Aula segura: analizan normas de debido proceso antes de aplicar medidas contra la violencia escolar
Según el acuerdo adoptado por la Sala del Senado, la Comisión de Constitución escuchó a especialistas a fin de responder al mandato de la Sala para pronunciarse sobre el mecanismo contemplado en el proyecto que permite a los directores la expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia.
8 de octubre de 2018
Junto a profesores de derecho constitucional y autoridades del Ministerio de Educación, la Comisión de Constitución inició el estudio proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín N° 12.107-04).
Cabe recordar que, por acuerdo de la Sala se determinó que la Comisión de Constitución se pronuncie, previamente, sobre si el texto legal cumple o no con las normas del debido proceso antes que sea visto por la Comisión de Educación.
Así lo afirmó el senador Francisco Huenchumilla, presidente de la instancia quien afirmó que en la primera sesión dedicada a este análisis en derecho se escucharon las exposiciones de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos y de los profesores de Derecho Constitucional, Manuel Antonio Núnez y Jaime Bassa.
Asimismo anunció que esta semana concluiría dicho estudio y se emitirá un pronunciamiento al respecto. Para tal efecto, la Comisión está citada para este martes 9 de octubre a partir de las 10:30 horas, con la participación de los constitucionalistas Fernando Atria y Sebastián Soto.
Por su parte, la senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Educación recordó que “hay que abordar los problemas de violencia escolar en profundidad porque es fácil caer en simplismos, en soluciones fáciles, como plantear única y exclusivamente la expulsión de los alumnos”.
Precisó que desde “el año 2011 la ley 20.536, sobre Violencia Escolar, se hace cargo de este tema y establece, dentro de las medidas del reglamento interno, medidas pedagógicas, y hasta la cancelación de la matrícula. Es decir, no es efectivo ni es cierto que hoy día no tengan facultades para expulsar a los estudiantes”.
En esa línea precisó que “este proyecto lo que hace es eliminar el debido proceso, que está contemplado en la ley y vemos que no hay medidas pedagógicas para los expulsados”.
Una opinión distinta manifestó el senador Víctor Pérez Varela quien explicó que “si alguien tiene dudas de la constitucionalidad del proyecto, tiene todo el derecho a hacer las presentaciones respectivas. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente convencidos de que el proyecto viene a entregar buenas atribuciones a los directores, absolutamente necesarias”.