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  Mayores atribuciones para el Estado contempla nuevo proyecto que modifica el régimen jurídico del transporte público

  Senadores Soledad Alvear y Jovino Novoa, quienes representan a la Región Metropolitana, valoraron el envío de la iniciativa al Senado y anunciaron que estudiarán en detalle las normas relativas a las concesiones.

28 de julio de 2010

Las Comisiones de Transportes y la de Hacienda serán las encargadas de analizar el proyecto, en primer trámite, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado y que contempla mayores atribuciones para el Estado con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

La iniciativa cuenta con calificación de "suma urgencia", es decir de 10 días para ser analizada por cada rama legislativa y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución, el Senado ofició a la Corte Suprema para poner en su conocimiento el texto de la iniciativa.

Los senadores de la Región Metropolitana, Soledad Alvear y Jovino Novoa coincidieron en valorar la iniciativa y anticiparon algunas reflexiones sobre el nuevo margo regulatorio que regirá al Transantiago.

La senadora Soledad Alvear, recalcó que es necesario que se establezcan por ley las normas que deben regir el Transantiago y un mayor control de todo el sistema con el fin de "mejorar la calidad del servicio, que se fiscalice la frecuencia de los recorridos, la calidad y  que se pueda regular en forma adecuada las normas medioambientales".

En este punto la parlamentaria se mostró contraria a un eventual aumento del número de buses ya que "es preferible una  mejor distribución para prestar el servicio adecuado, sin aumentar el número de buses con el fin de evitar el efecto adverso (contaminación) que genera una mayor flota".

Añadió que "también deben existir controles técnicos de modo que se cumplan todos los requerimientos para brindar seguridad a los pasajeros y  me preocupa el tema tarifario, ello tiene una repercusión especial en la Región Metropolitana que también tuvo un terremoto y afecta mucho el alza de tarifas y debe quedar regulado".

Respecto de las concesiones, la legisladora aseveró que "debemos establecerlas por ley y debe establecerse la caducidad si no se cumplen los requerimientos que se establecieron en el contrato y eso permitiría poder regular el cumplimiento de las normas laborales que han perjudicados a trabajadores, especialmente de una línea que en estos días están en paro, dejando un número importante de familias sin ingresos".

En cuanto a las concesiones ya otorgadas, la parlamentaria planteó que "éstas se pueden extender hasta un máximo de tres años, así como su caducidad en caso de incumplimientos y, en caso de reclamos de las empresas se establece un procedimiento previo y sumario para poder resolver los conflictos que pueden producirse".

Asimismo, en caso de caducidad, según la senadora Alvear "lo fundamental es que exista continuidad del servicio, no podemos dejar a un sector de la población sin locomoción y por es fundamental que exista un administrador provisional que inmediatamente se haga cargo".

BUENA DISPOSICIÓN

A su turno, el senador Jovino Novoa, integrante de la Comisión de Transportes, destacó el "buen clima político" que a su juicio existe para discutir en el Congreso el proyecto enviado hoy por el gobierno y que busca reformular el Transantiago.

"Tuvimos una reunión de los senadores de la Región Metropolitana y con el ministro de Transportes y vimos una muy buena disposición", afirmó el senador.

El parlamentario añadió que "la oposición tiene que entender que este es un problema heredado por el gobierno y que afecta una parte muy importante del país. Y, de una vez por todas tenemos que encontrar una solución para mejorar el sistema, bajar los costos y tener un transporte público con un buen servicio y que se pueda financiar".

Precisó que este proyecto busca darle mayores atribuciones al Estado por sobre las empresas del Transantiago, para así lograr una mayor fiscalización y una eventual intervención en el caso de quiebra de la empresa o caducidad de los contratos.

Además, el parlamentario aseveró que están a la espera de recibir otro proyecto para subsidiar la tarifa del Transantiago, con el objetivo de lograr frenar las continuas alzas que ha experimentado el sistema durante los últimos meses. "Es evidente que esta situación no puede seguir así. La población de Santiago no está en condiciones de pagar ese tipo de tarifa y recibir un servicio que no sea adecuado", sostuvo.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La iniciativa tiene como idea matriz establecer una serie de modificaciones al marco jurídico del transporte público remunerado de pasajeros, que permitan al Estado contar con las herramientas adecuadas para una mejor gestión de los contratos de los servicios concesionados.

Asimismo apunta a garantizar una prestación con un alto estándar de calidad y, al mismo tiempo, disponer de los instrumentos jurídicos adecuados que le permitan enfrentar en forma oportuna las contingencias que impidan la correcta marcha y prestación del servicio actual.

En lo fundamental establece la obligación de informar por parte de los concesionarios y de su fiscalización, de modo que los concesionarios quedarán sujetos a la supervisión y control del Ministerio, quien podrá pedir informes e inspeccionar las instalaciones y vehículos que comprende el servicio.

También podrá  adoptar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. El incumplimiento de este deber será sancionado.

Por otro lado se regula  la quiebra de las empresas y término de la concesión, ya que en la actualidad el régimen jurídico no resuelve adecuadamente el tema de la continuidad del servicio

En el caso de la quiebra, se establecen normas expresas sobre la materia respecto del término de la concesión, la continuidad del servicio y la administración de los bienes afectos a la concesión. En este sentido el proyecto señala que la declaración de quiebra del concesionario constituye una causal de término de la concesión.

En este evento, la autoridad podrá nombrar un Administrador Provisional el cual se hará cargo de los bienes afectos a la concesión. A su vez, estos bienes quedarán fuera de la administración del síndico y, por tanto, del respectivo procedimiento concursal.

El texto legal regula también el régimen de los bienes afectos a la concesión con el fin de garantizar su vinculación con la prestación continua del servicio.

El proyecto establece que el Ministerio deberá llevar un registro público de estos bienes los que estarán excluidos de la administración de un síndico en caso que se declare la quiebra del concesionario. En este caso, quedarán a disposición del Ministerio para efectos de determinar la continuidad del servicio o su desafectación.

Por su parte, los bienes afectos a la concesión quedarán a disposición de un Administrador Provisional en todos los casos de término anticipado de la concesión (caducidad, quiebra o término anticipado).

En cuanto a los contratos de concesión y las facultades del Ministerio, el proyecto explicita que este contrato tiene por finalidad satisfacer el interés público que exige la prestación de un servicio de transporte de calidad, debiendo garantizar su continuidad, permanencia y seguridad.

De esta forma, se dispone que estos principios inspiran la celebración y ejecución de este contrato, otorgando a la Administración las atribuciones necesarias para cumplir dicha finalidad y asegurar el equilibrio económico-financiero de los concesionarios.

Otro de los temas que aborda la normativa es la falta de mecanismos e instrumentos para enfrentar la suspensión en la continuidad del servicio, cualquiera sea la causa que dé lugar a esta contingencia.

Por ello, se extiende la aplicación de las medidas de continuidad del servicio a todos los supuestos que conlleven a su suspensión o que constituyan un riego cierto a su continuidad, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la quiebra del operador.

Además la continuidad del servicio hace necesario determinar los bienes que estarían afectos a la concesión y, además, las fórmulas destinadas a dar a los continuadores (Administrador Provisional o nuevo concesionario) la posibilidad de contar con capital de trabajo que le permitan llevar adelante dicha continuidad.

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