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  Favorecen al programa Censo de la Vida Marina-Chile e instan para Presupuesto 2013 incluya recursos necesarios

  El Senado apoyó el proyecto de acuerdo en tal sentido. Asimismo, la instancia respaldó dos documentos del senador Francisco Chahuán, sobre tribunales de ética y ratificación de convenios internacionales.

3 de octubre de 2012

En forma unánime el Senado aprobó el proyecto de acuerdo en el cual se solicita al Presidente de la República, Sebastian Piñera,  que evalúe junto a las carteras pertinentes de su gabinete, el otorgar el respaldo oficial y formal del gobierno al Programa Censo de la Vida Marina-Chile y, asimismo, incluir a partir del Presupuesto de la Nación 2013, los aportes de recursos fiscales que permitan iniciar ese importante proyecto científico.

 

 

Los senadores Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Camilo Escalona, Alejandro García-Huidobro y Ricardo Lagos Weber, son los autores del proyecto de acuerdo.

 

Al respecto, los parlamentarios comentaron que "la realización del CVM-Chile contribuiría a satisfacer los requerimientos que tendrá el Estado de Chile para otorgar acceso a sus recursos genéticos producto de la suscripción del Protocolo de Nagoya. El Ministerio de Medio Ambiente ha señalado al respecto que la propuesta de realizar un Censo de la Vida Marina en las costas e islas del mar de Chile "se encuadra en la filosofía y objetivos" de esa cartera y que cuenta con su apoyo. Asimismo ese ministerio ha señalado que espera durante el 2012 encontrar "los apoyos efectivos que se requieren para financiarla".

 

Asimismo, la Sala de la Cámara Alta también ratificó el proyecto de acuerdo del senador Francisco Chahuan, en el cual, se insta al Ejecutivo  a que envíe a tramitación una iniciativa legal que establezca los tribunales especiales para el juzgamiento de la conducta ética de profesionales no asociados a colegios de su orden.

 

El legislador indicó que "el 22 de marzo de 2007, se aprobó en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Acuerdo N° 298, mediante el cual dicha Corporación solicitó a la Presidenta de la República de la época, el envío a este Congreso Nacional, del proyecto de ley que prevé el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer los tribunales especiales para juzgar la conducta ética de los profesionales que no estén asociados a los colegios de su orden".

 

Añadió que "mediante Oficio Ord. N° 585, de 26 de abril de 2007, el Ministro Secretario General de la Presidencia, respondió esa solicitud, manifestando que para dicho propósito, ese Ministerio formó una comisión de trabajo, con representantes de los colegios profesionales, a la que se encontraba revisando el texto de un proyecto de ley al que arribaron y que sería enviado próximamente al Congreso Nacional".

 

No obstante, aclaró el parlamentario  "lo expuesto en el citado documento, es del caso señalar que hasta la fecha, y después de cinco años de recibida dicha respuesta, aún no se han ingresado a este Congreso ningún proyecto de ley que se refiera a esta importante materia".

 

Por su parte, el Senado también aprobó el otro proyecto de acuerdo del senador Francisco Chahuan en el cual se pide al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a que disponga la ratificación por parte de nuestro país, de las Convenciones de la UNESCO, de 1970, sobre medidas que deban adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedades de Bienes Culturales y la UNIDROIT, de 1995, sobre los Bienes Culturales robados o exportados ilícitamente, y la Convención de la OEA, de 1976, sobre Defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas.

 

En ese sentido, el legislador argumentó que "Chile no forma parte de la lista de países que colaboran entre sí para recuperar los bienes culturales robados o exportados ilegalmente, no cuenta con catastros que informen sobre los mismos ni tampoco ha adoptado las medidas contempladas en dichas convenciones para proteger el patrimonio cultural mueble del tráfico ilícito".

 

Enfatizó que  "se hace imperiosamente necesario que nuestro país ratifique las Convenciones de la UNESCO de 1970 y de 1995 ya mencionadas, como asimismo la Convención de San Salvador, de 1976, de modo que pueda contar con normas claras para proteger y prevenir el robo de bienes culturales, como asimismo, para obtener la restitución de los que sean robados o exportados ilegalmente".

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