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  Promueven la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad auditiva

  Senadores de todos los sectores políticos presentaron un proyecto de acuerdo en esa línea que será analizado por la Comisión de Salud.

21 de marzo de 2011

El patrocinio de una iniciativa que modifique la Ley de Discapacidad a fin promover la integración de las personas con discapacidad auditiva, es el fin que pretende el proyecto de acuerdo presentado por los senadores  Antonio Horvath, Isabel Allende, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García Ruminot, Alejandro Navarro, Baldo Prokurica, Fulvio Rossi y Mariano Ruiz-Esquide.

La iniciativa solicita el patrocinio del Presidente de la República, para introducir una serie de perfeccionamientos, de modo que el lenguaje de señas sea considerado en la Constitución Política como un derecho adquirido y respetado por los ciudadanos del país. Dicha iniciativa será analizada por la Comisión de Salud, antes de ser votada por la Sala.

También señalan que "todas las instituciones públicas de Salud, Educación, Justicia, Trabajo y Gobiernos Regionales deben velar porque toda la información que tenga carácter masivo llegue a la comunidad sorda a través de la TV por lenguaje de señas".

Asimismo proponen que "los hospitales, consultorios de salud y servicios públicos en general deberán mantener en sus salas de espera, pantallas de información que permitan a las personas sordas conocer el momento en que serán atendidos, ya que actualmente el sistema utilizado por altoparlantes no es el adecuado".

Por otra parte, explican que "los números de emergencia, tales como, el 131, 132, 133 y 134 deberían ser acondicionados para personas sordas, por ejemplo con un sistema de mensajes de texto, al igual que en el caso de ocurrencia de catástrofes naturales y otras situaciones que deban ser informadas a toda la población".

En ese sentido, los legisladores autores de la iniciativa manifestaron que el Estado debería velar porque organismos como la ONEMI incluyan a un intérprete en lenguaje de señas para la difusión de estos eventos.

Los servicios públicos deberían mantener un sistema de avisos luminosos tipo semáforo con una simbología adecuada que indique alertas de emergencia para informar a los sordos, sugiriéndose para ello los estados de: "Alerta, Seguridad y Emergencia".

Por otro lado, los parlamentarios proponen que "cada servicio público deberá contar entre sus funcionarios con un intérprete de lenguaje de señas para que, con una comunicación fluida con las personas sordas entreguen toda la información que éstas requieren en forma clara y precisa".

"También los Tribunales de Justicia deberán tener entre sus funcionarios, a un profesional capacitado que, mediante el lenguaje de señas mantenga contacto con la comunidad sorda para informarle respecto de los distintos pasos de un determinado procedimiento, litigio o juicio sustanciado en ellos".

Similar exigencia tendría que regir para las municipalidades, los Juzgados de Policía Local; los programas de televisión (culturales, informativos, políticos y sociales); y bibliotecas públicas.

A su vez, el Ministerio de Educación debería incluir en sus políticas de evaluación como la prueba SIMCE una adecuación para los alumnos con discapacidad auditiva, con un sistema especial de medición.

Finalmente, la iniciativa establece también la existencia de una credencial especial para la comunidad sorda de modo que puedan tener acceso a diversos beneficios, ya que ocupa el tercer lugar entre los discapacitados del país, según la Encuesta Casen 2009.

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