Violentando un derecho histórico

La Ley General de Pesca y Acuicultura, que lleva 20 años de vigencia, necesita una reformulación profunda, precisamente para reconsiderar el concepto de derecho histórico.

Por eso, voy a hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto que elimina el tratamiento especial que se estableció para los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal de la X Región, porque tengo la convicción de que aunque no me gusta la Constitución ni la Ley de Pesca y Acuicultura tal como está, aquí o que se está haciendo es violentando el derecho histórico. Porque que me guste o no lo que pasa, la decisión de dividir las regiones no tiene que ver con la industria de la pesca en nuestro país.

Se pretende traspasar un fenómeno que tenía que ver con una realidad terrestre, de asentamientos humanos, de división administrativa y política del territorio terrestre del país, como una presunta ventaja para algunos que tienen intereses económicos. Legítimos, pero intereses al fin y al cabo.

Lo que nos pasa con la Ley General de Pesca es que detrás de cada teoría que se levanta hay un interés que se defiende. Porque la pesca es una ecuación suma cero. Los que ganan por un lado, pierden por otro. Y  lo que se nos está proponiendo es que les demos ventaja a algunos y les quitemos el derecho histórico a otros.

Lo que está en discusión, cuando uno habla de derecho histórico, es pesquería, volumen y territorio. Son tres componentes de estos derechos y aquí se le quiere a cercenar a unos el concepto de territorio.

Es un hecho que se nos está pidiendo que en el Congreso resolvamos algo que los actores y el Gobierno han sido incapaces de resolver. Porque la administración de turno tiene la responsabilidad de enfrentar este fenómeno. Incluso, el Ministro de Economía dijo que era partidario de que así fuese.

Por lo tanto, lo que se necesita es ver cómo negocian los actores, para ver cómo acceden a recursos que son escasos, entre otros motivos, porque están sobreexplotados porque la institucionalidad pesquera en nuestro país, el Consejo Nacional y los consejos zonales de pesca, son insuficientes. Además, en esos consejos, los actores interesados en el negocio, sobreestiman el esfuerzo pesquero que se pueda realizar.

Tengo la ventaja de ser senador,- junto al mi par, Alejandro García-Huidobro-, por la única  Región, que con más de 110 kilómetros de costa no tenemos ni el más mínimo muelle. Y nosotros vemos la perforación que hacen los pescadores del norte y los del sur sobre esas zonas pesqueras.

Sabemos que eso pasa en la Región de Los Lagos y en la Región de Los Ríos, también en la Novena Región, que es la segunda región más subdesarrollada, junto con la Sexta, en las industrias pesqueras.

Por eso creo que este proyecto significa solamente meterle recursos de un bolsillo a otro y no una política nacional.