Propuesta Constitucional con ideas concretas y transparencia

La propuesta del Gobierno de una Nueva Constitución es algo que aún requiere mucho de explicación, porque normalmente los países que atraviesan conflictos graves: divisiones internas, guerras civiles u otras crisis institucionales, buscan y requieren efectivamente, iniciar una nueva etapa histórica con una nueva Constitución. Sin embargo, nada de eso ocurre en Chile. Por lo tanto no hay mucha claridad de por qué se requiere una nueva Constitución.

El Gobierno lo propuso en su programa y tiene el derecho de impulsarlo, sin embargo, nosotros, somos partidarios de seguir en un camino distinto, en un camino como el que se ha hecho en los últimos 25 años, a través del cual se ha cambiado muy radicalmente la constitución de 1980. Tenemos de hecho, hoy día, una nueva Constitución, con un nuevo texto, promulgada en 2005 por el Gobierno de Ricardo Lagos, quien entonces anunció que se trataba de un nuevo texto que “unía a los chilenos” y que cumplía con los cánones de la democracia en cualquier parte del mundo. Por ello, creemos que ese es el camino a seguir.

El Gobierno insiste en este proceso de una nueva Constitución, pero para que tenga viabilidad un proceso constituyente, requiere al menos dos objetivos a cumplir: primero, que garantice la participación ciudadana y segundo, que haya propuestas e ideas sobre las cuales poder debatir.

Lo primero, la participación ciudadana no está garantizada desde el punto de vista que ésta realmente pueda  serlo en forma independiente y con neutralidad, entre otras razones, porque el Gobierno ha nombrado a los facilitadores, que de acuerdo a los estudios hechos, un 82% de ellos son pertenecientes a la nueva mayoría. Nos preguntamos entonces ¿qué garantía de neutralidad puede dar un proceso que está conducido por un equipo claramente político de naturaleza ideológica y comprometida?, probablemente ninguna.

Por eso, consideramos que no es razonable participar institucionalmente en este proceso, que cada uno lo haga a su voluntad, pero creemos que nosotros como Chile Vamos o como Unión Demócrata Independiente, no debemos participar, porque estaríamos legitimando un proceso que tiene muchos vicios y que el propio Consejo de Observadores, creado por el Gobierno para conducirlo, no ha podido garantizar neutralidad. En segundo lugar, se requieren ideas, propuestas concretas para que la gente pueda debatir y como el Gobierno no lo ha hecho, es difícil llevar adelante ese proceso.

La Presidenta ha sorprendido en el último tiempo con declaraciones en las que señala que la actual Constitución tiene muchas cosas muy buenas que mantener, lo cual indicaría que la Presidenta tiene algunas ideas que no ha querido mostrar al país y eso no nos parece razonable. Creemos que aquí hay que jugar con las cartas sobre la mesa y no con ases escondidos bajo la manga.

Por lo anterior, nosotros, Chile Vamos y la Unión Demócrata Independiente, está resuelto llevar adelante su propia propuesta de manera de poder ayudar a este proceso de debate, propuestas que vamos a socializar a lo largo del país y que una vez que termine este proceso y que recojamos esta inquietud ciudadana, vamos a convertir en una iniciativa de Reforma Constitucional que presentaremos al Congreso a fines de este año, después de las elecciones municipales.

Qué ideas centrales estamos propiciando en este proceso. En primer lugar reconocer nuevos derechos fundamentales y reforzar los actuales. En ese sentido, no basta con defender el derecho a la vida, sino que hay que ir más allá, a la integridad física y psíquica de cada persona y al derecho preferente de los padres para educar a sus hijos y, por cierto, también queremos avanzar en aspectos como el trato inhumano y degradante que aún se practica en muchos lugares del país, empezando por las propias cárceles.

Queremos, también consagrar deberes del Estado para asegurar la obligación que tiene éste de desarrollar: un trato acorde con la dignidad humana, un trabajo y vejez digna, el valor fundamental de la maternidad y su protección en el caso de embarazos vulnerables y, en especial, consideración con las personas que están en estado de discapacidad, la necesidad de tener un país conectado y comunicado, y el fomento de la investigación científica y tecnológica, entre otras cosas.

Propiciamos también, la creación del defensor de las personas, materia de la que se ha hablado mucho, pero no se ha concretado y creemos que es positivo tener a una institución dedicada a recibir y apoyar a las personas en sus inquietudes normales. También propiciamos garantizar la paz social, porque el estado de inseguridad pública -el avance del terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia y la trata de personas y todo tipo de violencia-, está alterando las condiciones de vida de nuestro país.

Por otro lado, creemos que el Estado no sólo debe ser subsidiario, sino que además solidario, esto no es un cambio de concepto, sino profundizar el sentido que tiene la subsidiariedad. Muchos lo entienden como un aspecto más pasivo del Estado, en el sentido que debe retrotraerse para que las personas y la sociedad civil pueda desarrollar actividades, cuestión que es efectiva, pero al mismo tiempo, hay una cara positiva y proactiva del Estado que es que cuando le corresponde actuar, debe hacerlo, guiado por la solidaridad.

Por lo tanto, Estado solidario y Estado subsidiario son complementos de una misma idea, respecto de cómo debe ser el rol del Estado, siempre permitiendo a que las personas sean el principal promotor de la vida social, a través de sus propias instituciones y organizaciones intermedias, sin perjuicio del importante rol que tiene el Estado, para que en forma solidaria, vaya a apoyar también el desarrollo de la gente y la materialización del bien común.

Pensamos también, para fortalecer la democracia, la necesidad de asegurar la autonomía constitucional de los órganos intermedios, para asegurar que instituciones, tal como se ha hecho con el Banco Central, en otro ámbito, el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, el Sernac, la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Estadísticas, entre otros, se conviertan en órganos que no dependan de la voluntad temporal del Estado.

Por otra parte, es necesario reconocer la multiculturalidad de nuestra nación y la enorme contribución de los pueblos indígenas al desarrollo del país. También, ante amenazas que se han hecho en estos días, vale la pena ser claros y concretos, fortaleciendo y reafirmando el derecho a la propiedad como clave para una economía que permite el desarrollo de todo nuestro pueblo y así erradicar la pobreza.

Finalmente, mencionar que un aspecto clave es la descentralización, que aún no se materializa, puesto que no basta con elegir a las autoridades para que ello ocurra, sino que darles competencias, atribuciones y recursos para que se pueda desarrollar un país en forma armónica.

Conceptos claros y precisos de nuestro proyecto constitucional que esperamos someter a proceso para un debate serio y responsable.

Creemos que este es el camino que debe seguir Chile y no utilizar el proceso constituyente para desviar la atención de los procesos reales, que vive de forma cotidiana la gente. Dejemos que este proceso siga su camino y concentrémonos ahora, de aquí a entonces, en resolver las inquietudes que día a día tienen los ciudadanos y que, probablemente por este camino del proceso constituyente, el Gobierno quiere desviar la atención ante su incapacidad para resolver esa situación concreta de los ciudadanos de a pie.