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  A Sala proyecto que faculta a comunidades para representar a sus asociados en aprovechamientos de aguas

  La Comisión Obras Públicas también inició el estudio de la iniciativa, en segundo trámite, que incrementa las sanciones por la extracción ilegal de aguas. A la sesión asistieron el ministro de OO.PP., Laurence Golborne y el titular de la Dirección Gral. de Aguas, DGA, Matías Desmadryl, entre otros.

12 de julio de 2012

Permitir que los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia representen a los interesados en los procedimientos de constitución de derecho de aprovechamiento de aguas, es el objetivo del proyecto, en primer trámite, y que fue aprobado en general por parte de la Comisión Obras Públicas.

 

Así lo informó el presidente de la instancia, senador Jaime Quintana quien  comentó que "se aprobó la idea de legislar del proyecto que envío el Ejecutivo y que busca perfeccionar todos los títulos de aprovechamiento de aguas, lo cual  permitirá facilitar los trámites tanto a nivel de la Dirección de Aguas como de conservadores de bienes raíces y de todas estas instancias que participan en este proceso".

 

En ese sentido, el parlamentario enfatizó que "lo importante de esta iniciativa es que se simplificarán los trámites, se reducirán los costos y eso significará que beneficiará a un número importante de regantes de toda la zona  productiva del norte y sur del país".


Asimismo, el legislador indicó que "iniciamos la discusión de otro proyecto sobre aguas, algo más complejo, que eleva las sanciones frente a las infracciones que se producen por la extracción ilegal de ellas. Según el ministro Golborne, esta situación ocurre con bastante frecuencia en la gran minería, centrales de paso y empresas hidroeléctricas, y por eso, se requiere sanciones".

 

Sin embargo, agregó el senador Quintana "en esta sesión se hizo una discusión muy preliminar al respecto del tema; escuchamos a un número importante de abogados ligados a los derechos de aguas y esperamos recibir a los juristas penalistas, durante los próximos días.  Este tema tiene que ser abordado no solamente desde una perspectiva punitiva, sino también de los efectos que esto traerá en la agricultura".

 

El legislador dijo que "hemos constatamos una serie de aprehensiones muy transversales provenientes desde la Sociedad Nacional de Agricultura hasta abogados especializados en aguas, sobre este proyecto que sólo aumenta las penas. La verdad es que en nuestra legislación está repleta de estas iniciativas que incrementan las penas y no sé si éstos son los que finalmente resuelven la comisión de delitos, como es el caso de la extracción ilegal de aguas".

 

Añadió que "invitaremos para nuestra próxima sesión a abogados penalistas porque el ministro Golborne dijo que había que subir las penas; mi posición, en cambio, es que este tema es una pequeñísima parte de la problemática del agua que ocurre hoy".

 

PENAS

El integrante de la instancia, senador Alejandro García-Huidobro sostuvo que "iniciamos el estudio del proyecto que aumenta las multas a quienes extraen en forma ilegal aguas ya sea consultivas y no consultivas. En ese sentido, escuchamos a expertos  en derechos de aguas. Ellos nos dieron su visión respecto de la constitucionalidad, de las reformas que debemos hacer, y de la realidad que existe en nuestro país, sobre todo, lo que ocurre con los pequeños y medianos agricultores".

 

Agregó que "estos pequeños y medianos agricultores, históricamente han tenido sus aguas disponibles, pero no han estados reconocidas por la DGA, porque generalmente, no han sido inscritas legalmente y la usan por la costumbre".

 

El parlamentarios dijo que "hemos iniciado un ciclo de audiencias con el fin de escuchar a los distintos sectores. Este proyecto tal como viene  de la Cámara de Diputados, sin duda, significará que se le aplicaría la misma multa a un pequeño agricultor, que es dueño de un sitio por la reforma agraria que a una gran empresa; es por eso, que debemos mejorarlo"

 

Asimismo, explicó que "estamos trabajando para que los funcionarios, fiscalizadores de la DGA, tengan el rango de ministro de fe con el fin que los jueces los puedan considerar. Cuando se inició este gobierno, la DGA tenía 7 funcionarios fiscalizadores y hoy existen 30, pero con ellos tampoco es factible que se haga una real fiscalización. Esperamos entregarles más atribuciones y más procedimientos, con el objeto de fomentar la transparencia y así evitar posibles prácticas abusivas".

 

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne manifestó que "tenemos una buen noticia, porque se aprobó la idea de legislar del proyecto de regularización de derechos de aguas, que es algo que estamos impulsando para facilitar a las comunidades la posibilidad de regular estos derechos, dándole facultades a las juntas directivas de tramitar a nombre de sus asociados".

En segundo lugar, indicó el titular de OO.PP. "iniciamos el estudio del proyecto que establece sanciones y facultades de la DGA ante situaciones de robo o hurtos de aguas. Este es un proyecto que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y ahora está en segundo trámite legislativo en el Senado;  esperamos que dentro del mes de agosto lo saquemos adelante".

 

Añadió que "este proyecto tiene una importancia fundamental porque la Dirección General de Aguas tendrá las facultades de secar pozos, ante la sustracción de aguas y permitirá que se aumenten las sanciones que hoy sólo alcanzan los $200 mil. La idea es que los montos de multas se incrementen en forma millonaria, para que evitar situaciones  como lo que ha ocurrido en el norte de Chile, donde históricamente se han extraído aguas ilegalmente".

 

Asimismo, indicó "permitirá que se inhiba esta acción delictiva que ha causado tanto daño no sólo a los regantes que tienen derechos legítimos sobre las cuencas, sino también al medio ambiente, porque se producen extracciones de aguas en acuíferos que están con un degaste tremendo".

 

 

 

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