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  Piden al Ejecutivo que disminuya el impuesto específico a los combustibles de taxis básicos y colectivos

  La Cámara Alta ratificó un proyecto de acuerdo en esa línea, presentado por la senadora Isabel Allende.

13 de julio de 2010

En forma unánime la Cámara Alta aprobó un proyecto de acuerdo mediante el cual solicita al Presidente de la República, que en virtud de sus atribuciones constitucionales y legislativas, proceda a disminuir el Impuesto Específico a los Combustibles respecto del transporte menor de pasajeros.

El texto, presentado por la senadora Isabel Allende, señala que el transporte público de pasajeros tiene como uno de sus principales ejes al transporte menor de pasajeros, es decir, los taxis y taxis colectivos, lo cual se observa con mayor nitidez en el transporte público de regiones, donde un importante número de habitantes se trasladan a sus quehaceres diarios en este tipo de transporte público.

Agrega que en la actualidad los taxis colectivos y taxis básicos deben desembolsar por concepto de impuesto específico de combustibles un valor cercano a 6 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) por m3 (metro cúbico), "lo cual es abiertamente discriminatorio si consideramos que el transporte mayor de pasajeros sólo paga 1,5 UTM por m3, esto es, cancela sólo un 25% del total que debe pagar el transporte de taxis colectivos".

En opinión de la autora de la iniciativa ello "traerá como natural consecuencia el paulatino traspaso del costo impositivo adicional a los usuarios, quienes deben utilizar a diario este medio de locomoción principalmente para trasladarse a sus lugares de trabajo o en actividades cotidianas, perjudicándolos abiertamente, por cuanto su menor poder adquisitivo será considerable".

El texto señala que en oportunidades anteriores, el Estado ha tenido un rol protagónico en materias de este tipo, como lo fue de la creación del Fondo de Estabilización del Petróleo, que permitió arribar a una solución equitativa ante un conflicto creado por las variaciones del valor internacional del petróleo.

"El Estado debe velar por el bien común, lo cual en el caso en la especie se traduce en asumir, en un porcentaje, el costo que implica el cobro de este impuesto en un sector del transporte público de pasajeros que entrega un enorme beneficio a diario a la población en general, evitando que se produzca un impacto de considerables dimensiones en los sectores de menores recursos", puntualiza el proyecto de acuerdo.

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