo la disolución de las personalidades jurídicas por las que han actuado los infractores.

Por otro lado, solicita al Presidente de la República el patrocinio y urgencia a los proyectos de ley que aplican penas de cárcel o privativas de libertad a los delitos económicos ligados a proteger la libre competencia, así como el aumento de la planta y facultades de investigación de la Fiscalía Nacional Económica.

Como asimismo el fortalecimiento presupuestario para la Fiscalía Nacional Económica, particularmente para el nombramiento de Fiscales ad hoc regionales, que enfrenten de manera desconcentrada las denuncias de vulneración de normas que protegen la libre competencia.

Además piden al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley de su iniciativa exclusiva en orden a exigir que ENAP tenga el deber de transparentar la base de cálculo que permite a dicha empresa fijar las tarifas de los productos derivados del petróleo.

También demandan la presentación de un proyecto de ley de su iniciativa exclusiva, para derogar el sistema SIPCO y cambiarlo por otro que manteniendo la recaudación fiscal del impuesto a los combustibles, redistribuya la recaudación del impuesto a las grandes empresas, y no a la clase media o consumidor final.

Por otro lado, se solicita que se instruya a los Gobiernos regionales y a las Intendencias que difundan la facultad que tienen por ley, de recibir denuncias por colusión y vulneración de las normas de la libre competencia, para hacerlas presentes ante el Fiscal Nacional Económico.

Asimismo se pide a la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Chile (ADICO) que aprueben un Código de Ética de la Asociación Gremial que impongan el deber a sus asociados de cometer cualquier acto reñido con la libre competencia, y que aprueben mecanismos internos para acatar los estándares establecidos en el Material de PromociónN°2, de la Fiscalía Nacional Económica, "Asociaciones Gremiales y libre Competencia", de agosto de 2011.