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  Precisarán procedimientos y costos que involucraría el proyecto que obliga a soterrar las líneas de energía eléctrica

  Las Comisiones Unidas de Vivienda y Urbanismo y de Minería y Energía serán las encargadas de resolver las dudas surgidas durante el debate en general de la iniciativa que apunta a mejorar la calidad de vida y la seguridad de la población.

8 de agosto de 2012

Con el fin de elaborar un nuevo primer informe que contenga mayores detalles sobre los procedimientos y la valorización de los costos que involucraría el proyecto que obliga a soterrar las líneas de transmisión y distribución de energía, la Sala acordó devolver a las Comisiones Unidas de Vivienda y Urbanismo y Minería y Energía, la iniciativa que cumple su primer trámite.

 

Durante el debate en general del proyecto que tuvo su origen en una moción del senador Juan Pablo Letelier surgieron algunas dudas sobre el texto legal que apunta a mejorar la calidad de vida en las ciudades que se han visto invadidas por postes y cableados que provocan no solo contaminación visual sino también potenciales accidentes.

 

Intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, Eugenio Tuma, Hosaín Sabag, Lily Pérez, Jorge Pizarro, Jaime Orpis, Víctor Pérez Varela, Carlos Larraín, Andrés Zaldívar, Gonzalo Uriarte, José García Ruminot, y Jovino Novoa

 

El senador Letelier explicó que esta iniciativa apunta a hacerse cargo de una compleja situación donde las empresas no se hacen responsables de los diversos cableados que usan para sus servicios, muchos ellos en desuso, que afean el entorno, dificultan la visibilidad y desvalorizan el patrimonio. Por eso aseguró que "se trata de generar una norma para que todo nuevo emprendimiento tenga que realizar un soterramiento del cableado -no solo eléctrico sino también los tendidos que usan la postación del servicio eléctrico-  y se establecen plazos retroactivo para abordar el tema existente. Además reconoció que el texto legal aprobado no refleja el amplio debate sostenido al interior de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

 

En tanto, el senador Tuma aseveró que en la actualidad "no tenemos una normativa para regular la situación del cableado en el país" y recordó que con motivo del incentivo de las luminarias en ciudades del país se autorizó hacer uso de espacios públicos sin regulación y ahora "muchas empresas adquieren rentabilidad a costa de contaminar visualmente".

 

El senador Sabag valoró el objetivo de esta iniciativa y recordó que fue tema de un extenso análisis en la Comisión de Vivienda. Detalló además las diversas dificultades que deben enfrentar las comunidades, los municipios e incluso los propios Ministerios con estos verdaderos nudos de cables que no están debidamente regulados. Expresó además que según las empresas eléctricas soterrar los cables tendría un alto costo.

 

A su vez, la senadora Lily Pérez, manifestó que "este tema está relacionado al tipo de urbanismo que le estamos dando a nuestras ciudades de modo de evitar los riesgos y accidentes que genera el cableado aéreo en especial con motivo de temporales  o movimientos telúricos". Puntualizó que los verdaderos enjambres de cables no solo afectan la visibilidad sino también la plusvalía de los barrios y la integridad de sus habitantes. Sin embargo, dijo que cualquier medida no puede afectar los costos de los servicios.

 

El senador Pizarro apuntó a la necesidad de evitar la segregación que ocurre entre sectores nuevos que se construyen con nuevas normativas de seguridad y otros más populosos que todavía mantienen este sistema de cableado aéreo. No obstante, llamó la atención por los costos ya que "una cosa es regular de ahora en adelante y otra bajar a subterráneo todo el actual cableado". Advirtió que finalmente, las empresas terminan cargando los costos a los usuarios.

 

En la misma línea, el senador Orpis, insistió en que el proyecto no contempla una valorización de cuánto cuesta llevar a espacios subterráneos el cableado aéreo y, por lo tanto, sugirió que sea analizado por la Comisión de Minería y Energía ya que necesariamente, "va a tener un impacto tarifario".

 

El senador Pérez Varela, coincidió con su par en el sentido que "si bien todos estamos de acuerdo en el problema que produce el cableado aéreo, la solución que plantea el proyecto es ajena a la realidad, pues si uno lee el texto y cree que solo se trata de dar la obligación a las empresas de soterrar y si no lo hacen van a ser multadas estamos equivocados". Por eso apoyó la idea de que sea analizado en Comisiones Unidas.

 

 

El senador Carlos Larraín recordó su experiencia como concejal cuando le correspondió llevar adelante el hundimiento de cinco mil metros lineales de cables. "El sistema legal en que se edifica el transporte aéreo de cables en Chile es absurdo" y admitió que si "bien el propósito del proyecto es laudable, el abordaje que se hace es malo, aunque eso no significa que debamos abandonar el empeño". Para ello propuso abordar la iniciativa con una gradualidad en los avances del soterramiento y con normas que faciliten esta operación.

 

El senador Zaldivar se mostró partidario de realizar algunas precisiones al proyecto, porque existe una gran cantidad de cables que están obsoletos y se requiere un informe sobre cuánto cuesta el proceso de soterramiento y establecer de ahora en adelante la obligación de que todas las urbanizaciones tengan cableado subterráneo.

 

Asimismo, el senador Uriarte apoyó la idea de que el texto legal sea revisado por la Comisión de Minería y Energía ya que "todos entienden que este proyecto apunta a un objetivo deseable, sin embargo, la idea matriz requiere incorporar otras materias de transmisión y distribución de líneas eléctricas porque eso implica facultades de las Superintendencias". Además mencionó que según informes preliminares si esta norma de soterramiento se aplica al sistema eléctrico significaría un aumento de un 35% de las tarifas de energía".

 

El senador García Ruminot, insistió en que el tema de fondo es quién pagará los costos del soterramiento, porque en los términos actuales del proyecto habría causa legal para que las empresas distribuidoras los carguen a sus costos y a las tarifas de los usuarios, "con lo cual tendríamos un aumento de las tarifas domiciliarias".  Insistió en que es una buena iniciativa pero no sabemos cuánto cuesta ni cuánto va a significar en materia tarifaria.

 

Finalmente, el senador Novoa dijo que este es un proyecto muy específico que modifica el texto refundido de la Ley General de Servicios Eléctricos y establece una obligación a las empresas que tengan líneas de transmisión y distribución de energía de soterrar su tendido. Sin embargo, durante el debate se abordaron temas de urbanismo, de los barrios, los postes y concesiones de ductos que no tienen que ver con la idea matriz. Además, "con los antecedentes sobre costos e impacto de las tarifas habría que votar en contra de la idea de legislar, ya que luego no habría posibilidad de abordar otras legislaciones".

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