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  Ley y tratamiento de excepción para solucionar problemas de damnificados estudia la Comisión de Vivienda

  Así lo informó el presidente de esa instancia, senador Eugenio Tuma, al término de la sesión en que recibieron a los alcaldes y representantes de las comunas afectadas por el terremoto.

21 de junio de 2011

Un oficio al Ejecutivo en el que solicitan una legislación y un tratamiento de excepción para las familias que todavía se encuentran en condición de damnificadas por el terremoto, enviará la Comisión de Vivienda del Senado al Ministerio respectivo.

Así lo informó el presidente de esa instancia, senador Eugenio Tuma, al término de la sesión en que recibieron a alcaldes y representantes de las comunas más afectadas por el terremoto y maremoto del año pasado.

En la oportunidad estuvieron presentes los alcaldes Gastón Saavedra (Talcahuano), Luis Barra (Malloa), Eduardo Aguilera (Tomé) y Enrique Neira (Angol), además del administrador municipal de Carahue y el arquitecto urbanista de la municipalidad de Talca, quienes trazaron ante la Comisión y los coordinadores del Programa de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Pablo Ivelic y Pablo Allard, un magro panorama del estado de la reconstrucción en sus respectivas comunas.

Al respecto, el senador Tuma manifestó que "vamos a hacer una propuesta al Ministerio con el objeto de que puedan modificar algunas normativas que permitan excepcionalmente resolver los temas y no hacerlos esperar al cumplimiento de determinados requisitos. Queremos una legislación y un tratamiento de excepción para las comunas y familias que todavía se encuentran en condición de damnificadas y todavía no han sido atendidas por el Ministerio".

Agregó que "hemos escuchado la evaluación que hacen los alcaldes y deja mucho que desear la respuesta que el sector público ha dado a la reconstrucción. A pesar de tener los recursos, la lentitud con que ha venido dándose el sistema de reconstrucción y ayuda a los damnificados hace que un muy bajo porcentaje haya iniciado la reparación o reconstrucciones de la vivienda".

El presidente de la Comisión de Vivienda dijo que "hay un atraso enorme y el país no ha adecuado las normativas para enfrentar la reconstrucción. No se han querido modificar y han pretendido abordar la emergencia con los sistemas regulares que existen".

AGILIZAR PROCEDIMIENTOS

Por su parte, el senador José García Ruminot, manifestó que los representantes de las comunas afectadas "piden más agilidad. Señalan que hay mucha traba burocrática, mucha petición de documentos y que la reconstrucción avanza más lento de lo que son las necesidades de las familias que perdieron sus viviendas".

Agregó que si bien hay distintos niveles de avances en las comunas, hay algunas situaciones de carácter general que se presentan en todas ellas.

A modo de ejemplo, dijo que "nos han señalado que los catastros de damnificados no tienen a todos los damnificados, porque hubo gente que por temor se fue de los lugares y comenzó a volver a fines del año pasado y no se inscribieron en los registros de damnificados. Hay una petición, no de abrir los registros, pero que sí de que en los casos especiales que han sido expuestos por los distintos municipios, los Serviu tengan más apertura para estudiar ciertas situaciones".

El senador García Ruminot explicó que los representantes de las comunas pidieron que se entregue información respecto de los planes de reconstrucción en materias urbanas.

"Hay que reconstruir calles que se destrozaron, colectores de aguas lluvias, alcantarillado, edificios municipales, parques, etc. Eso involucra a varios ministerios y la idea es que se conozcan cuales son, comuna por comuna, los planes de reconstrucción de estas obras urbanas, que no incluyen las viviendas", sentenció.

Algunas de las críticas expuestas por los alcaldes fueron la falta de coordinación del poder central con los municipios para establecer prioridades de reconstrucción; la disparidad de criterios en los informes que determinan cuando una vivienda está apta para su uso, cuando tiene daños menores reparables o cuando tiene daños irreparables que exigen sus demolición; la insuficiencia en los montos otorgados para la reparación y el otorgamiento de subsidios; la falta de profesionales calificados, tanto para la construcción de las viviendas como para la planificación urbana; y, sobre todo, el retraso en la construcción de las soluciones habitacionales para los damnificados por el movimiento telúrico.

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