Convención que acelera el proceso de desarme de municiones en racimo ya es una realidad

En condiciones de ser promulgada como ley de la República quedó el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención sobre Municiones en Racimo que insta a los Estados a prohibir el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de las municiones en racimo.

Ello, luego de que el Senado aprobara en forma unánime, la iniciativa que establece además un marco de cooperación y asistencia que asegure un adecuado suministro de ayuda y rehabilitación a los sobrevivientes y a sus comunidades, así como la limpieza de áreas contaminadas, y la educación sobre el riesgo y la destrucción de stock de las municiones de racimo prohibidas.

Durante el debate los senadores Hernán Larraín, Isabel Allende, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y Camilo Escalona quienes coincidieron en que este instrumento internacional es coherente con la vocación pacífica de nuestro país.

El senador Hernán Larraín, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseveró que este Convenio "sigue la política exterior que Chile ha tenido sobre esta materia al aprobar la Convención de minas antipersonales donde hay un proceso en marcha y sobre el desarme nuclear". Además recalcó que "habiendo sido nuestro país un productor de estas bombas de racimo nos parece importante ratificar este acuerdo con el fin de desligar la imagen de Chile como país bélico".

A su turno, la senadora Isabel Allende manifestó que este instrumento internacional es una importante señal ante el mundo y contribuye a la paz mundial. Además  señaló que "me parece importante que esto se dé dentro de un marco jurídico vinculante  y de cooperación internacional, tema que muchas veces nos ha tocado abogar porque va en línea con el derecho internacional". No obstante, lamentó que el proceso de desminado haya ido más lento de lo esperado, especialmente por motivos económicos.

Por su parte, el senador Eugenio Tuma, coincidió con sus pares en el sentido de que "Chile ha demostrado una vocación de servicio para la defensa de los derechos humanos, lo está haciendo en Haití y también en acciones tendientes a mejorar su imagen en tratados que garantizan los principios fundamentales". Recordó que El Líbano fue objeto de un bombardeo en 2006 y todavía hay zonas donde quedan estos artefactos que provocan graves daños en la población civil.

En tanto, el senador Ignacio Walker, manifestó que este proyecto es parte de lo que se llama el derecho internacional humanitario y creo que es el tercer capítulo de lo que se inició en Ottawa con la Convención contra las minas antipersonales y la Convención sobre restos explosivos de guerra. "Las bombas de racimo son particularmente grave porque tiene un efecto indiscriminado que no hace distinción entre la población civil y militar", aseveró.

El senador Camilo Escalona, afirmó que "este tratado evitará la producción y circulación de este tipo de armamento" y, desde el punto de vista presupuestario aseguró que "habría solo un gasto marginal en caso de un aporte voluntario que sería suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores".

Cabe recordar que el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 10 de septiembre de 2009, señaló que el proyecto no representa un mayor gasto fiscal, toda vez que en su texto no se establece obligación expresa en tal sentido.

Los gastos para implementar las medidas que la Convención establece, se efectuarán con cargo a los recursos del presupuesto ordinario de las Instituciones del Ministerio de Defensa Nacional que corresponda.

Asimismo, cuando hubiere gastos administrativos de las reuniones de los Estados partes, la Convención indica que deben ser costeados por los mismos. En este caso, se estima efectuar un aporte voluntario hasta por un monto de US $ 5.000 anuales, que será financiado con cargo al presupuesto de la Secretaría y Administración General y Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.