Perjuicios a pequeños y medianos agricultores

La discusión que se ha instalado en el Congreso acerca de la reforma tributaria tiene varias aristas. Una de ellas obedece a los impactos que puede tener en los distintos sectores de la economía de nuestro país.

Es sabido que una reforma tributaria mal concebida, puede frenar el crecimiento y el empleo y, en estos dos ámbitos, el gobierno actual ha heredado del anterior cifras dignas de admiración y que la clase política debe cautelar. Por lo mismo, especial preocupación me merecen algunas disposiciones del proyecto de ley de reforma tributaria que perjudicarían, especialmente, a los medianos productores agrícolas y ganaderos. En efecto, existen, a lo menos, dos aspectos del proyecto de ley que podrían afectar estas actividades.

El primero se refiere a la modificación a la ley de impuesto a la renta en lo relativo a la restricción que tendrán miles de medianos empresarios que se dedican a la explotación de sus predios agrícolas de poder acogerse al régimen de renta presunta, que equivale al 10% del avalúo fiscal del predio.  Restringir esta opción significaría para estos medianos empresarios tener que aumentar sus costos de producción en atención a que deberán incurrir en gastos administrativos para poder llevar una contabilidad y tributar conforme a ella.

En nuestra región, por ejemplo, sabemos lo difícil que está para los medianos productores de lácteo llegar a los precios que están fijando los grandes compradores. Nuestras pequeñas y medianas empresas locales se encuentran compitiendo con productores del resto del mundo que cada día logran bajar más sus costos de producción y hacen que el precio baje. Nosotros no debemos ir en la dirección contraria sino que debemos ayudar a nuestros productores a crear un buen escenario para competir y así poder ir generando más y mejores empleos para nuestra región.

Un segundo aspecto que plantea el proyecto y que perjudicaría a los pequeños emprendedores que viven del campo, es el aumento del impuesto de timbre y estampilla, el que se  cobra a las personas cuando van a solicitar un crédito de consumo a algún banco, que va de un 0,4% a un 0,8%. En el gobierno de Sebastián Piñera, se había rebajado este impuesto y se pretendía llegar a la eliminación del mismo, porque entendíamos que bajar este impuesto es un alivio para la clase media de nuestro país y para quienes están emprendiendo. Aumentar este impuesto implicaría, por ejemplo, que aquel trabajador independiente del campo que quisiera renovar sus herramientas de trabajo mediante un crédito, tendría que pagar más.

Una reforma tributaria no tiene por qué ser inconveniente a priori pero cuando, por una parte, encontramos elementos que puedan afectar el crecimiento y el empleo y, por la otra, no sabemos con precisión en qué se van a destinar los mayores recursos que se quieren obtener, es legítimo plantearse la conveniencia de aprobar un proyecto de ley como el que se nos ha presentado.