Advierten una agudización de posturas en torno a la tramitación de la Ley de Pesca

Su preocupación por una eventual agudización de las posturas en el marco de la tramitación del proyecto de ley que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, manifestaron los senadores Ximena Rincón, Andrés Zaldívar y Pedro Muñoz, junto a diputados.

Los parlamentarios coincidieron en que se deben abrir en forma urgente canales de diálogo entre todas las partes involucradas y evitar que el gobierno "escuche solo a uno de los sectores de la pesca", en el marco del debate de este proyecto que cumple su primer trámite, en la Cámara de Diputados.

Anticipando lo que será la discusión en  la Cámara Alta, el senador Zaldívar precisó que "estamos frente a un tema delicado. El gobierno no ha abierto espacios de conversación y existen muchos intereses cruzados. En el caso de la Región del Maule estamos en una situación crítica porque estamos conscientes que nuestros pescadores reclaman la invasión que se hace a su región de industriales o semi industriales que concurren a nuestra zona".

Por lo tanto, "la posibilidad de permitir la pesca en zonas contiguas va a ser dramáticamente imposible de superar". Agregó que en materia de cuotas pedimos que la VII Región sea declarada de exclusión, como un piloto de preservación de recursos".

Aseveró que "hemos visto una explosión de reclamos en todas regiones y si el gobierno no trata bien el tema podemos tener consecuencias críticas y el gobierno debiera hacerse responsable y el ministro muchas veces escucha solo a una parte de los pescadores".

PESCA ARTESANAL

La senadora Rincón dijo que los pescadores llevan meses tratando de plantear sus críticas y propuestas para la nueva Ley de Pesca, pero ninguno de sus planteamientos importantes ha sido acogido por el Ministro de Economía, Pablo Longueira. "Ellos no quieren reuniones, que ya han tenido muchas, sino que esperan respuestas a sus demandas de fin a la pesca industrial en las costas del Maule y eliminación del concepto de región contigua", aseguró.

Agregó que "resulta lamentable que el Gobierno no escuche y que los pescadores tengan que recurrir a acciones como la toma de caminos para captar la atención de las autoridades, porque llevan meses tratando de plantear sus críticas y propuestas".

Indicó que en esta materia la Concertación lo hizo mal durante los 20 años que estuvo en el Gobierno, pero recalcó que esa mala gestión no constituye luz verde para borrar del mapa a los pescadores artesanales. "Lo que hoy existe ni siquiera mejora lo malo que hizo la Concertación. Primero, porque el proyecto se basa en un  acuerdo que alcanzó el Ministro Longueira con una mesa poco válida, en que la pesca artesanal no sólo no tuvo una presencia acorde a su importancia, sino que además los dirigentes que participaron en ella no son representativos de la actividad y menos aún de la realidad de los pescadores del Maule".

Recordó que junto a otros senadores presentó un proyecto de ley que al establecer una licitación pública de las cuotas de pesca industrial, pondría punto final a los privilegios a las grandes empresas que durante años usufructúan de manera gratuita de los recursos marinos, concurso que -aclaró- no es aplicable para la pesca artesanal.

NO HAY AVANCE

A su vez, el senador Muñoz justificó su rechazo al proyecto de ley de pesca porque "no representa ningún avance para la pesca artesanal, que sigue siendo el pariente pobre del sector, pese a constituir una actividad tradicional de trabajo y sustento para miles de familias y comunidades".

Aseveró que "una ley integral debe proteger las cinco millas y los caladeros históricos más allá de éstas, frenar el arrastre y el descarte; contener normas de protección social, otorgar exclusividad en las denominadas "pesquerías finas" y dar acceso a aquéllas en desarrollo incipiente, entre otras materias".

Sin embargo, advirtió que el proyecto del Ejecutivo "insiste en un sistema de administración pesquera (las cuotas por armador), a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que hemos confirmado que llevaron al colapso de las pesquerías, pese a que fueron planteadas como la solución del problema. Hoy las capturas de las principales especies han caído a niveles históricos".

Puntualizó que "las cuotas indefinidas y transferibles constituyen claramente una privatización del mar, entregando definitivamente a unos pocos y para siempre los recursos marinos que pertenecen a todos los chilenos. No hay derechos adquiridos respecto de los bienes públicos".

Asimismo aseguró que el proyecto "favorece al mismo sector industrial beneficiado por largos años y que ha llevado a la sobre explotación de los recursos del mar. Se premiará a quienes han depredado nuestras costas, tal como se hizo con la salmonicultura".

Además hizo notar que "no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar".