Nuestra credibilidad en foros internacionales no puede ser afectada

El conflicto con las comunidades mapuches está llegando a un punto demasiado delicado como para que todas las autoridades e instituciones del país no tomen cartas urgentes en el asunto. El riesgo para la vida de 32 compatriotas mapuches es inminente y es necesario deponer todos los obstáculos para evitar una tragedia que podría dañar la imagen internacional del país que, lamentablemente, ya está siendo afectada por cómo el Estado ha llevado el conflicto mapuche en el plano judicial y policial.

Nuestra credibilidad en los foros internacionales no puede ser afectada, pues esto puede repercutir negativamente y de manera insospechada en cada uno de los contenciosos en los que Chile está involucrado. Pero sin duda, lo más importante aquí es salvaguardar la integridad de las personas: por muy atendibles que sean las razones para esta huelga de hambre, el país está esperando que los mapuches depongan esta medida de fuerza, primero para impedir que se siga deteriorando la salud de estas personas, y luego para ayudar a encontrar una salida justa. Sobre esto mismo, es preciso advertir que no validamos la violencia bajo ninguna forma, por muy nobles y atendibles que sean los objetivos que se pretenda conseguir o la causa que se persiga alcanzar.

Es valioso que el Gobierno haya anunciado que quiere modificar la Ley Antiterrorista para afinar la tipificación de los delitos y precisar los procedimientos, así como revisar la legislación en materia de competencia de los tribunales militares. Hay que dar señales más concretas aún y así como el Presidente recibió a los empresarios, es esperable que otros actores se sumen a este debate y haya señales de acercamiento. Los civiles deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

En ese sentido, es urgente que los parlamentarios de las zonas en donde se encuentra radicado este conflicto intercedan, medien y acerquen a las partes. Del mismo modo, cualquier parlamentario que quiera y sienta que puede ayudar, es el momento de hacerlo porque estamos contra el tiempo. Lo importante es que los huelguistas no atenten contra su propia vida. Nadie quiere un desenlace dramático y no es justo que todos carguemos con la responsabilidad de un daño mayor.

Desde el Senado comprometemos nuestro mejor esfuerzo para que se escuche a las comunidades y se avance en fórmulas modernas, integradoras y transparentes. Por eso proponemos medidas inmediatas: Suspender la huelga de hambre, instalar a la brevedad una mesa legislativa que apure la tramitación de las reformas legales que garanticen un debido proceso a los acusados, reunir a las partes en conflicto para analizar el tema de fondo de la integración de las comunidades indígenas y consensuar un mediador que dé confianza a todas las partes y que sirva de vaso comunicante con los huelguistas.

Estamos a unas semanas del Bicentenario y creo firmemente que es una fecha que, lejos de separarnos con el pueblo mapuche, debiera unirnos. Chile es un país grande en el que cabemos todos y si hemos hecho un enorme esfuerzo por recuperar a 33 mineros, sin distingos ni diferencias sociales, raciales o económicas, es impensable entonces que no hagamos lo mismo por 32 chilenos mapuches que sienten que se les ha tratado de manera injusta.