Demandan participación de los usuarios en la fijación de tarifas de los servicios públicos

Con el fin de hacer obligatoria la participación de organizaciones sociales, representativas de los usuarios, en los procesos de configuración de las tarifas de todos los servicios que sean de utilidad pública o que conlleven participación de recursos fiscales,  el senador Camilo Escalona, presentó una moción en tal sentido.

El parlamentario explicó que la iniciativa apunta a crear asociaciones de usuarios de servicios públicos las cuales "se formarán por, al menos, cinco juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones de desarrollo municipal, y en general organismos de participación local que cuenten con personalidad jurídica, y que pertenezcan o tengan su domicilio en el área geográfica en la que se lleve a cabo el proceso de fijación tarifaria, y que tengan por objeto la promoción del interés público".

Al mismo tiempo, mencionó que la iniciativa establece "nuevas limitaciones, con el propósito de evitar la mezcla de negocios y política en los procesos regulatorios. Esto significa que las personas deberán abstenerse, a lo menos, durante tres años, de participar en un servicio público regulador e incorporarse a alguna de las empresas u organismos regulados".

Agregó que "esto apunta a establecer efectivos diques a la mezcla que hoy se produce, cuando personas que provienen de los organismos regulados empiezan a participar en el ente regulador y se produce una completa confusión entre negocios y política".

Puntualizó que "este es uno de los temas que la administración del Presidente Piñera prometió  y que, como en otros campos, no ha cumplido" declaró.

En este sentido, el proyecto del senador Escalona plantea que "los directivos que se desempeñen en los primeros dos grados jerárquicos de los organismos que tengan a su cargo la regulación de un mercado específico, estarán inhabilitados para trabajar en empresas que participen en el mercado correspondiente, en sus relacionadas, coligantes y coligadas, y de prestarles todo tipo de asesorías, por sí o por interpósita persona, por un período de tres años desde que hayan cesado sus funciones en el organismo correspondiente".

Cabe señalar que entre los fundamentos del proyecto se cuenta que "los servicios públicos dependen de inversiones de alto costo y por su envergadura constituyen una situación de monopolio natural en el agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, transportes y telecomunicaciones".

Por ello, se ha hecho necesaria la existencia de regulaciones para cada sector, de modo de incentivar la competencia y generar un contrapeso a favor de los usuarios.