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Potenciar la administración de los condominios sociales

Por Víctor Pérez, senador por la Región del Biobío

22 de noviembre de 2013
Imagen foto_00000014Creo que es la ocasión de celebrar el proyecto de ley que busca modificar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y a otros cuerpos legales, con la finalidad de facilitar la administración de los condominios y permitir que las viviendas sociales puedan postular a proyectos de mejoramiento o a otros programas financiados con recursos fiscales.
Así, por ejemplo, se rebajan los quórums para la adopción de acuerdos que hoy establece la Ley de Copropiedad Inmobiliaria porque son extraordinariamente altos. En los condominios sociales difícilmente se logra reunir a tal cantidad de propietarios, y por lo tanto, se hace extraordinariamente complejo mejorar la administración de estas comunidades.
La iniciativa también permite que las postulaciones a los subsidios puedan hacerse por bloque de departamentos. Esto a nosotros nos parece una modificación sustancial, debido a que si hay un condominio de departamentos sociales que consta de cinco o seis bloques de departamentos, para mejorar una escala, se requiere el acuerdo de todos, y en la realidad es inviable.
La norma posibilita además que las postulaciones a los subsidios puedan hacerse también en bloque sin el requisito que todos sus habitantes tengan ficha de protección social. En la situación actual, si un block de 50 o 60 departamentos quiere acceder a un subsidio y uno de los propietarios no tiene este instrumento al día, todo el bloque se ve imposibilitado de postular. Por lo tanto, esta propuesta es una manera de flexibilizar adecuadamente la posibilidad de mejorar estas facultades.
Otro plus es que se avanza en facultar a las municipalidades para destinar fondos a la mantención de los bienes comunes e introduce el concepto de “proyectos integrados” que otorga beneficios urbanísticos para condominios de estas características. Muchas veces uno ve todos estos edificios y piensa en que carecen de áreas verdes, equipamiento comunitario e iluminación, pero ello ocurre porque existen trabas de carácter legal que podrían ser eliminadas con este proyecto de ley.
Todos sabemos, y nos consta, que existen una serie de dificultades que enfrentan estas familias que podrían superarse con una mejor administración comunitaria. Nosotros consideramos que es absolutamente necesario e indispensable avanzar en la tramitación de la iniciativa que ojalá pudiera transformarse en ley antes de final de año. 
Tanto en la Ley de Presupuestos del año 2011 como en el erario 2012, se avanzó en flexibilizar, por ejemplo, los requisitos para postular a proyectos de mejoramiento de bienes comunes correspondientes al Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Eso significa que ya en la discusión de esos años detectamos que era necesario introducir cambios en favor de estas familias, y creemos que ahora es el momento de hacerlo sin que sea necesario abocarse a ello en el debate presupuestario anual.
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