Plantas desalinizadoras

¿Qué pasaría si los seis millones de habitantes de Santiago amanecieran mañana sin agua? Ha ocurrido por emergencias, ¿pero qué sucedería si esta contingencia no fuera solucionable por la acción humana, sino que estuviera relacionada a una sequía que sólo amenaza con empeorar? Seguramente los noticieros mostrarían hordas de chilenos protestando en La Moneda.

Lo cierto es que para los habitantes de la zona norte y centro sur esa emergencia no es ficción. Hoy, a lo largo de Chile, casi 600 mil personas obtienen agua gracias a camiones aljibes. Dos de cada tres comunas del país están en estado de emergencia debido a la escasez hídrica. En total tenemos 194 comunas en situación de emergencia agrícola desde la región de Atacama hasta Los Lagos.

La Presidenta Bachelet anunció recientemente un plan nacional para enfrentar la sequía que considera una inversión de 105 mil millones de pesos para el 2015 y una serie de medidas de corto y largo plazo, que contempla desde la adquisición de más camiones aljibes a la instalación de plantas micro desaladoras, embalses y plantas desaladoras de mayor magnitud en zonas críticas como la cuenca del Choapa y Limarí.

Es una buena noticia que el gobierno anuncie medidas de fondo, pero no podemos repetir errores y hay lecciones que debemos aprender antes de tomar algunos de estos caminos, como la instalación de plantas desalinizadoras.

La masificación de proyectos para desalar agua, que desde el Congreso varios promovemos con entusiasmo, requiere determinar previamente un modelo de construcción y gestión.

Hay que rayar bien la cancha antes de iniciar una empresa que tiene como materia prima el mar de todos los chilenos. Es clave definir cómo se financiará y llevará adelante la construcción y administración de estas plantas. Muchos pensamos que por su carácter estratégico, el Estado debe tener un rol sustantivo en esta materia.

Es imprescindible tomar todos los resguardos para evitar que la instalación de estos proyectos no termine siendo una nueva oportunidad de especulación y abuso para los privados.

En este sentido, es preocupante lo que está ocurriendo en Copiapó con la empresa sanitaria Aguas Chañar, a la cual el Estado le entregaría la construcción de una planta desalinizadora para el suministro de agua potable, pero dejando demasiadas interrogantes, como el valor de la tarifa para los usuarios hasta el modelo de negocios que se abre para una empresa privada con la entrega ¡sin costo alguno! del agua de nuestro mar.

También es fundamental establecer un marco para que estos proyectos se lleven a cabo sin daños al medioambiente. La flora y fauna marina ya sufre hoy los embates de la industria pesquera y energética; no necesita sufrir también por un mal manejo de plantas desaladoras.

Quienes  enfrentamos la sequía en nuestras zonas, somos los primeros en aplaudir una política pública que enfrente el problema, pero como conocemos también el lado oscuro de la industria, es pertinente alentar desde ya al Estado a hacer las cosas bien para evitar abusos futuros.