Por un plazo de 90 días: A segundo trámite proyecto que suspende el corte de servicios básicos por mora
En la instancia, se optó por eliminar el límite de consumo de agua para acceder al beneficio y establecer usos preferentes en el caso de las telecomunicaciones. Texto fue enviado a la Cámara.
29 de abril de 2020
Por 30 votos favorables, 9 abstenciones y ninguno en contra, la Sala del Senado despachó a su segundo trámite constitucional el proyecto que dispone la suspensión del pago y el corte de servicios básicos y de telecomunicaciones en el contexto de pandemia, que es fruto de diversas mociones parlamentarias refundidas.
Asimismo, de forma separada se aprobaron por mayoría 4 indicaciones que fueron presentadas en la instancia: 1) para incorporar a los servicios municipales en el beneficio; 2) establecer un uso preferente del flujo de internet para educación, salud y teletrabajo; 3) eliminar el límite de consumo de agua potable; y 4) permitir que las pequeñas empresas de distribución tengan facilidades de pago a sus respectivas generadoras.
Las enmiendas fueron presentadas por los senadores Alejandro Navarro, Francisco Chahuán, Yasna Provoste y José García Ruminot, respectivamente. En tanto, el senador Felipe Harboe se inhabilitó de la votación.
El proyecto prohíbe, por un plazo de 90 días, que las empresas proveedoras de servicios básicos y de gas de red corten el suministro por mora en el pago, a sus usuarios residenciales que cumplan ciertos requisitos.
Tampoco se podrá suspender los servicios a los hospitales, cárceles, hogares de menores en riesgo social, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas y establecimientos educacionales y de salud municipales.
Las deudas que acumulen las personas en este período, podrán prorratearse en hasta 12 cuotas iguales y sucesivas, sin multas ni intereses adicionales. También podrán incluirse las deudas pendientes hasta en un monto de 10 UF (268 mil pesos) para los servicios eléctricos; y 5 UF (143 mil pesos) en el caso del agua potable.
Además, permite a los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, solicitar al proveedor el cambio transitorio de su contrato o de las condiciones de prepago, para la aplicación de un Plan Básico Solidario de Conectividad por 90 días.
Podrán acceder a estos beneficios las personas que estén dentro del 40% de vulnerabilidad, tengan la calidad de Adulto Mayor, que estén percibiendo las prestaciones del seguro de desempleo, que estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo; o sean trabajadores independientes o informales que acrediten estar impedidos de efectuar el pago, mediante una declaración jurada simple.
PRINCIPALES ARGUMENTOS
El presidente de la Comisión de Economía, el senador Álvaro Elizalde, reanudó la discusión que había quedado pendiente de la sesión anterior. El legislador explicó que a diferencia del proyecto de la Cámara, el plazo no se asocia a la vigencia del estado de catástrofe.
También señaló que para la subsistencia de las pequeñas empresas de distribución eléctrica y cooperativas, se establecieron facilidades de pago a las generadoras. En el caso de los servicios de Agua Potable Rural (APR), precisó que el Gobierno se comprometió a la entrega de subsidios para permitir beneficios de similar naturaleza.
Por el lado de los legisladores oficialistas, plantearon que el objetivo de la iniciativa ya fue atendido en el acuerdo voluntario que propició el Ejecutivo. Además, en su mayoría expresaron que podía presentar vicios de constitucionalidad.
En tanto, las bancadas de oposición criticaron la acción del Presidente, mencionando que no usó las facultades que le corresponden y calificando de “poco transparente” el acuerdo. En ese entendido, argumentaron que la iniciativa surge por la necesidad de establecer la obligatoriedad para las empresas.
Otro aspecto a considerar, fue la modificación que se hizo respecto de los límites de consumo de agua potable en la normativa. En principio, el texto establecía como requisito que el usuario acredite un consumo menor o igual a 12mt3. Sin embargo, a raíz de la indicación de la senadora Yasna Provoste, se optó por eliminar esta disposición.
Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores:
“Es una señal importante que da el Senado en ayuda de las familias”
“Lo más objetivo y formal es que a través de un proyecto de ley se pueda regular”
“Esto no será un acto voluntario como las empresas querían”
“Si no tendremos usos preferentes en la red, tendremos un problema de capacidad”
"Este proyecto no fija precios, solo dice que no se pueden interrumpir los servicios básicos de los más vulnerables"
“Parece del todo razonable que puedan acogerse los municipios a este beneficio”
“Está bien inspirado, pero se estaciona de forma inadecuada”
“Tiene una buena intención, pero si se analiza el fondo, es inconstitucional”
“A la hora de discutir beneficios de las personas, la actitud del Gobierno es la oposición permanente”
“No se trata de una condonación que afectará la cadena de pago, sino una reprogramación que ayudará a las familias”
“Los trabajadores informales son los más vulnerables y este proyecto viene a entregarles una solución”
“El proyecto de ley busca ‘saltarse las reglas del juego’ y eso no habla bien del Congreso”
“Si el Presidente hubiera querido arreglar esto, lo hace por decreto, pero no hizo nada”
“El proyecto tiene problemas de focalización y podría presentar vicios de constitucionalidad”
“Esto no es populismo, es tener la mínima mirada social”
“Creo que hay buena fe y una preocupación legítima de formalizar una situación compleja”
“El Presidente tuvo facultades, pero optó por algo menos transparente y más arbitrario”
“Este proyecto legisla sobre un tema que ya está resuelto por un acuerdo”
"La única manera de hacer efectivas las recomendaciones sanitarias es a través de medidas eficaces"
“Me parece del todo obvio, incluso cuando los límites de consumo son bajísimos”